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Pacto político para retrasar la jubilación de directores generales de cajas
La edad máxima de jubilación de los altos cargos será de 5 años más
Los Grupos Popular y Socialista en las Cortes de Castilla y León han acordado diversas modificaciones en la ley de cajas que suponen ampliar la edad máxima de jubilación de los directores generales de las entidades cinco años más, hasta los 70, lo que en la práctica significa que el futuro director general de la caja que surja de la fusión entre Caja Duero y Caja España, Lucas Hernández, que cumplirá los 65 años en junio, podrá estar al frente de esta entidad su primer lustro de andadura, según el texto de la Proposición de Ley registrada hoy en las Cortes y al que ha tenido acceso la agencia Ical.
Los Grupos Popular y Socialista en las Cortes de Castilla y León han acordado diversas modificaciones en la ley de cajas que suponen ampliar la edad máxima de jubilación de los directores generales de las entidades cinco años más, hasta los 70, lo que en la práctica significa que el futuro director general de la caja que surja de la fusión entre Caja Duero y Caja España, Lucas Hernández, que cumplirá los 65 años en junio, podrá estar al frente de esta entidad su primer lustro de andadura, según el texto de la Proposición de Ley registrada hoy en las Cortes y al que ha tenido acceso la agencia Ical.
Las modificaciones afectan también a los presidentes de Caja de Segovia, Atilano Soto, y Caja de Ávila, Agustín González, ya que, en su caso, se decide que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de la Comunidad que tengan prorrogado su mandato y hayan superado el límite temporal de 12 años podrán continuar en el ejercicio de su cargo hasta la fecha de la asamblea general en la que se produzca la incorporación de los nuevos miembros, una cita que se producirá, previsiblemente, a finales de año, según el texto legislativo conocido por Ical.
PP y PSOE justifican la modificación en la edad máxima de jubilación de los directores generales en que "dada la singular naturaleza e importantes funciones que desarrolla el director general de una caja de ahorros", se considera "conveniente" elevar el tope máximo legal para su cese hasta los 70 años, si bien el nuevo texto legal deja en manos de las entidades que puedan rebajar esta edad en sus respectivos estatutos.
Presidentes
En cuanto a la prórroga del mandato de los órganos de gobierno, la nueva modificación legal anularía una disposición que se incorporó en diciembre en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que preveía el cese de los cargos que llevaran más de doce años de mandato. Debido a esta disposición, tenían que dejar sus cargos los presidentes de Caja Segovia y Caja de Ávila, así como otros miembros de los consejos de administración, que en el caso de Caja Segovia afectaría al representante de los empleados Eduardo Aguado, y varios miembros de la asamblea general, aunque desde la entidad segoviana no se ha facilitado la relación exacta de todos los afectados.
La enmienda pactada recogía taxativamente la fecha de cese, aunque se esté llevando a cabo o no el proceso de fusión o integración con otras entidades. En cambio preveía la prórroga para quienes no hayan cumplido ese periodo de doce años. Con la nueva ley, se anulará esta previsión y se prolongará su mandato hasta que se celebre un nuevo proceso electoral que de lugar al nombramiento de nuevos consejeros generales, algo previsto para finales de año.
Así, tanto Atilano Soto como Agustín González permanecerán en sus cargos varios meses más. En este caso, los grupos parlamentarios justifican la decisión en que los procesos de fusión e integración en curso "puedan seguir celebrándose dentro de un marco de estabilidad".
Sin embargo, el legislador quiere aclarar las diferencias entre los procesos de fusión y los de integración. Así, pone de manifiesto en el nuevo texto que únicamente quedarán paralizados los procesos electorales cuando las entidades estén culminando un proceso de fusión, mientras que el calendario electoral previsto entre septiembre y diciembre de este año- se aplicará en las que negocien la conformación de un Sistema Integrado de Protección (SIP), es decir, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila.
El Mundo
