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Caja Duero condiciona la fusión a que el presidente no sea ejecutivo
Caja España pretende arrebatar en los estatutos el poder al director general de la entidad salmantina.
El dilatado proceso de fusión financiera entre Caja Duero y Caja España conoce una nueva dimensión, tras el pronunciamiento del consejo de administración de la entidad salmantina sobre la necesidad (es imprescindible) de conocer el nombre del director general de la nueva entidad cuando se proceda a votar el documento definitivo en los órganos de gobierno de ambas entidades de crédito, amén de los miembros del equipo directivo de primer nivel.
El dilatado proceso de fusión financiera entre Caja Duero y Caja España conoce una nueva dimensión, tras el pronunciamiento del consejo de administración de la entidad salmantina sobre la necesidad (es imprescindible) de conocer el nombre del director general de la nueva entidad cuando se proceda a votar el documento definitivo en los órganos de gobierno de ambas entidades de crédito, amén de los miembros del equipo directivo de primer nivel.
La pretensión de Caja Duero, expresada en un comunicado oficial, surge como consecuencia de las graves divergencias recientes con su compañero de viaje por cuestiones conceptuales y logísticas para articular el funcionamiento de la entidad resultante en los primeros años, aún en el aire tras el preacuerdo suscrito tras dos jornadas consecutivas a comienzos de enero (días 3 y 4).
En las últimas fechas Caja Duero ha enviado un documento a Caja España para advertirle del cumplimiento de una serie de pautas so pena de romper la negociación, como, principalmente, que el futuro presidente no será ejecutivo (la entidad con sede en León propondrá este cargo, aunque debe gozar de consenso), además de que la asamblea general se reunirá de manera alternativa en Salamanca y León, al igual que el consejo de administración y otros órganos de poder como la comisión ejecutiva.
Mientras, miembros de Caja España ayer celebró una sesión ordinaria del consejo de administración consideran que hasta ahora no se había pactado ningún protocolo de funcionamiento y organización.
Por la mañana, en las horas previas a la celebración de ambas reuniones de los máximos órganos de gobierno, la comisión ejecutiva de Caja Duero (integrada por ocho miembros del consejo: Julio Fermoso, Lucas Hernández, Isaías García Monge, Gerardo Pastor, Fernando Rodríguez, Víctor Pedraz, Antonio Muñoz y Juan Antonio Martín Mesonero) mantuvo un encuentro rutinario que sirvió para cerrar filas ante la amenaza que entienden presenta su aliado por la pretensión de otorgar en los estatutos de la futura caja todo el poder al presidente, que desempeñará sus funciones desde León, donde se ubicará la sede social de la entidad, relegando de esta manera al director general, que desde un primer momento tendría plenos poderes ejecutivos y que gestionaría los designios de la nueva caja desde Salamanca.
Caja Duero presentó el 5 de enero el contenido del preacuerdo alcanzado (con el voto en contra de tres miembros del consejo) en el conocido como Pacto de Tordesillas, en el que anunció las principales pautas que ahora observa cómo se desvirtúan por las intenciones de Caja España en el momento de plasmar el acuerdo en los estatutos, que contempla con buenos ojos la posibilidad que brinda la Ley de Cajas para que los presidentas puedan ostentar el control.
Mientras, las conversaciones para retornar a la mesa de negociación del pacto laboral siguen, aunque las cajas no han convocado a los sindicatos tras romper las gestiones también por graves diferencias.
Tribuna de Salamanca
