Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos entregaron ayer en el Banco de España el documento elaborado por la consultora KPMG con la colaboración de los técnicos de las tres entidades que determina la viabilidad técnica de una fusión de las tres entidades para formar una nueva caja, la sexta por activos en el conjunto de las españolas.

El documento tiene, indicaron fuentes que han participado en el proceso de fusión, lagunas no en el ámbito técnico, donde prácticamente todo está cerrado, sino en el de la toma de decisiones de política empresarial. De forma que la iniciativa acude para recibir el visto bueno del Banco de España sin que todavía se hayan cerrado aspectos como el nombre de la futura entidad, las sedes sociales de la misma, quién será su presidente, o su director general, ni siquiera de qué forma serán designados los integrantes de un consejo de administración mucho más amplio del que ahora tienen cada una de las tres cajas que participan en esta iniciativa.

La presentación fue confirmada ayer por el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, quien puntualizó que se trata de una propuesta de fusión o de integración que deberá ser decidida por el regulador del mercado bancario. Sin embargo, las fuentes matizaron que la documentación elevada al Banco de España «es sobre todo una declaración de intenciones» sobre cómo será la entidad fusionada, «con algunas cuestiones técnicas de difícil definición por su carácter contractual» especificaron y sobre todo «con nada decidido en lo relativo a las personas», apuntaron. Falta por señalar todo lo que representará acuerdo político, como es la polémica sobre dónde estarán las sedes o quienes van a ser consejeros de la nueva caja.

Mayor eficiencia

El documento llega al Banco de España pocos días después de que el regulador diera un plazo a las tres entidades, que finaliza el 10 de noviembre próximo, para convocar sus respectivos consejos de administración y comenzar la toma de decisiones «que mejoren la eficiencia y la competitividad» de estas corporaciones, apuntaron las fuentes.

La documentación recoge tanto las condiciones de la fusión como la ayuda que necesitará del Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancario (FROB), calculada en torno a los 830 millones de euros, una cifra que los técnicos confían en devolver al Estado «en un plazo de tres años», aseguraron. De esta forma, el proyecto entregado «define los criterios que permitirán un saneamiento del sistema», que supone el cierre de oficinas y la eliminación de un excedente de plantilla calculado en torno al 20% de la actual cifra de empleados. «Pero debe quedar claro que son sólo las cifras que se barajan en el sector, que estas medidas se pondrán en marcha una vez que la nueva dirección de la entidad defina si se utilizan esos criterios u otros», agregaron.

Otras instancias

Para las fuentes que han seguido el proceso, las cuestiones pendientes requieren «de una solución política que se escapa tanto a los actuales directores generales de las entidades como también a los presidentes de las mismas. Pero el trabajo que se ha realizado hasta aquí es válido», argumentaron. Al igual que hizo Fermoso por la tarde, las fuentes puntualizaron que entre las cosas pendientes de negociar ahora está el el plan laboral que deberá determinar no sólo los excedentes de la plantilla, sino también de qué forma se reducirá la misma en los próximos años, presumiblemente con bajas incentivadas y prejubilaciones.