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La hora de las cajas de ahorro (I)
FUSIONES / SIP
Con la historia tan convulsa e iconoclasta que ha sufrido nuestro país, no deja de sorprender que haya habido instituciones que han sabido hacer frente a la usura del paso de tiempo. Tal es el caso excepcional de las cajas de ahorro.
El éxito de una institución
Con la historia tan convulsa e iconoclasta que ha sufrido nuestro país, no deja de sorprender que haya habido instituciones que han sabido hacer frente a la usura del paso de tiempo. Tal es el caso excepcional de las cajas de ahorro. Creadas algunas de ellas hace más de dos siglos, no sólo han sobrevivido, sino que se han fortalecido hasta el punto de constituir hoy en día, en términos generales, la mitad de nuestro sistema financiero.
La explicación de su éxito hay que buscarla en su utilidad social y en su capacidad de cambio. En efecto, no hubieran podido sobrevivir como lo han hecho si no fuera porque han satisfecho necesidades sociales que, sin ellas, estarían peor atendidas. Gracias a su implantación, se ha evitado en España la exclusión financiera de una parte importante de nuestra sociedad.
Gracias a su existencia, territorios poco rentables para un banco cuentan con instituciones de crédito próximas que han favorecido su desarrollo. Gracias a las cajas y a su obra social, millones de españoles menos favorecidos han visto paliadas, o aliviadas, sus necesidades. Y gracias a la existencia de las cajas, la banca en España es más eficiente y se evitaron posiciones de dominio o monopolio.
Pero no sólo han sobrevivido al paso de los tiempos, sino que se han expandido y fortalecido. Y esto último sólo se explica por su capacidad de adaptación y cambio, especialmente en los últimos veinte años. Aquellos originarios Montes de Piedad creados por filántropos ilustrados se han convertido en banca universal que puede realizar las mismas operaciones que los bancos. Sus originarios límites locales, comarcales o provinciales ya no existen y sus actividades han saltado por encima de las fronteras regionales e incluso nacionales.
Al tiempo, la primitiva acción social ha dado paso a una potente obra social, que hay que nutrir generosamente cada año. Pero ha sido precisamente esta exitosa evolución de las cajas la que ha terminado por generar al propio tiempo problemas absolutamente nuevos. O resuelven estos problemas o su futuro está en peligro. Tiempo continuo y cambio perpetuo es el signo de toda institución que quiere permanecer a lo largo de los siglos.
Un primer problema a resolver
El primer problema que tienen nuestras cajas deriva de la existencia de una pluralidad de Administraciones con competencias sobre las mismas. Tal vez porque consideraron de forma prioritaria su condición de fundaciones, su vocación social y su proximidad al territorio, las Cortes Generales atribuyeron a las comunidades autónomas competencias exclusivas en materia de cajas de ahorro. Como en tantos otros temas, el Tribunal Constitucional ha tenido que ir precisando los límites entre las competencias del Estado y la de las comunidades autónomas sin encontrar todavía una fórmula pacífica.
Los gobiernos regionales aducen el tenor literal de sus respectivos estatutos de autonomía para afirmar su control sobre las cajas, sin tener en cuenta que éstas han saltado sus límites territoriales y su actividad puede afectar a la estabilidad del sistema financiero de España10.0pt; font-family:Verdana">. Desde los primeros momentos, el Tribunal Constitucional (STC 48/1988) viene insistiendo reiteradamente en que estas competencias autonómicas han de ejercerse en el marco de las bases de ordenación del crédito y la coordinación de la planificación económica que corresponde al Estado (art. 149.1 de la Constitución).
Y que, en este caso, las bases implican la adopción por el Banco de España, en su condición de garante del sistema financiero, de todas aquellas medidas normativas o actos ejecutivos básicos que sean necesarias para garantizar no sólo la solvencia de las cajas, sino la propia estabilidad del sistema (STC 235/1999 de 16 de diciembre).
Por ello, y como viene defendiendo ante el Tribunal Constitucional la Abogacía del Estado y mantiene el propio Consejo de Estado, la autorización de los Sistemas Institucionales de Protección corresponde al Banco de España mediante la verificación de requisitos tasados, como competencia directamente relacionada con la de determinar el coeficiente de recursos propios de las entidades de crédito. Querer someter las fusiones o integraciones interregionales a la autorización previa de una comunidad autónoma supone impedir que el Banco de España cumpla su cometido.
Es cierto, pues, que se tiene ya una jurisprudencia constitucional clara y reiterada que, sin negar un legítimo campo competencial a las comunidades, reserva al Estado la función de garantizar la solvencia del sistema; y ésta puede depender de la viabilidad y solvencia de todas las instituciones de crédito, sean bancos o cajas. Si gozáramos de una mayor dosis de lealtad constitucional, no sería necesario trasladar dicha jurisprudencia al texto de una ley que, sin aquella lealtad, podrá ser nuevamente recurrida. En todo caso, las autoridades cuentan ya con el respaldo de la jurisprudencia constitucional para realizar su cometido.
Un problema mayor: los recursos
La expansión y éxito de las cajas de ahorro ha generado un segundo problema que requiere urgente solución normativa: es el problema de los recursos. Hasta ahora, los recursos propios de las cajas se han nutrido exclusivamente de los fondos dotacionales y de aquellos beneficios no invertidos en su obra social. Con estos recursos, aquellas han podido durante años satisfacer las necesidades de financiación de la mitad del país y de sus instituciones, así como garantizar su admirable acción social.
Pero la fuerte crisis global con la caída del margen financiero de todas las entidades, la pérdida de valor de sus participaciones industriales, la morosidad y las crecientes necesidades de aumentar las provisiones, así como las nuevas y previsibles exigencias derivadas de Basilea III, han aflorado el segundo y más urgente problema: la insuficiencia de sus recursos propios para garantizar el crédito que precisan tanto las familias como las pequeñas y medianas empresas, a la vez que se atienden las nuevas exigencias regulatorias. La supervivencia de las actuales cajas de ahorro, e incluso la estabilidad del sistema financiero, dependen de la capacidad de incrementar sus recursos. Y la solución ni puede esperar, ni tal vez sea pacífica.
Dejando a un lado la venta de sus participaciones opción que, por otra parte, caminaría en la dirección de Basilea III, reticente a considerar aquellas como recursos propios, una primera solución a la falta de recursos ha sido facilitar la fusión de las cajas, bien a través de la fusión clásica prevista en la normativa vigente, bien recurriendo a procesos de integración con los nuevos Sistemas Institucionales de Protección, cuyo origen se sitúa en la Directiva 2006/48 de 14 de junio y las distintas normas que la trasponen (Ley 36/2007 de 16 de noviembre y Real Decreto 216/2008 de 15 de febrero sobre Recursos Propios de las Entidades Financieras, así como la Norma 15.5 de la Circular del Banco de España 3/2008 de 10 de junio).
Es verdad que la solución de estos Sistemas Institucionales, o SIPs, no ha despertado entusiasmo precisamente entre las cajas que más lo necesitarían. Es cierto, por una parte, que se trata de préstamos conviene insistir en ello y a un interés muy alto y que hay que devolverlos en cinco años.
Asimismo, otro inconveniente de la solución estriba en que para embarcarse en tal aventura hubiera venido bien una regulación previa del status del nuevo ente que se crea (banco, o caja, o grupo de empresas), porque ello condiciona las posibilidades de actuación del mismo. Por no hablar de la antipatía con la que las comunidades autónomas ven las fusiones e integraciones interregionales dada la pérdida de influencia sobre las mismas.
Pero dicho esto, es evidente que el instrumento que ha puesto en funcionamiento el Gobierno va en la línea correcta de facilitar a las cajas que lo necesiten recursos con los que mejorar su liquidez, fortalecer sus recursos, racionalizar sus redes y mejorar su eficiencia. Las aportaciones del FROB son un incentivo que se necesitaba. Pero los SIPs, por sí solos, no resuelven los problemas de los recursos propios y, por tanto, de solvencia. Al fin y al cabo, se trata de préstamos que hay que devolver algún día y por eso se necesita algo más.
Algunas cajas necesitarán recurrir a emitir cuotas participativas que, si aspiran a ser la solución de su eventual falta de recursos, no pueden ser las que hoy existen.
FUENTE: Publicado en Expansión por Virgilio Zapatero
