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Declaración de los representantes laborales de CCOO y de candidaturas sociales de impositores de las cajas de ahorro

El mayor ciclo de crecimiento de la economía mundial y de la española, ha tocado a su fin.


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Los acontecimientos de este “septiembre negro” sobre la economía española, tras catorce años de crecimiento económico, han evidenciado la debilidad estructural de la base en que estaba cimentado: la construcción, el mercado inmobiliario y el consumo.

En un entorno de tipos excepcionalmente bajos, por debajo incluso de la inflación, en los últimos años del período, la denominada “burbuja inmobiliaria” alcanzó niveles preocupantes que contribuyeron a alimentar la ficción sobre la existencia de una liquidez ilimitada.

El efecto que ha tenido la caída del paradigma norteamericano de banca, que cubría los agujeros prudenciales de medición del riesgo, la no regulación y la no supervisión con productos estructurados que “cubrían/diseminaban” hipotecas subprime, han terminado por dejarnos sin la pista para el suave aterrizaje que se esperaba.

El sistema financiero mundial habrá de adaptarse a los nuevos tiempos que se preparan, y que se caracterizarán en líneas generales por una notable reducción de la liquidez, menores beneficios, menos desintermediación, mayor dificultad para acceder a los mercados de capitales y una búsqueda de la eficiencia a través del control de costes. Las empresas y los particulares sufrirán una notable restricción del crédito y un incremento de los costes de financiación.

Para aprender de las lecciones del pasado, será indispensable el fortalecimiento del papel de la supervisión prudencial y su coordinación y aplicación en ámbitos superiores incluso a cada uno de los Estados.

Un buen momento para reajustar los perfiles de la supervisión prudencial será la reforma que, próximamente, afectará al Banco de España y a la CNMV y que requeriría del máximo consenso político y social, reforma en la que deben ser escuchados también los usuarios y los trabajadores del sector.
El papel del Banco de España, sin menoscabo del recogido en los estatutos de autonomía respecto de las Cajas de Ahorro, debe ser el mismo que ejerce con Bancos y Cajas Rurales, garantizando la unidad de supervisión.

La combinación de autonomía en la gestión y de supervisión, ha dado, como resultado en España, un sector con una solvencia y solidez suficientes como para afrontar las dificultades sin problemas estructurales.

En este contexto exigimos el respeto a la autonomía de los órganos gestores de las cajas de ahorro en sus decisiones de negocio y en las referidas a las fórmulas de colaboración y/o redimensionamiento que estimen más adecuadas, en concreto en materia de fusiones tanto las intraterritoriales como las interterritoriales.

Ante cualquiera de esos procesos, como representantes laborales y de candidaturas sociales de impositores, demandaremos con carácter previo garantías sociales, económicas y laborales.

Las Cajas de Ahorro han sido depositarias de la confianza de la sociedad y han devuelto esa confianza a través de su obra social y la inclusión financiera de las capas más desfavorecidas. Esa es su Función Social, la que se deriva de su naturaleza jurídica.

La situación actual requiere que las Cajas, en particular, y el sistema financiero, en general, cumplan con su principal responsabilidad social: dotar de crédito a la economía. Y a este objetivo se deben encaminar todos los esfuerzos públicos y privados.

En Madrid a 8 de octubre de 2008

Comfia CCOO

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