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Las cajas tienen previsto votar la fusión en los consejos en un mes

Calendario. El siguiente paso será la celebración de las asambleas, a finales de marzo o la segunda semana de abril.

El panorama de la fusión financiera entre Caja Duero y Caja España se va despejando a medida que avanzan los días, tras los nubarrones que cubrieron las negociaciones a principios de año por las exigencias de la Unión Europea para enmendar el plan de negocio elaborado por la consultora externa, que ya había perfilado la viabilidad del proyecto.


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El panorama de la fusión financiera entre Caja Duero y Caja España se va despejando a medida que avanzan los días, tras los nubarrones que cubrieron las negociaciones a principios de año por las exigencias de la Unión Europea para enmendar el plan de negocio elaborado por la consultora externa, que ya había perfilado la viabilidad del proyecto.

La obligación de incluir en el estudio las cuentas auditadas de cada entidad de ahorro a cierre del ejercicio de 2009, entre otras parámetros, suspendió el calendario establecido y conocido como hoja de ruta, que finalizaba en junio, hasta enderezar el rumbo y retomar la velocidad de crucero con los ajustes correspondientes para acceder a las ayudas bancarias (FROB). En la sucesión de etapas para materializar un acuerdo definitivo, como filtros espaciados en unos cinco meses, sobresalía en primer término la celebración de consejos de administración simultáneos durante el mes de febrero para votar el documento final, que tendrá que incluir el plan de negocio detallado, el pacto laboral y las ayudas públicas solicitadas (562 millones, a priori, aunque la cantidad final no distará en demasía).

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Desde el aviso de Bruselas, los equipos técnicos y directores generales de Caja Duero y Caja España han mantenido la periodicidad de encuentros con responsables de la consultora externa KPMG para retocar el estudio de negocio. De esta manera, las entidades planean ya celebrar esa cita a finales de febrero o inicios del mes de marzo, sin arrastrar de esta forma una demora sustancial, así es que el desarrollo de las asambleas generales –considerando que los máximos órganos de gobierno conceden el parabién a la fusión, como resulta evidente tras la votación del preacuerdo– será un mes después, a final de marzo o en la segunda semana de abril (la Semana Santa puede condicionar la fecha definitiva).

Mientras, los consejos de ambas entidades de crédito se reúnen mañana en sesión ordinaria. En el caso de Caja Duero, los miembros analizarán el avance de los resultados a 31 de diciembre de 2009, aunque aún falta el informe auditado, amén de escuchar en boca del presidente y director general la evolución de los acontecimientos desde que aprobaran por mayoría (tres votos en contra y dos condicionados) sentar las bases de la unión financiera (el 5 de enero), es decir los pormenores de las recientes exigencias del regulador bancario.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, confirmó la semana pasada que la Comisión Europea limita las ayudas públicas que podrán recibir las cajas de ahorros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al 2% de los activos ponderados por riesgo, porcentaje que cumplen Caja Duero y Caja España porque nunca han planteado rebasarlo para recibir una suma necesaria para garantizar la viabilidad del proyecto de fusión. Además, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, tiene intención de aprobar las ayudas públicas antes de abandonar su actual cargo el 9 de febrero.

El Banco de España hace un llamamiento para evitar demoras “innecesarias” en las fusiones
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apela a la responsabilidad de quienes, “de una manera u otra, están implicados” en las operaciones de reestructuración de entidades financieras para que “no retrasen de manera innecesaria su conclusión”.

A su juicio, “ese tiempo perdido podría acabar perjudicando el flujo de crédito a las empresas y familias en su zona”. Fernández Ordóñez cree que la tarea del Banco de España en “estos casos preventivos de la ayuda bancaria (FROB)” es la de asegurar que estas operaciones “den lugar a entidades sólidas y “usar los menores recursos públicos posibles”, según informa la agencia Efe.
“El Banco de España está obligado a analizar los proyectos para aprobar sólo aquellos que den lugar a nuevas entidades sólidas”, asegura para incidir en que esta “solidez” viene “exigida” por “dos razones que el Parlamento español ha transmitido claramente”. De esta manera se refiere, por un lado, a que los contribuyentes de toda España van a “poner en riesgo” recursos “muy considerables”, lo que requiere, a su juicio, “asegurarse que las entidades resultantes los podrán devolver”.

En este sentido, resalta que los contribuyentes “no entenderían” que “luego se utilizaran sus impuestos para sufragar proyectos que fracasen o no puedan devolver todo el dinero público facilitado”.

Por otro lado, el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, incide en sus declaraciones en que la reforma laboral y la política de consolidación presupuestaria “son las dos reformas más necesarias y urgentes” en el país y subraya también la “necesidad” de recuperar un nivel de ingresos públicos que “mantenga el estado de bienestar o la situación del sistema financiero” en el futuro inmediato.
ALEJANDRO R. L. Tribuna de Salamanca

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