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Fundiniciativas afirma que el SIP es ilegal e inconstitucional
SIP CAI, CAJA INSULAR Y CAJA RIOJA
Considera que cualquier impugnación paralizaría la fusión virtual en CAI.
"El Sistema Institucional de Protección (SIP) que pretende llevar a cabo la CAI es ilegal e inconstitucional". Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Fundación de Iniciativas Económicas, Sociales y Políticas de Aragón (Fundiniciativas), César Ciriano, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Zaragoza. Y es que, en opinión de Ciriano, esta fórmula no tiene cobertura jurídica y, además, "rompe" el marco que regula la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA). "A diferencia de lo que ocurre con las fusiones, el SIP no cuenta con una ley que explique qué es ni cómo se aprueba", insiste Ciriano.
Es por eso que el presidente de Fundiniciativas está convencido de que cualquier impugnación ante un tribunal podría echar por tierra el proceso. Los trabajadores de CAI ya han advertido que acudirán a la justicia, así que, de confirmarse las previsiones de Cipriano, el SIP no lo tendrá tan fácil para salir adelante. "Si la DGA no paraliza la operación se podría interponer un recurso contencioso administrativo, que, según nos dicen varios juristas, tendría muchos números para ser efectivo", explicó.
Respecto a las "negativas" consecuencias que la fusión virtual podría acarrear a CAI, Cipriano fue muy rotundo ya que aseguró que sería la "antesala de una privatización". "Se perdería la naturaleza jurídica de la caja", subrayó. De hecho, no son pocos los expertos que aseguran que el SIP puede ser un primer paso para convertir las cajas en unas sociedades anónimas, que, en un futuro, podrían ser adquiridas por los bancos. "Creemos que detrás de estas operaciones se esconden los intereses de los grandes grupos bancarios españoles", recalcó el presidente de Fundiniciativas.
CRÍTICAS A LA DGA Por todo ello, Cipriano mostró su apoyo a la plantilla y al comité de CAI, al que animó a seguir recurriendo a las medidas que tengan a su alcance para evitar la alianza financiera entre CAI, Caja Rioja y Caja de Canarias.
Al mismo tiempo, el doctor en Derecho criticó la actitud del Gobierno de Aragón porque, dijo, "le ha faltado reflejos en este asunto". "Creemos que debería haber actuado antes. Sin intervenir, pero dirigiendo la política a seguir en toda la operación porque está en juego el futuro de la segunda caja aragonesa y de la cuarta empresa de Aragón", concluyó Cipriano.
FUENTE: El Periódico de Aragón - R. López
