Junto a la tristemente famosa amnistía fiscal aprobada a finales del pasado mes de marzo, el nuevo Gobierno introdujo también la posibilidad de que las empresas puedan repatriar los dividendos obtenidos de sus filiales ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación aplicando un gravamen especial del 8%, con lo que pretende recaudar en torno a 750 millones de euros.

En primer lugar cabe destacar que esta medida -de la que se beneficiarán especialmente los bancos- no es un amnistía fiscal, ya que no hace la vista gorda sobre una actividad ilegal o fraudulenta, sino que se limita a favorecer que las empresas traigan de vuelta los fondos que tienen en otros países de manera legal bajo un gravamen inferior al que normalmente se les aplicaría (el del Impuesto de Sociedades).

Se trata, por tanto, de una fórmula beneficiosa para las empresas, que -de cumplirse las previsiones del Ejecutivo- podrán repatriar unos 9.300 millones de euros de dividendos con los que sanear sus cuentas, algo especialmente necesario en el caso de las entidades financieras, como se puede comprobar estos días.

Más allá de esta medida coyuntural, los Técnicos de Hacienda consideramos necesario que estos bancos, así como el resto de empresas, proporcionen más y mejor información de la actividad que realizan sus filiales en paraísos fiscales.

Actualmente estas entidades no se encuentran sometidas a la supervisión del Banco de España, algo especialmente preocupante si tenemos en cuenta que la actual crisis económica y financiera tuvo su origen precisamente en la actividad especulativa de ciertos bancos que actuaron desde paraísos fiscales al margen de la vigilancia de las entidades reguladoras.