1. Se ratificaron dos acuerdos previamente cerrados, uno referido a la
habilitación de funcionarios técnicos de las Comunidades Autónomas para
desempeñar funciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social en la vigilancia y control de la normativa de prevención de
riesgos laborales, y otro referido a la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales. Lo que se ha acordado en este último ha sido, por una parte,
garantizar a la Fundación una financiación de 24 millones de euros para el año
2005, y por otra definir el futuro de la misma previa evaluación, análisis y
diagnóstico de su actuación, durante el indicado año.
2. Se cerró un calendario para concluir la negociación de los dos temas que
todavÃa quedarÃan pendientes:
- Se fijó el dÃa
30 de mayo para cerrar la negociación de la modificación del Reglamento de los
Servicios de Prevención; en la reunión se distribuyó un texto del indicado
proyecto normativo preparado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Se fijó el 30 de
junio para cerrar la negociación de la nueva lista de enfermedades profesionales
y del procedimiento de declaración, notificación y registro de las mismas. La
necesidad de disponer de una nueva lista de enfermedades profesionales es
evidente ya que la que esta vigente data del año 1978.
3. Por último, se alcanzaron dos acuerdos con los que se abre una nueva etapa de diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales, en la que se pretende dar un impulso a la polÃtica de seguridad y salud en el trabajo a partir de nuevas orientaciones y sobre nuevas bases. Son los siguientes:
- Impulsar, desde
la Mesa de Diálogo Social de Prevención de Riesgos Laborales, una estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo que esté en concordancia con la
estrategia europea y coordinada con los planes de acción de las Comunidades
Autónomas, se elabore a partir de un enfoque global e integrado de las polÃticas
de seguridad y salud en el trabajo y se oriente a la consecución de resultados,
y además que sea capaz de generar el máximo consenso polÃtico e institucional.
La elaboración de esta estrategia debe contar con la máxima implicación de las
Comunidades Autónomas.
- Impulsar, con carácter urgente, la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para dotar al mismo de una estructura organizativa y funcional acorde con la misión y responsabilidades que le encomienda la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de un nivel adecuado de recursos humanos y materiales, que garantice el desarrollo eficaz de dicha misión y responsabilidades. La Administración se ha comprometido a presentar en la Mesa, antes del 30 de abril, un proyecto de reforma del Instituto.
