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Las Cortes prorrogan el mandato de Lucas Hernández hasta los 70 años
Al frente de la dirección general de la nueva entidad en el primer lustro.
El directivo de Caja Duero cumple la edad de jubilación en junio, pero seguirá en activo en la nueva andadura, como estaba previsto, gracias a un acuerdo entre el PP y el PSOE
Los Grupos Popular y Socialista en las Cortes regionales han acordado diversas modificaciones en la Ley de Cajas que suponen ampliar la edad máxima de jubilación de los directores generales de las entidades cinco años más, hasta los 70, medida que en la práctica significa que el futuro director general de la caja que surja de la fusión entre Caja Duero y Caja España, Lucas Hernández, que cumplirá los 65 años en junio, podrá estar al frente de esta entidad su primer lustro de andadura, según el texto de la Proposición de Ley registrada ayer en las Cortes.
El directivo de Caja Duero cumple la edad de jubilación en junio, pero seguirá en activo en la nueva andadura, como estaba previsto, gracias a un acuerdo entre el PP y el PSOE
Los Grupos Popular y Socialista en las Cortes regionales han acordado diversas modificaciones en la Ley de Cajas que suponen ampliar la edad máxima de jubilación de los directores generales de las entidades cinco años más, hasta los 70, medida que en la práctica significa que el futuro director general de la caja que surja de la fusión entre Caja Duero y Caja España, Lucas Hernández, que cumplirá los 65 años en junio, podrá estar al frente de esta entidad su primer lustro de andadura, según el texto de la Proposición de Ley registrada ayer en las Cortes.
La elección a finales de marzo del principal ejecutivo de la entidad que alumbre la unión financiera de las principales cajas de la región pendiente del voto en las asambleas generales el 5 de junio para que el proyecto comience el 1 de julio ya apuntó a una modificación de la Ley de Cajas de Castilla y León, porque Hernández cumple la edad de jubilación el próximo mes.
Las modificaciones afectan también a los presidentes de Caja de Segovia, Atilano Soto, y Caja de Ávila, Agustín González, ya que, en su caso, se decide que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de la Comunidad que tengan prorrogado su mandato y hayan superado el límite temporal de 12 años podrán continuar en el ejercicio de su cargo hasta la fecha de la asamblea general en la que se produzca la incorporación de los nuevos miembros, una cita que se producirá, previsiblemente, a finales de año, según el texto legislativo conocido por Ical.
PP y PSOE justifican la modificación en la edad máxima de jubilación de los directores generales en que dada la singular naturaleza e importantes funciones que desarrolla el director general de una caja de ahorros, se considera conveniente elevar el tope máximo legal para su cese hasta los 70 años, si bien el nuevo texto legal deja en manos de las entidades de crédito que puedan rebajar esta edad en sus respectivos estatutos.
En cuanto a la prórroga del mandato de los órganos de gobierno, la nueva modificación legal anularía una disposición que se incorporó en diciembre en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que preveía el cese de los cargos que llevaran más de 12 años de mandato. Debido a esta disposición, tenían que dejar sus cargos los presidentes de Caja Segovia y Caja de Ávila, así como otros miembros de los consejos de administración. En el caso de Caja Duero, afectaría a la situación de cinco miembros del máximo órgano de gobierno: Fernando Corral (CCOO), Víctor Pedraz y Francisco Rubio (Impositores), Gerardo Pastor (entidades generales) y Antonio Muñoz (UGT).
La enmienda pactada recogía taxativamente la fecha de cese, aunque se esté llevando a cabo o no el proceso de fusión o integración con otras entidades. En cambio preveía la prórroga para quienes no hayan cumplido ese periodo de 12 años. Con la nueva ley, se anulará esta previsión y se prolongará su mandato hasta que se celebre un nuevo proceso electoral que de lugar al nombramiento de nuevos consejeros generales, algo previsto para finales del año en curso.
Así, tanto Atilano Soto como Agustín González permanecerán en sus cargos varios meses más. En este caso, los grupos parlamentarios justifican la decisión en que los procesos de fusión e integración en curso puedan seguir celebrándose dentro de un marco de estabilidad.
Sin embargo, el legislador quiere aclarar las diferencias entre los procesos de fusión y los de integración. Así, pone de manifiesto en el nuevo texto que únicamente quedarán paralizados los procesos electorales cuando las entidades estén culminando un proceso de fusión, mientras que el calendario electoral previsto entre septiembre y diciembre de este año se aplicará en las que negocien la conformación de un Sistema Integrado de Protección (SIP) o fusión virtual, es decir, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila.
Tribuna de Salamanca
