Régimen de adelgazamiento en las cajas

Las entidades deberán acometer desinversiones, sobre todo en inmobiliarias, si quieren acceder al fondo de rescate

Este artículo se publicó originalmente en () ,

Hubo un tiempo en que las cajas de ahorros llenaron de joyas el cofre de los tesoros, toda una colección de participaciones empresariales que convirtieron a las entidades en los inversores más poderosos del mercado español. Eran los tiempos en que los bajos tipos de interés y el estrechamiento de los márgenes del negocio tradicional obligaban a las cajas a pescar beneficios en otros caladeros, y vaya si los encontraron. Era la época de la bonanza económica y las plusvalías llovían a mansalva.
Esos tiempos pasaron. Ahora, abocadas a toda clase de procesos de fusión, integración, alianza y hasta SIP (Sistema Institucional de Protección) por la necesidad de sanear sus maltrechas cuentas, no pocas cajas españolas se ven en la necesidad de vender sus participaciones industriales para reforzar sus balances.
Las dos grandes cajas de ahorros de Castilla y León, en pleno proceso de fusión, acumulan una cartera industrial conjunta que roza los dos mil millones de euros, concretamente 1.904 millones, según los últimos datos disponibles. Caja Duero es la entidad con el mayor portafolio de sociedades. Su grupo incluye alrededor de 140 empresas participadas, con una inversión a valor de adquisición de 1.200 millones y unas plusvalías que superan los 100 millones, según datos de septiembre del 2009. Caja España, por su parte, tenía una inversión en el grupo de empresas participadas de 704,3 millones de euros, de acuerdo con los datos reseñados en su memoria del cierre del 2008, la última aportada por la entidad. En total, la entidad con sede en León participa en el accionariado de unas 43 empresas, a fecha del pasado enero, de modo que la suma de las carteras industriales de las dos cajas superará las 180 empresas participadas.
Pese a que la tendencia general en el sector es la de desinvertir -más de mil millones el año pasado-, las dos entidades castellanas y leonesas aún no se han sumado a esta corriente vendedora, que con toda seguridad deberán considerar porque es uno de los 'peajes' que impone la fusión. En los últimos años, Caja Duero optó por mantener las compras de participaciones y en los datos económicos de la entidad figura que durante el 2008 se realizaron inversiones por un valor superior a los 160 millones de euros, mientras que se vendieron participaciones por más de 40 millones. Mientras, Caja España también continuó su expansión en este terreno y pasó de los 589,3 millones del 2007 a los 704,3 millones del 2008, un avance del 19%.
Este 'músculo industrial' está destinado a adelgazar. De hecho, el consejo de administración de la entidad salmantina admitió a finales del pasado año que la crisis económica había llevado a las empresas donde tiene participación a una situación «muy complicada» y dejó caer que tomaría en consideración la venta de aquellas empresas para las que encontrara comprador. «En cuanto surjan oportunidades de vender en buenas condiciones se va a salir de esos accionariados, porque el consejo tiene claro que la entidad no gestiona empresas», señalaron por entonces fuentes del órgano de gobierno. Pero la salida no resulta tan fácil como la entrada si se quieren evitar los negocios ruinosos.
Las dos entidades tienen previsto solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en torno a 550 millones de euros y, para obtenerlos, deberán acometer fuertes desinversiones, sobre todo en sus participaciones en empresas inmobiliarias, al objeto de cumplir con los requisitos impuestos por el Banco de España. La función supervisora de la institución está alcanzando su máxima expresión no sólo en el proceso de fusión de las cajas castellanas y leonesas, sino en todos los abiertos en el sector.
Las ayudas del llamado fondo de rescate, que deberán devolverse en cinco años, se entregarán además con la condición de que los beneficiarios presenten un plan de reestructuración de los grupos resultantes. Las cajas que se fusionen deberán, además, mejorar su eficiencia «para alcanzar unos niveles que se adecuen a los estándares de la media de las 15 entidades más competitivas del sector».
La Unión Europea también ha sembrado el camino del FROB con más condicionantes. En enero, el Ejecutivo comunitario puso límite a las ayudas públicas que podrán recibir las cajas de ahorros del Fondo y lo fijó en «el 2% de los activos ponderados por riesgo», aunque puntualizó que habrá excepciones para las fusiones que requieran más capital; eso sí, previa notificación a Bruselas y con un plan de reestructuración adjunto. Cuando en la jerga del sector alguien habla de 'activos de riesgo', en realidad quiere decir 'inmobiliarios'.
Aunque las entidades no proporcionan información pormenorizada sobre el volumen de capital comprometido en cada una de las sociedades inmobiliarias en las que participan, un simple vistazo al listado general proporciona una idea de su trascendencia en los balances de las dos entidades. Hasta en 16 firmas del sector inmobiliario tenía capital invertido Caja España de acuerdo con la última memoria difundida, lo que supone el 20% del total de su cartera industrial, es decir, unos 140 millones de euros. En su memoria del 2008, Caja Duero reseñaba participaciones en otras 16 inmobiliarias, con cuotas que iban del 2,5% hasta el 50%.
Dudas sobre el fondo
A la tardanza en la puesta en marcha del fondo de rescate, que mantiene paralizadas las fusiones de las cajas catalanas, las que más adelantadas iban, se han ido uniendo nuevos aspectos que lo ponen en la picota hasta el punto de amenazar su puesta en marcha. Por un lado, el Banco de España desearía que acudieran a solicitar ayudas el menor número de entidades posible, para no agravar el déficit público. Por otro, las cajas son cada vez más reticentes a acudir a él por el coste en despidos e intereses.
Más aún, el precio del dinero del FROB, del 7,75% anual, y el plazo de devolución, un máximo de cinco años, llevaron la pasada semana al presidente de la CECA a desaconsejar a las cajas su solicitud y a sugerirles otras alternativas, como la venta de activos. «Siempre les digo a mis asociados que cuidado con el FROB porque el dinero hay que devolverlo, con la situación económica en que nos encontramos», dijo. Juan Ramón Quintás advirtió también de que «no se va a conseguir reanimar el crédito con un instrumento que da crédito al 7%, sí luego los bancos y cajas sólo pueden prestar al 3%».
La venta de las participaciones industriales está en sintonía con las sugerencias de otros bancos centrales europeos a las entidades financieras para que reduzcan su tamaño. Sin embargo, los dirigentes de las cajas se muestran reticentes a acometer estas desinversiones debido al temor que tienen a anotarse minusvalías y también a la resistencia de los ejecutivos autonómicos a renunciar al poder político y económico que otorgan las participaciones.
Inversiones estratégicas
Precisamente estos días se cumplen doce años de la entrada de las cajas de ahorros de la comunidad en el capital de la entonces denominada Azucarera Ebro Agrícolas, a través de la Sociedad de Inversiones Estratégicas. Aquel fue el primer intento de una Junta que por entonces presidía Juan José Lucas de incentivar a las entidades a participar en el accionariado de empresas consideradas de especial interés para Castilla y León. También fue el inicio de una polémica aventura empresarial sobre la que no pocos se han encargado de recordar periódicamente -cada vez que se cierra una azucarera, por ejemplo- que los únicos beneficios que ha reportado a la comunidad autónoma han sido los que haya dejado en la cuenta de resultados de las entidades.
Las sucesivas fusiones y ampliaciones que dieron lugar a la actual Ebro Puleva fueron diluyendo el 20% del capital con el que inicialmente se hicieron las cajas de la región. Además, las entidades pequeñas abandonaron el accionariado del primer grupo agroalimentario español y, en la actualidad, sólo Caja España y Caja Duero mantienen su inversión. La cuota agregada representará un significativo 11,3%, sólo por detrás del 15,72%% que controla la familia del presidente de la compañía, Antonio Hernández Callejas, mediante la sociedad Instituto Hispánico del Arroz.
También esta semana se han cumplido seis años de la entrada de las cajas de la región en el capital de la eléctrica Iberdrola, donde juntas Caja España y Caja Duero poseerán el 1,15%, con lo que se convertirán en el séptimo mayor accionista.
Por otro lado, la suma de las dos grandes entidades de ahorro castellanas y leonesas otorgará al grupo resultante la mayoría absoluta (con más del 65%) en el accionariado de Madrigal Participaciones, la sociedad de capital riesgo constituida a instancias de la Junta por las seis cajas de la comunidad. Madrigal posee participaciones que rondan o superan el 20% en empresas como Supermercados El Árbol, Grupo Siro o Aciturri Aeronáutica.

El Norte de Castilla