NO hace mucho escribí aquí que el personal estaba harto y que ya no aguantaba cuatro años más de interinidad ni con la espiga ni con el alcornoque. Me refería a la existencia de unas cajas de ahorro como las que tenemos que sólo representan a los impositores por el mango del cazo que sujetan. Ejemplo práctico de interés compuesto: yo mismo llevo desde el mes de abril —cinco meses con sus días y respectivas noches— intentando que una directiva cultural de Caja Burgos, con mando en plaza en Valladolid —¡Santiago y cierra España!—, me reciba para exponerle, dulcemente, un proyecto cultural. La señorita o señora en cuestión, protegida del presidente Arribas, ni siquiera se ha dignado en devolver las llamadas. Quizás a la doña le ocurra como a esas dueñas compuestas que cerca del mando nunca dan respuesta. Pues nada, hija, si es así, cuida bien ese paño y quiera Dios que te dure un año.

El escándalo de unos presidentes y de unos consejeros repartiéndose créditos millonarios a costa de los impositores estaba acabando con las pocas fidelidades de unas cajas politizadas y sindicadas hasta el corvejón. El descrédito, por tanto, había entrado a espuertas por el desguace de la opinión pública, y a la gente le daba exactamente igual que se fusionaran con el Duero o con el Trabancos o que se abrazaran apaciblemente con el osito gominolas, olas, olas... El reciente decreto anunciado por el ejecutivo de Juan Vicente Herrera —y repito una vez más que se nota a la legua que el Presidente de Castilla y León no tiene hijos que mantener ni sobrinos pensionados— da jaque mate al carrusel sostenible de las cajas de ahorro en Castilla y León.

Es tan contundente el decreto de la Junta que la zangarriana de la apatía, que tanto agita Óscar López en bicicleta para sacudir la modorra del estío mesetario, se ha ido directamente por el vertedero. Esa disposición que pretende reducir la presencia de políticos y sindicatos en los consejos, eso de endurecer las incompatibilidades, y eso de cerrar el paso para ejercer cargos directivos en la entidad de ahorro a todo aquel que tenga un préstamo pendiente con la misma, supone una garantía de transparencia. Y es tan higiénico que restaura ante todo el principio de equidad que debe aplicarse «al último de los impositores», como exigían, como ejemplo, los fundadores de vieja Caja de Ahorros Popular.

Ayer se refería en ABC que los sindicatos de Castilla y León, cómo no, han puesto el grito en el cielo porque, según aprecian los entendidos financieros, el decreto no llega «al fondo del asunto». ¿Que no llega al fondo del asunto? Ya decía a este respecto el gran Horacio que la virtud siempre debe ponerse después que el dinero.

O no se enteran los cantantes de la Internacional de Rodiezmo en versión flamenca o están tan encoñados que ni siquiera sienten las coces de la yegua. Comprensible: cuesta tanto renunciar a los privilegios de estas cajas asilvestradas... Esperemos que las Cortes regionales convaliden sin dilación el decreto y den feliz matarile a esta farsa.

Antonio Piedra

ABC