La entidad que juntará los negocios de Caja España y Caja
Duero nacerá sin presidente y no podrá crear uno de sus principales
órganos de dirección, la comisión ejecutiva encargada del día a día de
la fusión. El decreto ley de la Junta ratificado de forma unánime por
las Cortes de Castilla y León impedirá la formación de esta comisión
dentro del consejo de administración de la caja fusionada. El decreto
establece las incompatibilidades que afectarán a los miembros de los
consejos de administración de las cajas de ahorro en la comunidad. No
podrán integrarse como vocales políticos electos en activo personas con
negocios directamente relacionados con estas entidades o que tengan en
ellas buena parte de sus créditos.
La incompatibilidad afecta de manera directa al
presidente de Caja España, el empresario Santos Llamas, quien anunció
esta semana su renuncia a ser candidato a presidir la fusión. Las
incompatibilidades afectarán a más a los integrantes del consejo de
administración de esta caja, reunido ayer en la sede social de la
entidad, en León
Los informes jurídicos solicitados por Caja España al
despacho Garrigues y a la consultora KPMG coinciden, según se indicó
ayer en el transcurso del consejo, indican que la mayor parte de los
designados para integrarse en la comisión ejecutiva conjunta no podrán
hacerlo. Les afecta el decreto sobre incompatibilidades. La opinión de
ambas consultoras contrasta con la de los técnicos de la Junta, que
según fuentes de Caja España han indicado «que no hay problemas, que
puede elegir a sus miembros en la comisión», apuntaron.
Caja Duero, la otra socia de la fusión, no se ve afectada
por esta normativa, ya que esa caja ya contaba con una comisión
ejecutiva, formada por siete miembros del consejo de administración. En
Caja Duero, el consejo se reúne una vez al mes. Es la comisión ejecutiva
la que se ocupa del gobierno de la entidad con reuniones periódicas
semanales. El modelo de Caja España difiere. Nunca ha existido la
comisión ejecutiva y las decisiones las adopta el consejo, con reuniones
periódicas quincenales.
En el acuerdo de fusión se contempla que la nueva caja
estará gobernada por un consejo de administración, de 34 vocales, 17 de
Caja España y otros tantos de Caja Duero; así como una comisión
ejecutiva de 14 miembros, siete por entidad. Los siete que tenía
previsto designar Caja España eran, además de Llamas, la vicepresidenta
de la caja y presidenta de la Diputación Isabel Carrasco, el otro
vicepresidente de la entidad y alcalde de León Francisco Fernández; José
Francisco Martín (concejal del PSOE de Valladolid), el ex presidente de
la Diputación de León Javier García Prieto; Miguel Ángel Álvarez, de
UGT y Alejandro Menéndez, catedrático de la Universidad de Valladolid,
afín al PP.
Al tratarse de un nuevo nombramiento, las consultoras
consideran que deben aplicarse los criterios que establece el decreto
ley promovido por la Junta. De los siete vocales, los únicos no
afectados ahora por las incompatibilidades, de acuerdo con la nueva
normativa, serían Miguel Ángel Álvarez, y Alejandro Menéndez, según
dichas fuentes.
El consejo de Caja España decidió ayer que acudirá al
consejo de administración conjunto, que se convocará posiblemente la
semana próxima, sin propuesta de nombramiento de miembros de la comisión
ejecutiva. La iniciativa de Caja España sugerirá que no se constituya
este órgano y que, de forma provisional, la nueva caja trabaje con el
modelo de la entidad con sede en la capital leonesa. Es decir, sin
comisión ejecutiva. Las decisiones de gobierno recaerán en el consejo de
administración, que debería reunirse cada quince días. «El problema lo
ha generado un decreto de la Junta que no ha tenido en cuenta que Caja
España funcionaba de manera distinta a Caja Duero y ahora, no es posible
una solución. De todas formas, si esa solución existe, debería
aportarla la Junta», indicaron ayer a la salida del consejo de
administración.
Presidente interino, o no
El consejo de Caja España sí que dejó claro su deseo de
que la entidad tenga, desde el principio, un presidente surgido de la
propuesta que se haga en León, ya que la entidad con sede en Salamanca
ya designó al director general, Lucas Hernández. Dado que PP y PSOE no
han cerrado aún el nombre de un candidato para la presidencia que ahora
mismo no formaría parte del consejo de la caja, los reunidos estuvieron
de acuerdo en que el presidente interino debe de ser uno de los
consejeros no afectados por el decreto de incompatibilidades de entre
los 17 vocales del consejo de Caja España: Alejandro Menéndez; el
catedrático de la UVA Zenón Jiménez-Ridruejo, promovido por el PSOE,
Marcos García González (PSOE), Olga Palacio (PSOE), José Antonio Turrado
(Asaja) y Bernardo Fernández (leonesistas).