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La hora de las cajas de ahorro (y II)

FUSIONES / SIP

El gobernador del Banco de España, en la línea de lo que se viene hablando en foros internacionales, sugiere reformas legales que permitan a las cajas dotarse de recursos “de más calidad”.


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La cuestión de las cuotas participativas

El gobernador del Banco de España, en la línea de lo que se viene hablando en foros internacionales, sugiere reformas legales que permitan a las cajas dotarse de recursos “de más calidad”.

Cuando se habla de recursos de más calidad, está claro que no se está hablando ni de la financiación subordinada ni de las preferentes, porque estas posibilidades ya se tienen. Al hablar de dotar a las cajas de instrumentos de más calidad, en el fondo se está pensando, en un primer momento, en unas cuotas participativas nuevas.

La posibilidad legal de emitir cuotas participativas ya existe. Pero sólo una entidad las ha emitido. Tal vez porque ni las entidades las han necesitado –no era difícil obtener otros recursos abundantes y baratos en el mercado–, ni su eventual emisión compensaba los problemas políticos que las cuotas suscitan en España. Para un buen número de personas, las cuotas participativas suponen una desnaturalización de las cajas; otros incluso las consideraban, y las siguen considerando, como el primer paso para una eventual “privatización” de las mismas.

Y ahora, cuando los mercados de capitales comienzan a secarse y cuando más acuciante comienza a ser la necesidad de buscar nuevos recursos, algunos consideran que la emisión de cuotas participativas ya no es una solución si no se reforman las mismas y se las dota de algunos derechos políticos que permitan a los cuotapartícipes estar presentes en los órganos representativos e, incluso de gobierno, de las cajas.

Indudablemente, el cambio que se sugiere no es menor y reavivará las críticas de quienes creen ver confirmadas en las nuevas cuotas con derechos políticos sus temores a una desnaturalización y privatización de las cajas. Pero no se debe olvidar que las cajas no son sector público; son en su mayoría fundaciones privadas; y no se puede privatizar lo que ya es privado. Contar con cuotas entre los recursos de las cajas no supone, pues, desnaturalización de su naturaleza ya privada; lo que sí harán, en algunos casos, es facilitar su supervivencia y su fortalecimiento como un tipo de institución de crédito diferente de los bancos.

Por eso, tras el acuerdo existente al respecto entre los dos grandes partidos, es el momento de disipar los temores y prevenciones regulando las necesarias cautelas respecto al porcentaje de cuotas que se pueden emitir en relación al total de los recursos, el tipo de derechos políticos que pueden conferir al titular o, si fuera preciso, el tipo de inversores admisibles o la limitación del número máximo de cuotas que puede adquirir un inversor así como el mercado para su negociación. En todo caso, y dejando a la decisión de cada caja el recurrir o no a este instrumento, las cuotas pueden ser otro buen instrumento a disposición de las mismas.

Pero, sin desdeñar el avance que supone dotar a las cajas de nuevos instrumentos para reforzar su capital y mejorar, de paso, su eficiencia y buen gobierno, conviene moderar el entusiasmo y no exagerar las expectativas porque puede que aquellas no sean la solución de todos los problemas de alguna caja. Recuérdese que la emisión de cuotas participativas por la caja italiana de Prato –una de las primeras que las emitió en Italia– no le libró de una quiebra que, incluso, arrastró al Fondo de Garantía de Depósitos y condujo a la aprobación de la ley de Giuliano Amato.

La experiencia italiana de las cuotas puso de relieve cómo las cuotas participativas tenían difícil competir con las acciones de la banca. Su atipicidad y novedad, así como la dificultad de colocarlas en el mercado, eran un primer e importante problema. En efecto, ¿por qué un inversor va a preferir comprar una cuota participativa (que todavía no sabe muy bien qué es) en lugar de comprar una acción (que conoce, que sabe lo que es y cómo funciona su mercado)?

Por otra parte, la aceptación y el valor de dichos títulos en el mercado, como ocurre con las acciones, va a depender de la fortaleza y buena gestión de cada caja emisora: y puede ocurrir que los títulos de quienes más lo necesiten para fortalecer sus recursos propios sean los menos demandados. En suma, para una buena parte de las cajas de ahorros que precisan más recursos, las fusiones, las integraciones y las nuevas cuotas pueden ser remedio suficiente; pero para otras tal vez no sea ni la solución más eficiente ni tampoco la solución querida por sus asambleas.

Distintas cajas, distintos trajes

Por ello, al redactar la futura ley habría que pensar en aquellas cajas para las que ni las fusiones, ni la venta de sus participaciones, ni la emisión de cuotas participativas son una solución. Igualmente, habría que pensar en aquellas cajas que no desean acudir a estos instrumentos, porque entienden que este tipo de reformas suponen una desnaturalización de las mismas. Y para ello, lo mejor es considerar que el tamaño importa; sobre todo a la hora de escoger un traje.

Las cajas –bajo un núcleo común– presentan toda una serie de especificidades y diferencias notables. Se diferencian en el tamaño de sus activos y de sus pasivos, en los servicios que prestan, en su grado de extraterritorialidad, en su nivel de internacionalización o en los riesgos que generan para el sistema en su conjunto. Y sin embargo, todas tienen hoy la misma regulación; el mismo traje.

El arte de legislar no consiste en imponer a todos el mismo modelo de organización, sino que, a veces, basta con ofrecer distintas posibilidades; dar facilidades. Si el legislador no ofrece un único tipo de sociedad mercantil sino varias (colectivas, comanditarias, anónimas por acciones, limitadas, de base mutualista, uniones de empresas) para que cada aventura empresarial escoja la forma que más le conviene, ¿por qué no reconocer una tipología más amplia de cajas?

Esto es; tal vez alguna caja prefiera ser una institución muy apegada a su terreno tanto en su negocio como en su obra social. Se trataría de una banca minorista, que no sale de su ámbito comunitario, que no abre sucursales fuera del mismo, cuyo negocio se asienta en sus depósitos fundamentalmente y cuya Obra Social se circunscribe a los más próximos; cree en el viejo lema de que “lo pequeño es hermoso” y prefiere desandar el camino recorrido históricamente para volver a los orígenes.

Para una institución de este tipo, pocas modificaciones habría que hacer en la actual normativa; tampoco plantearía excesivos problemas competenciales. Ni tendría que fusionarse ni integrarse; ni emitir nuevas cuotas participativas; más bien, eso sí, tendría que “encogerse” un poco.

Pero si una caja prefiere ser banca universal, salir de su territorio, recurrir a los mercados de capitales, dotarse de potentes participaciones o tener una Obra Social más ambiciosa, entonces el traje que tiene que ponerse es muy diferente, porque son mucho más estrictas las exigencias que se precisan para que dicha caja no ponga en peligro ni el sistema financiero en su conjunto ni los intereses y derechos de los consumidores y ciudadanos.

Serán más sus posibilidades; sus límites geográficos no tendrán fronteras autonómicas ni nacionales; tampoco tendrá limitaciones el tipo de actividades y servicios que ofrece; podrá dotarse de cuotas participativas nuevas y podrá ser todo lo grande que quiera y le permitan sus recursos. Pero también serán mucho más estrictas las exigencias de capital y reservas. Y también serán más claras las competencias exclusivas del Estado.

Desde esta perspectiva, el legislador tendría que diseñar varios modelos de trajes y, sin imponer una solución, decirles a las cajas: sírvanse ustedes mismos. Y que sus asambleas y consejos sean los que, libremente, opten por la solución más apropiada para cada caja.

El pensamiento económico dominante ha acumulado sobre las cajas de ahorros la responsabilidad de los problemas financieros que hoy agobian a España. Olvidan que estas ni estuvieron en el desencadenante de la actual crisis, ni ha habido que salvarlas con dinero público a lo largo de más de doscientos años. Pueden salir adelante con sus propios recursos, si la ley les ofrece fórmulas flexibles para que cada una afronte sus específicas necesidades y ambiciones. Si algo han demostrado las cajas a lo largo de los siglos es su necesidad y su capacidad de adaptación y cambio.

FUENTE: Publicado en Expansión por Virgilio Zapatero

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