El pacto que no estaba escrito

El Consejo de Administración de la caja fusionada deberá votar las candidaturas a la presidencia; pero también tendrá que ratificar, con dos tercios,

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Los males todos que aquejan a las cajas de ahorros se han conjurado para hacer del nacimiento de la entidad fusionada en Castilla y León un parto con dolor. Y con diagnóstico incierto. Politización, falta de profesionalización, interferencias de las administraciones competentes,... Un cóctel que al final se ha revelado explosivo. Ante la perplejidad de los impositores (previsiblemente también de aquellos a quien se quiere seducir con mayor tamaño y presuntamente más saneados), Caja España hace saltar por el aire en el último momento lo que pretende ser, aunque sea a la fuerza, un ejercicio de competitividad.

Justo cuando Moody-s rebaja la calificación crediticia de la comunidad, la que será la gran caja de Castilla y León (las otras han huido del control de la Junta) se pone a los pies de los caballos. El origen, un tejemaneje con sonrojantes tintes de celos domésticos. Las consecuencias, de momento, imprevisibles; pero en todo caso muy lesivas para un proceso que ya no debe ni puede dar marcha atrás.

¿Los culpables? No hay sólo uno. Ni dos. La suma de muchos errores y el cortoplacismo de miras ha resultado tremendamente tóxica. El músculo financiero por excelencia de la comunidad nacerá en pocos días, pero lo hará con un esguince. Y no están los tiempos para torceduras.

Enfrentamientos larvados. Los desencuentros han estado larvados durante meses bajo la responsabilidad de la dignidad y el consenso. Y han estallado con fuerza en el último momento: los consejeros afines al PSOE, con Francisco Fernández a la cabeza, han lanzado un órdago para defender al frente de la nueva caja (en el cargo representativo, no ejecutivo) al actual presidente de Caja España, Santos Llamas. Un pulso a quienes llevan meses cuestionando su continuidad en el cargo, con Isabel Carrasco al frente.

El resultado final ha sido la escenificación no sólo de la ruptura del consenso, sino de una peligrosa división en el seno de la entidad financiera. Y la debilitación de un candidato que tendrá que demostrar si cuenta con más apoyos que detractores.

El desenlace llegará en el primer Consejo de Administración a 34 (17 miembros de cada consejo actual de Caja España y Caja Duero), que previsiblemente se celebrará el próximo viernes. Antes la Junta debe concluir los expedientes para inscribir a la nueva entidad en el Banco de España. Puede guardar en un cajón los papeles y prolongar una negociación que se antoja casi irreconciliable, pero los plazos no son elásticos. La nueva caja debe tomar forma jurídica ya.

El orden del día de este primer consejo debe contemplar necesariamente la elección de los cargos de la nueva caja. Y ahí los cuchillos pueden afilarse. Los consejeros deberán votar la propuesta (o propuestas) que se hagan para la presidencia. Pero después deberá ratificarse a la persona que se ha designado para ocupar el cargo de director general: Lucas Hernández, actual responsable en este puesto de Caja Duero.

Hasta ahora ha habido consenso sobre el nombramiento de Hernández, hasta el punto de que la Junta de Castilla y León ha modificado la Ley de Cajas para que pueda seguir en el cargo (según la anterior, debería haberse jubilado el mes pasado). Pero desde el sector que apoya a Llamas se advierte de que la ratificación necesita el voto a favor de dos tercios del consejo. Es decir, con 12 votos en contra, Hernández sería rechazado.

¿Cabe pensar en esta posibilidad? La clave está en las distintas interpretaciones que se dan a los pactos de Tordesillas. Quienes han propuesto a Llamas defienden que el acuerdo pasaba porque Caja Duero propusiera al director general, que ha sido aceptado por todos; y Caja España hiciera lo propio con el presidente. Los detractores del actual presidente de la entidad con sede en León se aferran a que este denominado «pacto entre caballeros» no está escrito. Entre la mayoría de los consejeros se acepta, sin embargo, que este reparto quedó claro en «el espíritu» de los pactos. Un espíritu que no implica vinculación jurídica.

Se dijo en la asamblea general. De hecho, en la asamblea general en la que Caja España aprobó la fusión, se explicó a los consejeros generales que las propuestas de los dos primeros cargos de la nueva caja se harían de esta manera.

Mientras para algunos miembros de los consejos de administración de las dos cajas la decisión de que Hernández ocupe la dirección general es «irreversible», otros insisten en que los órganos de gobierno son soberanos y tienen la última palabra.

Incluso se plantea si el proyecto presentado para acceder a los créditos del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) puede verse afectado por un cambio en la dirección general; aunque el Banco de España no ha ligado oficialmente el plan de viabilidad a las personas que lo lleven a cabo.

De momento, desde el sector de Santos Llamas se advierte que no habrá renuncia en la candidatura a la presidencia, y que se cuenta con apoyos suficientes en el «superconsejo». Y se recuerda que el Banco de España no ha comunicado oficialmente («ni puede hacerlo») su rechazo al candidato propuesto. Sí se habla de «coacciones». Llamadas a los directivos de las dos cajas, las ha habido.

Hasta el momento Caja Duero no ha querido entrar en la guerra desatada en la que a partir de ahora será también su entidad.

Sea cual sea el resultado del pulso, trasladado ahora a los dos partidos políticos a nivel autonómico, la más perjudicada será la caja de ahorros. Si en algo hay consenso en todo este turbio asunto es en que se ha dejado de lado lo fundamental: el respaldo a la primera entidad financiera de Castilla y León, y una de las primeras del país.

¿Qué ha cambiado en una semana?

Santos Llamas ha presidido Caja España durante cuatro años. Y en los últimos dos ha liderado el proceso de fusión con Caja Duero. Los riesgos de sus actividades como constructor están repartidos entre las dos entidades (55 millones en Caja España y 25 en Caja Duero), y refinanciados desde hace meses. Estos riesgos han sido propuestos, analizados y aprobados por las entidades, por la Junta de Castilla y León y por el Banco de España. Pero ahora están siendo utilizados en su contra por quienes no aceptan su postulación como presidente de la futura caja fusionada.

Entre quienes le avalan para este puesto (incluso entre algún otro consejero no afín) se preguntan qué ha cambiado en las últimas semanas, por qué Santos Llamas podía presidir Caja España hasta ahora y por qué no debería hacerlo en el futuro en la entidad fusionada. Aseguran que su situación está normalizada, los intereses son abonados y el contexto no es distinto al de hace un tiempo.

En caso de que no sea así, tanto la entidad como las autoridades y el supervisor tendrán que explicar por qué se ha consentido una situación que ahora no parece válida. Desde su entorno se recuerda que su labor durante el proceso de fusión ha sido alabada públicamente, y se reclama respeto. «Si no hay nada denunciable, que no se intente enterrarle antes de tiempo».

maría jesús muñiz

Diario de León