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Los nuevos retos de la fusión de cajas

Editorial

La fusión de Caja España y Caja Duero ha superado su fase crítica tras los acuerdos de ambos consejos de administración, pero ahora se enfrenta a otro problema nada desdeñable, como es el de la reducción de personal y oficinas, en el que la distancia entre las posturas sindicales y las de los directivos es en estos momentos muy grande, ya que en las prejubilaciones acordadas los sindicatos exigen el 90% del sueldo y las cajas ofrecen el 75%.


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La fusión de Caja España y Caja Duero ha superado su fase crítica tras los acuerdos de ambos consejos de administración, pero ahora se enfrenta a otro problema nada desdeñable, como es el de la reducción de personal y oficinas, en el que la distancia entre las posturas sindicales y las de los directivos es en estos momentos muy grande, ya que en las prejubilaciones acordadas los sindicatos exigen el 90% del sueldo y las cajas ofrecen el 75%. Por si fuera poco, el empresariado de Valladolid, jaleado por su alcalde, ha realizado duras manifestaciones en los últimos días contra la fusión, al considerar que Valladolid no se considera representado en la nueva caja y, lo que es más grave, insinuando que podrían dejar de trabajar con ella, lo que ha provocado la lógica respuesta por parte del Ayuntamiento y la Diputación de León, integrantes del Consejo de Administración de Caja España. Hay que reconocer que los negociadores de la fusión fueron poco hábiles a la hora de presentarla como un acuerdo de vinculación autonómica y focalizar todo el debate entre León y Salamanca, pero los empresarios de Valladolid, hasta ahora plenamente satisfechos con el funcionamiento de ambas cajas por separado, no deberían abrir un peligroso frente contra la nueva Caja España, porque sería un obstáculo casi insalvable de cara a la difícil integración territorial de la comunidad, ya bastante deteriorada. Nuevamente deberán ser el presidente Herrera y el secretario del PSOE, Oscar López, los que acudan a echar agua al fuego, a pesar de que fueron las propias cajas las que dejaron de lado su proyecto de integración. En cuanto al coste salarial de la fusión, los sindicatos deben tener en cuenta que su postura difícilmente será aceptada por el Banco de España, que busca la máxima rentabilidad para el dinero del Frob. La nueva caja piensa pedir al Banco de España hasta 562 millones de euros, que deberán devolver con intereses en cinco años, con dos más de prórroga. Si este dinero se utilizase solamente para reducir personal con condiciones muy discriminatorias para el resto de la ciudadanía, como son unas prejubilaciones exageradas, no quedaría dinero suficiente para preparar a la nueva caja para los nuevos retos de competitividad, algo que seguramente el Banco de España no admitiría. Los directivos de las cajas también deben tener en cuenta que el Banco de España también fiscalizará ahora su trabajo y que está ya preparando a gestores para la nueva etapa.
La Crónica de León

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