El alza de tipos de interés por el Banco Central Europeo, el debilitamiento de la demanda, la desestabilización de la cadena global de suministros o subida de los precios de la vivienda y el alquiler, contribuyen a proyectar una incertidum-bre sobre el comportamiento de la actividad económica y la renta disponible de millones de hogares en España.
EL EXCESO DE BENEFICIOS EMPRESARIALES CAUSA DEL AUMENTO DE LA INFLACIÓN
Pero la crisis de la inflación no solo ha estado propiciada por los efectos exteriores. En una parte muy importante la subida de los precios viene determinada por el exceso de beneficios empresariales. Las empresas han repercutido el coste de las subidas de los productos energéticos, en el precio final de los bienes y servicios, especialmente en los productos alimenticios y de primera necesidad, para mantener sus márgenes de beneficios, generando que los efectos de esta crisis estén recayendo sobre las mayorías sociales, las trabajadoras y los trabajadores, y afectando de forma grave a los segmentos más vulnerables de la población.
LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La respuesta pública para hacer frente a la subida de los precios ha sido importante, pero aún así, está mostrando importantes limitaciones para hacer frente al deterioro de
las rentas reales de millones de personas, y por tanto es necesario evaluarlas medidas implementadas y los efectos reales de las mismas, para reforzarlas y dotarlas de eficacia, pues no siempre han tenido las consecuencias deseadas. Como ejemplo, las bajadas del IVA y su efecto casi nulo sobre la contención de precios, o las dificultades para que las políticas de protección social más novedosas lleguen de manera eficiente a quienes más lo necesitan.
LA SUBIDA DE LAS PENSIONES, EL SMI y LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los sindicatos UGT y CCOO sobre pensiones y salario mínimo suponen la protección de las rentas de aproximadamente 13 millones de personas. Se ha mantenido el poder adquisitivo de más de 10 millones de personas pensionistas con un incremento del 8,5%, unida a la subida del 8% del SMI para este
año, que acumula ya una subida del 47% durante la legislatura, y mejorará la vida de alrededor de 2 millones de personas trabajadoras. Situar el Salario Mínimo Interprofesional en 15.120 euros anuales, supone instalarlo en la senda de la Carta Social Europea, es decir en el 60% del salario medio del país. Igualmente se han incrementado las prestaciones por desempleo tanto contributivas como asistenciales. Este conjunto de medidas ha contribuido de forma decidida a luchar contra la pobreza y la desigualdad social, y ha reducido la brecha salarial de género.
DESARROLLAR Y FORTALECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL V AENC
Durante, la inflación, aunque se modere, va a seguir siendo alta. La subyacente o estructural será prevé que sea superior a la general, lo que denota la importancia decisiva que está teniendo la imputación de costes por parte de las empresas, a los precios al consumo. Por tanto, para los sindicatos la apuesta por los incrementos salariales es la reivindicación central en la negociación colectiva. Necesitamos salarios decentes que crezcan en parámetros equivalentes a la inflación, garantizando el poder de compra. Para ello, la cláusula de garantía salarial es imprescindible. Son miles los convenios que hay que negociar en 2023 y vamos a tratar de hacerlo bajo el paraguas del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Un acuerdo en el ámbito bipartito que debe de servir, no solo para orientar los incrementos salariales, sino también para desarrollar los contenidos de la reforma laboral del 2021 y abordar los impactos y los retos que suponen las transiciones y tomar medidas que garanticen un desarrollo justo de las mismas, prevenir los impactos en el empleo y apostar por un nuevo modelo económico más sostenible.
CCOO y UGT vamos a negociar con el objetivo de conseguir el acuerdo, pero a la vez hemos lanzado la negociación de los convenios colectivos, con la implicación directa de las personas afectadas y con la necesaria combinación del binomio negociación- movilización. La negociación no se puede demorar sine die. La actitud dilatoria de la CEOE no es tolerable. Si no se alcanza un acuerdo, se estará enterrando una herramienta que ha sido muy útil para desarrollar los procesos de negociación colectiva en un país como España, con múltiples unidades negociales. El cortoplacismo y la avaricia patronal pueden finiquitar un instrumento singular en nuestro país y con pocas referencias similares en el contexto europeo.
SALARIO O CONFLICTO
La campaña Salario o conflicto desa- rrol-lada durante 2022 dio buenos resultados y debe de seguir adelante. En aquellos sectores donde hay organización sindical, cultura negocial, vínculo de la clase trabajadora al convenio, y se fomenta la participación directa de las trabajadoras y los trabajadores en los procesos de negociación y, llegado el caso, de movilización, los convenios colectivos han sido mejores. Han mantenido el poder adquisitivo y han sentado las bases para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales, revitalizando a su vez el papel de la negociación colectiva. Tenemos un reto por delante y vamos a por él. Si la clase empresarial no se sienta en las mesas de negociación con propuestas realistas, que recuperen el poder de compra de los salarios, se incrementará el conflicto y serán los únicos responsables.
EL EMPLEO, OBJETIVO SINDICAL
La reforma laboral acordada a finales de 2021 está contribuyendo de manera palpable a la mejora de los derechos de las personas trabajadoras. De una forma relevante en materia de empleo, tanto en su creación -superando los 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social-como en su calidad, poniendo freno a la histórica temporalidad abusiva que venía siendo la seña de identidad de nuestro mercado de trabajo. En solo un año la temporalidad se ha reducido un 7'5% (según datos de la EPA han pasado del 25,4 al 17,9%), la contratación indefinida ha pasado de una media mensual en torno al 10 % a situarse en torno al 46,8%. Se mejora el empleo de las personas más afectadas por la precariedad, como son los jóvenes y las mujeres. La reforma laboral está dando sus frutos y hay que seguir trabajando en esta línea. Para ello, es necesario aumentar de forma importante las plantillas de la Inspección de trabajo para situarla en los niveles de las ratios europeas; igualmente es preciso reforzar los servicios públicos de empleo y las políticas activas para hacer frente al problema del paro que, aunque se ha reducido en los últimos años, seguimos teniendo casi tres millones de personas que no encuentran un empleo y ese sigue siendo el principal problema del país.
CONSTRUIMOS UN FUTURO CON PENSIONES GARANTIZADAS
Los acuerdos de reforma de la Seguridad Social vienen a garantizar la revalorización de las pensiones en base a la inflación media, derogando la reforma del PP que, de facto, limitaba los incrementos de las pensiones al 0.25%. De haberse mantenido hubiera sido letal en 2022 y 2023 por las altas tasas de inflación. Pero las reformas pactadas también garantizan el futuro de las pensiones a través de la aportación de ingresos que refuerzan su suficiencia y sostenibilidad. Abordamos el doble reto de la evolución demográfica y la incorporación a la jubilación de la generación del baby boom. Y lo hacemos otorgando más protección y generando más certezas a las personas pensionistas, actuales y futuras. Sin perder nada del carácter contributivo del sistema, reforzamos su vertiente redis-tributiva, reduciendo la brecha de género y reforzando legalmente el papel del Estado como garante financiero del sistema. Estos acuerdos, junto con la reforma laboral, suponen recuperar y mejorar los derechos que los gobiernos conservadores con sus políticas de austeridad, eliminaron, tanto para las personas activas como para quienes son pensionistas.
EL COSTE DEL DESPIDO EN ESPAÑA
La firma por parte de España en 2021 de la Carta Social Europea, que es de obligado cumplimiento, obliga a proteger el empleo. En nuestro país aún es demasiado fácil y barato despedir. Tenemos que avanzar hacia un coste del despido suficientemente d¡suasorio, justo y adecuado a las circunstancias sociales, vitales y de re-empleabili-dad de las personas víctimas de decisiones injustas, de acuerdo con la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales.
ANTE EL NUEVO CICLO ELECTORAL. NO ES LO MISMO QUIEN GOBIERNE
Estamos en un año electoral con elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales a partir de noviembre. Finaliza un periodo del primer gobierno de coalición progresista de nuestra historia reciente, con unos resultados muy positivos en materia laboral y social. Se ha fortalecido el diálogo y la concertación social como forma de afrontar los cambios que se producen en el mercado de trabajo y, con ello, las relaciones laborales y las políticas sociales. Seis acuerdos en defensa del empleo para hacer frente a la situación inédita que originó la COVID-19, las subidas del SMI, laboralización de los riders, la ley del teletrabajo, la nueva regulación de las relaciones laborales para quienes prestan servicios en el ámbito del hogar familiar, con el reconocimiento del derecho a las prestaciones por desempleo; el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad entre mujeres y hombres y el registro salarial en las empresas, medidas necesarias para acabar con las desigualdades en el mercado de trabajo y con la brecha salarial; resaltando las dos grandes reforma: la reforma laboral y la reforma de la Seguridad Social y las medidas sociales y económicas tomadas para afrontar las crisis vividas. Seguir construyendo en esa dirección, depende mucho del resultado de estos procesos electorales. Las personas trabajadoras nos jugamos el seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida y de nuestros derechos laborales y sociales, o poner en riesgo todo lo conseguido hasta ahora. Desde CCOO y UGT apostamos por seguir fortaleciendo las políticas sociales, los servicios públicos, la mejora de la sanidad y la enseñanza pública; por el derecho a una vivienda digna, cumpliendo con el mandato constitucional; por las políticas de cuidados y de dependencia como un derecho de ciudadanía; por el empleo de calidad y por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; Para seguir avanzando en los derechos de todos los colectivos, LGTBI, personas migrantes o con discapacidad, por vivir la diversidad y la pluralidad sin ninguna discriminación ni social ni laboral; por la solidaridad y la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Instamos a la ciudadanía a participar masivamente en los procesos electorales y a apoyar las propuestas de progreso, que apuesten por la profundización democrática, el refuerzo de los servicios públicos, la fiscalidad suficiente y progresiva, la igualdad como condición de ejercicio de la libertad, los salarios dignos y el empleo de calidad. El riesgo reaccionario está más presente en la sociedad española que nunca desde la transición a la democracia, y nuestro país no puede retroceder. Tenemos que continuar avanzando en derechos, libertades y dignidad para que las mayorías sociales vivamos mejor.
