El proyecto de ley de Dependencia será enviado al Congreso antes de fin
de año y después de su tramitación parlamentaria entrará en vigor en el
segundo semestre de 2006. El vicepresidente económico, Pedro Solbes,
recordó el viernes que ésta será una ley compleja de aplicar y que por
ello se abrirá el oportuno diálogo con las comunidades autónomas, pues
éstas serán, en realidad, las que se ocuparán de gestionarla.
Los principales socios del Ejecutivo no tienen todavÃa clara, de hecho,
la fórmula ideal para financiar la ley. ERC considera que el futuro
Sistema Nacional de Dependencia no debe costearse con cargo al
superávit de la Seguridad Social porque supondrÃa su descapitalización.
En cambio, IU ve con buenos ojos que en un principio el Sistema capte
recursos de las cotizaciones, hasta que sea posible incorporar su coste
a los Presupuestos Generales y, por tanto, financiarlo con impuestos.
La coalición no rechaza, incluso, la posibilidad de financiar parte del
coste mediante la creación de un impuesto finalista.
Fondo de 100 millones El fondo de 100 millones que el Gobierno ha
previsto para 2006 es independiente de la partida presupuestaria que a
partir de 2007 se creará para posibilitar su financiación. EconomÃa
prevé dedicar medio punto de PIB, alrededor de 8.500 millones de euros,
a desarrollar estas polÃticas de dependencia, más del doble de lo que
se destina ahora en capÃtulos distribuidos por diferentes
departamentos.
Esquerra Republicana hará también hincapié en sus enmiendas parciales
en la necesidad de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas
empresas a las ayudas para investigación y desarrollo. Para ello
propondrá que no se requieran nuevas certificaciones para los proyectos
que ya han sido aprobados dentro del plan nacional de investigación y
que la Administración no exija informes motivados para aquellas
actividades de I+D en proyectos que ya han recibido ayudas del citado
plan. ERC pide también la deducción Ãntegra del coste de certificación
de los proyectos realizados por las pymes.
En otro capÃtulo aparte, los republicanos propondrán al Gobierno la
reducción de cotizaciones en las empresas del textil sometidas a
reconversión.
IU consideró este viernes satisfactorio el aumento de las partidas
destinadas a los ayuntamientos como compensación por la supresión del
Impuesto de Actividades Económicas, asà como el fortalecimiento de la
ayuda oficial al desarrollo. Pero pedirá al Gobierno que en las
partidas de neto contenido social, como el fondo para la ley de
Dependencia, haga un mayor esfuerzo. También reclamará mayores recursos
para la construcción de vivienda protegida.
Tres meses para lograr el más amplio apoyo parlamentario Si el debate
sobre el Estatuto catalán no contamina la negociación presupuestaria,
muy posiblemente el Gobierno coronará con éxito la aprobación de los
Presupuestos del Estado para 2006 con un respaldo parlamentario sin
precedentes.Para conseguirlo, dispone de tres meses. Una vez que el
martes lleguen los Presupuestos al Congreso, se celebrarán durante la
segunda semana de octubre las comparecencias de los altos cargos para
explicar las distintas partidas. Para el jueves 27 de octubre está
prevista la celebración del debate de totalidad. En la segunda semana
de noviembre, se debatirán las enmiendas parciales en comisión, más
tarde en el pleno y para el 22 de diciembre se espera la aprobación
definitiva del proyecto de ley.
El PP cree que la inflación y el déficit exterior se agravarán El
responsable de EconomÃa del PP, Miguel Arias Cañete, alertó este
viernes del 'incremento desmesurado del gasto público' en el
anteproyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros. En
su opinión, esta circunstancia disparará la inflación y deteriorará aun
más el déficit exterior.El PP, que presentará una enmienda de totalidad
al proyecto de ley, denunció también que en 2006 subirá la presión
fiscal, 'por lo que el PSOE volverá a incumplir su programa
electoral'.Arias Cañete mantuvo que 'Solbes no tiene las manos libres',
pues 'ha de negociar unos Presupuestos a conveniencia de otras fuerzas polÃticas, que hacen que no tengan cohesión territorial'.
