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El decreto de la Junta impide crear la comisión ejecutiva en la caja fusionada

Solamente 5 de los 17 consejeros de Caja España están libres de incompatibilidades para acceder a este órgano de dirección

La entidad que juntará los negocios de Caja España y Caja Duero nacerá sin presidente y no podrá crear uno de sus principales órganos de dirección, la comisión ejecutiva encargada del día a día de la fusión. El decreto ley de la Junta ratificado de forma unánime por las Cortes de Castilla y León impedirá la formación de esta comisión dentro del consejo de administración de la caja fusionada. El decreto establece las incompatibilidades que afectarán a los miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro en la comunidad. No podrán integrarse como vocales políticos electos en activo personas con negocios directamente relacionados con estas entidades o que tengan en ellas buena parte de sus créditos.


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La entidad que juntará los negocios de Caja España y Caja Duero nacerá sin presidente y no podrá crear uno de sus principales órganos de dirección, la comisión ejecutiva encargada del día a día de la fusión. El decreto ley de la Junta ratificado de forma unánime por las Cortes de Castilla y León impedirá la formación de esta comisión dentro del consejo de administración de la caja fusionada. El decreto establece las incompatibilidades que afectarán a los miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro en la comunidad. No podrán integrarse como vocales políticos electos en activo personas con negocios directamente relacionados con estas entidades o que tengan en ellas buena parte de sus créditos.
La incompatibilidad afecta de manera directa al presidente de Caja España, el empresario Santos Llamas, quien anunció esta semana su renuncia a ser candidato a presidir la fusión. Las incompatibilidades afectarán a más a los integrantes del consejo de administración de esta caja, reunido ayer en la sede social de la entidad, en León
Los informes jurídicos solicitados por Caja España al despacho Garrigues y a la consultora KPMG coinciden, según se indicó ayer en el transcurso del consejo, indican que la mayor parte de los designados para integrarse en la comisión ejecutiva conjunta no podrán hacerlo. Les afecta el decreto sobre incompatibilidades. La opinión de ambas consultoras contrasta con la de los técnicos de la Junta, que según fuentes de Caja España han indicado «que no hay problemas, que puede elegir a sus miembros en la comisión», apuntaron.
Caja Duero, la otra socia de la fusión, no se ve afectada por esta normativa, ya que esa caja ya contaba con una comisión ejecutiva, formada por siete miembros del consejo de administración. En Caja Duero, el consejo se reúne una vez al mes. Es la comisión ejecutiva la que se ocupa del gobierno de la entidad con reuniones periódicas semanales. El modelo de Caja España difiere. Nunca ha existido la comisión ejecutiva y las decisiones las adopta el consejo, con reuniones periódicas quincenales.
En el acuerdo de fusión se contempla que la nueva caja estará gobernada por un consejo de administración, de 34 vocales, 17 de Caja España y otros tantos de Caja Duero; así como una comisión ejecutiva de 14 miembros, siete por entidad. Los siete que tenía previsto designar Caja España eran, además de Llamas, la vicepresidenta de la caja y presidenta de la Diputación Isabel Carrasco, el otro vicepresidente de la entidad y alcalde de León Francisco Fernández; José Francisco Martín (concejal del PSOE de Valladolid), el ex presidente de la Diputación de León Javier García Prieto; Miguel Ángel Álvarez, de UGT y Alejandro Menéndez, catedrático de la Universidad de Valladolid, afín al PP.
Al tratarse de un nuevo nombramiento, las consultoras consideran que deben aplicarse los criterios que establece el decreto ley promovido por la Junta. De los siete vocales, los únicos no afectados ahora por las incompatibilidades, de acuerdo con la nueva normativa, serían Miguel Ángel Álvarez, y Alejandro Menéndez, según dichas fuentes.
El consejo de Caja España decidió ayer que acudirá al consejo de administración conjunto, que se convocará posiblemente la semana próxima, sin propuesta de nombramiento de miembros de la comisión ejecutiva. La iniciativa de Caja España sugerirá que no se constituya este órgano y que, de forma provisional, la nueva caja trabaje con el modelo de la entidad con sede en la capital leonesa. Es decir, sin comisión ejecutiva. Las decisiones de gobierno recaerán en el consejo de administración, que debería reunirse cada quince días. «El problema lo ha generado un decreto de la Junta que no ha tenido en cuenta que Caja España funcionaba de manera distinta a Caja Duero y ahora, no es posible una solución. De todas formas, si esa solución existe, debería aportarla la Junta», indicaron ayer a la salida del consejo de administración.
Presidente interino, o no
El consejo de Caja España sí que dejó claro su deseo de que la entidad tenga, desde el principio, un presidente surgido de la propuesta que se haga en León, ya que la entidad con sede en Salamanca ya designó al director general, Lucas Hernández. Dado que PP y PSOE no han cerrado aún el nombre de un candidato para la presidencia que ahora mismo no formaría parte del consejo de la caja, los reunidos estuvieron de acuerdo en que el presidente interino debe de ser uno de los consejeros no afectados por el decreto de incompatibilidades de entre los 17 vocales del consejo de Caja España: Alejandro Menéndez; el catedrático de la UVA Zenón Jiménez-Ridruejo, promovido por el PSOE, Marcos García González (PSOE), Olga Palacio (PSOE), José Antonio Turrado (Asaja) y Bernardo Fernández (leonesistas).


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