FALTAN 5 DÍAS / Cuenta atrás para la gran caja

Las dos más grandes. Las socias culminan un proceso del que se han descolgado las otras cuatro entidades de la Comunidad

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Aquel 28 de noviembre de 2007, Juan Vicente Herrera abrió la espita de las fusiones en la Comunidad. El presidente de la Junta de Castilla y León preconizó la reordenación del sistema financiero mediante dos palabras tan conjugadas, a pesar de su singular heterogeneidad, y manoseadas después por su metafórico significado: músculo financiero. Plantear la unión de cajas de ahorro de la región en cualquier foro resultaba un tema tabú y generaba el carraspeo de muchos ante un proyecto faraónico en una tierra con un apego excesivo al valor de la identidad, aunque barruntado desde hacía años por el Gobierno autonómico (Isabel Carrasco, vicepresidenta primera de Caja España y consejera de Economía desde julio de 1995 hasta la llegada de Herrera, esbozó la idea). La crisis asomaba por el horizonte y, como daño colateral, las apreturas económicas, así es que PP y PSOE se remangaron el mono de trabajo para confeccionar un documento o pauta para aglutinar a las seis entidades de la región (Caja Duero, Caja España, Caja de Burgos, Caja Círculo, Caja de Ávila y Caja Segovia) con el objeto de reforzar el sistema financiero regional.

Tras el primer jalón en el camino, llegó el 30 de octubre de 2008, cuando las dos principales fuerzas políticas de la región representadas por sus líderes, Juan Vicente Herrera y Óscar López, recién elegido secretario regional presentaron en el parlamento autonómico su propuesta para crear el Grupo Cajas Castilla y León desde el plano de la integración, es decir, garantizando un porcentaje de las ventajas de una fusión y preservando la identidad, autonomía y territorialidad de cada entidad, como reconocía el documento que recibieron en aquella cita los responsables de las entidades, de CCOO, UGT, Cecale y del Banco de España. Menos de una semana después, el 6 de noviembre, Herrera y López reunieron a los directores de los medios de comunicación de la Comunidad para celebrar la puesta de largo del pacto político ante la sociedad. Las cajas guardaban silencio.

Los movimientos comienzan a ser más asiduos y la unión financiera nutre debates y tertulias descendiendo, inclusive, a nivel de calle. El 11 de diciembre, los directores generales de las cajas cierran un protocolo de integración y el día 22 las entidades se comprometen en el seno de la federación regional a someter el documento a sus máximos órganos de gobierno, es decir, a los consejos de administración.

Las cajas trabajan en comandita, situación idílica para el Gobierno autonómico. Mientras, el 3 de febrero de 2009, representantes de PP, PSOE, Cecale, IU y CSICA, protagonizan el primer golpe de timón al suscribir una declaración de apoyo al proceso de la que se desmarca UGT, azote durante todo el proceso de cualquier iniciativa o manifestación que no fuera suya, y que se sustentaba en una fusión interregional para limitar el impacto en la masa laboral. El clima de diálogo se rompe el 9 del mismo mes, cuando Caja Círculo (entidad burgalesa vinculada a la Iglesia) rehusa firmar un documento por el que la federación se compromete a analizar procesos de consolidación o integración con premura, y también porque las entidades descartan someter a votación en el consejo el protocolo de integración.

Desde entonces, Caja Duero comienza a buscar su nicho de mercado en el nuevo escenario con determinación. El consejo aprueba por unanimidad el 10 de marzo iniciar una ronda de contactos con cinco entidades de la región (autoanulada Caja Círculo) ante la necesidad perentoria de ampliar el tamaño por la vorágine financiera, aunque el director general de la entidad, Lucas Hernández, defiende que la caja dispone de recursos suficientes para salvar la crisis durante los próximos años.

Culminada la ronda de consultas, sólo Caja España es receptiva a un proyecto en comunión, como certifican los consejos de ambas entidades el 20 de mayo, aunque dejan la puerta entornada para la incorporación de más. La consultora externa e independiente KPMG comienza a elaborar el plan de viabilidad con la pretensión de ofrecer las conclusiones antes de julio, pero como el Banco de España añade con calzador a Caja de Burgos para reforzar el proyecto, el saldo se retrasa para salvar los meses de verano y aproximarse a la Navidad. El 10 de noviembre, los consejos de las tres entidades convocan reuniones simultáneas para votar la fusión. Dos aprueban el proyecto, una se desmarca. Caja de Burgos recula en el último momento, decisión más que conocida a priori (y el silencio elocuente), pero que resultaba un costoso peaje a pagar por la obcecada insistencia del supervisor bancario para reducir con mayor diligencia el volumen de entidades de crédito y por el argumento que dos cajas apenas aseguraban la estabilidad necesaria para el equilibrio pretendido. La postura de la entidad del norte de la región demoró los plazos de la unión, con la indignación consiguiente en las socias. Ese día, Caja Duero y Caja España, las dos principales entidades de la región, parten de cero para consumar la unión financiera, y tras la crucial intervención de los líderes provinciales de PP y PSOE, Javier Iglesias y Fernando Pablos, para alertar sobre el contenido de un documento en el que la entidad con sede en León había incluido cláusulas que la garantizaban más cuota de poder con el paso del tiempo.

El Banco de España vuelve a aparecer en escena para apretar las tuercas y exigir agilidad en el cumplimiento de los plazos, así es que en dos sesiones maratonianas (3 y 4 de enero de 2010), las comisiones negociadoras de ambas entidades presentan a los consejos el 5 de enero el preacuerdo de la fusión. Caja Duero refrenda la unión por mayoría (con los votos en contra de los representantes de UGT, Agustín Prieto y Antonio Muñoz, y de los impositores, Víctor Pedraz). Caja España aprueba la unión por unanimidad.

De manera paralela, se gesta el pacto laboral. La mesa se constituye el 10 de diciembre con las diferencias que persistieron hasta el final entre los cuatro sindicatos con representación (UGT, el mayoritario, y CCOO, CSICA y UEA, reunidos en una plataforma) con el objetivo de acordar la mejor fórmula para cumplir el saldo del plan de viabilidad: un excedente de 846 trabajadores y 253 oficinas. El 12 de mayo, patronal y sindicatos (menos UGT) firmaron el convenio laboral.

Mientras, las entidades reciben el visto bueno para solicitar el préstamo (ajustado) de 525 millones con cargo al FROB (Fondo de Reestruc turación Ordenada Bancaria), a devolver en el plazo de cinco años con un interés del 7,75%.

Tras aprobar el 22 de marzo el organigrama directivo de la nueva caja, con Lucas Hernández como principal ejecutivo, y con el visto bueno de los consejos al documento completo de la fusión el 29 de abril, la votación en las asambleas constituye el último hito en el camino.

Alejandro R. L.

Tribuna de Salamanca