El culmen y el nacimiento de un proyecto. Hoy se pone la última piedra al proceso de fusión entre las dos entidades más grandes de la Comunidad, Caja España y Caja Duero, que se embarcaron en un proyecto común recogiendo el guante lanzado hace casi tres años por Juan Vicente Herrera al sistema financiero, tras asumir el protagonismo para el fortalecimiento del “músculo financiero’, cuando en el seno de la Federación Regional de Cajas, todas las entidades, apelaron a su autonomía para rechazar el modelo de integración que la Junta pactó con partidos políticos y agentes económicos y sociales.

La que será previsiblemente la octava caja de España por volumen de activos constituye el reflejo más próximo al diseño inicial de escala autonómica que tenían tanto la Junta como el Partido Socialista de Castilla y León. Olvidados están ya los intentos fallidos, como que Caja de Burgos se sumara a la operación y un proceso complicado con momentos tensos, ruptura de negociaciones y presiones del Banco de España y del Gobierno autonómico.

Todos los esfuerzos de PP y PSOE para conformar ese necesario ‘músculo financiero’ parecían desvanecerse el 9 febrero del año pasado, cuando los presidentes de las cajas, apelando a la autonomía de cada entidad y a la necesidad de que fuesen las propias entidades quienes liderasen el proyecto, deciden no someter a sus consejos de administración el plan de integración diseñado por el Gobierno autonómico.

A finales de ese mes, el Consejo de Administración de Caja España, urge por unanimidad a su presidente y al Comité Directivo a impulsar procesos que conduzcan a un modelo que integre a las cajas de Castilla y León “bajo la fórmula que sea más eficiente”. En la misma línea, aunque el 10 de marzo, el Consejo de Administración de Caja Duero, aprueba un mandato para contactar con el resto de cajas, con las otras cinco, para ver su disponibilidad para iniciar procesos de consolidación, integración o fusión, con dos condiciones, que redundaran en beneficio de Caja Duero y que, además, fortalecieran el sistema financiero regional”.

Las dos entidades de ahorro más grandes de la región se posicionan ya como protagonistas del proceso y el 12 de marzo informan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de los acuerdos alcanzados por sus respectivos consejos de administración. Las dos cajas inician contactos al máximo nivel. A finales del mes, el 26 de marzo, Julio Fermoso anuncia al Consejo de Administración de la entidad que “por razones personales” seguirá sólo como presidente institucional, con labores de coordinación y representación de la caja, abandonando las ejecutivas. El director general, Lucas Hernández, asume desde abril la gestión diaria y las funciones ejecutivas, tal y como sucede en el resto de cajas de ahorro de la Comunidad.

Informe KPGM

El 20 de mayo, los consejos de administración de Caja España y Caja Duero acuerdan de forma unánime, iniciar un proceso conjunto y coordinado que desemboque en una decisión firme sobre la fórmula elegida para combinar sus estructuras, negocios y actividades. Asimismo, suscriben un acuerdo de confidencialidad.

Los consejos de administración de las dos grandes cajas, encargan a finales de mayo a la consultora KPMG, que analizara las alternativas "más eficientes de combinación". A principios de julio, el Banco de España traslada a la cúpula directiva de Caja Duero y Caja España que vería con buenos ojos la opción de una “fusión plena” frente a una “integración parcial”. El 7 de julio, las dos cajas encargan un nuevo informe a la empresa consultora que asesora técnicamente su proceso de integración para determinar con exactitud el peso que cada uno de los socios debe tener en la entidad que resulte de su unión. La autoridad monetaria plantea el nuevo estudio, que costará un millón de euros, ante las limitaciones del primero.

La entidad supervisora del sistema financiero advierte también a las dos cajas que necesitan una tercera aliada para que la operación sea plenamente exitosa. Al respecto, asegura que el primer estudio revela que una unión a dos bandas no es suficiente para estabilizar todos los indicadores de las entidades implicadas. Esta tercera entidad, según sugiere el propio Banco de España, podría ser Caja de Burgos.

A finales de julio, Caja de Burgos desvela que también ha encargado un informe a la consultora KPGM, la misma que analiza la unión de las otras dos. Además, suscribe el 20 de agosto un pacto de confidencialidad para compartir con las dos grandes cajas de la región toda la documentación contable, económica y financiera que permita a las tres analizar la conveniencia de una unión en una sola.

Las negociaciones entre las tres cajas se dilatan en el tiempo y el 20 de octubre, el Banco de España advierte de que ejercerá “sus funciones de supervisión” si los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos no aprueban el documento de fusión antes del 10 de noviembre. Los acontecimientos se suceden con premura.

La propuesta elaborada por la consultora, que no define la sede o sedes, ni el organigrama, entre otras cuestiones, se presenta en los consejos de administración, con informaciones que apuntan al cierre de 300 oficinas y la eliminación de 1.400 empleos. Precisamente, en los últimos días, los presidentes de las tres entidades estuvieron perfilando las cuestiones ‘políticas’ de la fusión, es decir, el reparto de sedes y el organigrama directivo de la nueva entidad resultante. Además, los responsables de las entidades consideran que será necesario pedir financiación por valor de 731 millones de euros al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (FROB) para llevar a cabo la fusión de las tres entidades, un préstamo que deberá devolverse en un periodo de cinco años.

La otra parte, los representantes de los trabajadores, advierte de que no podrá haber acuerdo sin un plan laboral consensuado. Así, la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales, en Madrid, acoge el 28 de octubre el primer encuentro de negociación del plan laboral, en el que los responsables de las secciones sindicales de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos no “avalan” las cifras que se manejan para cerrar el proceso.

De este modo, los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos se limitarán a aprobar un acuerdo inicial para abordar la fusión de las entidades que, en todo caso, no incluirá el pacto laboral con los sindicatos, un acuerdo que deberá negociarse a partir de mañana.

Las dos grandes solas

El 10 de noviembre, los consejos de Administración de Caja España y Caja Duero aprueban por unanimidad iniciar el proceso de fusión, cumpliendo los plazos de la autoridad monetaria. Sin embargo, el Consejo de Administración de Caja de Burgos lo rechaza con la misma contundencia, por divergencias de criterios en el diseño del proyecto, para lanzarse la entidad burgalesa, posteriormente, a su integración en Banca Cívica, junto a Caja Navarra, y CajaCanarias, proceso al que se suman más tarde Caja de Ávila y Caja Segovia.

El 23 de diciembre se reúne la comisión negociadora de los aspectos ‘políticos’ del proceso, que culmina sin acuerdo tras seis horas durante las que se debatió sobre el organigrama de gobierno de la futura entidad, el equipo directivo y el reparto de sedes, que separa a ambas entidades. Las partes se conminan a un nuevo encuentro el lunes 28 de diciembre, que tampoco permite avanzar.

Junta y Banco de España conminan a las partes a alcanzar un acuerdo y el 4 de diciembre en Tordesillas (Valladolid), la mesa negociadora cierra un pacto, después de maratonianas reuniones que comenzaron en la tarde del día anterior. Finalmente, y en términos generales, León acogerá la Presidencia, Secretaría General, la sede social y los servicios jurídicos de la futura entidad fusionada, junto con algunas áreas como riesgos y recursos humanos, mientras que la Dirección General, la sede operativa y el control de la red comercial de la nueva entidad, así como la sede de la obra social estarán en Salamanca. Lucas Hernández dirigirá la nueva caja. El camino parece ya allanado, aunque en la última semana antes de la votación de los consejos de administración para la aprobación definitiva del proceso vuelven a surgir discrepancias sobre el reparto de poder entre ambas cajas..

El plan de fusión ajustado recoge que los préstamos necesarios del Fondo de Reestructuración y Orientación Bancaria (FROB) para hacer frente a la fusión estarían en 525 millones de euros y el ajuste alcanzaría a 846 trabajadores y a 230 oficinas. La mesa laboral prosigue con sus reuniones en paralelo, no exentas de dificultades, y 23 de febrero, se rompen las negociaciones por planteamientos “inasumibles” de la parte sindical y viceversa. UGT, sindicato mayoritario, anuncia que votará en contra de la fusión en los consejos de administración hasta que se haya firmado un protocolo laboral, que se sume al plan de viabilidad de la fusión.

Los consejos de administración de Caja España y Caja Duero aprueban la fusión, el 16 de marzo. El Consejo de Administración de Caja España votó a favor de la fusión con Caja Duero, sin condiciones, con el único voto en contra el representante de UGT, Miguel Ángel Álvare. El Consejo de Administración de Caja Duero aprobó con 13 votos a favor y cuatro en contra la fusión, si bien condicionó el visto bueno definitivo a que se cierre un pacto laboral con los sindicatos y a que se solventen las diferencias entre ambas cajas sobre el organigrama de la futura entidad fusionada. La propuesta de fusión contó con el voto en contra del secretario regional de UGT, Agustín Prieto; el representante de este sindicato en el Consejo de Administración, Antonio Muñoz; el de CCOO, Fernando Corral, y el vicepresidente tercero Victoriano Pedraz.

El acuerdo laboral se vislumbra el 22 de abril, cuando la plataforma integrada por CCOO, la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (Cesica) y la Unión de Empleados de Ahorro (UEA) firman en Madrid, un preacuerdo con Caja España y Caja Duero. El preacuerdo suscrito cuenta así con el apoyo del 58 por ciento de la parte social, tras cerrarse sin consenso la mesa de día anterior, en la que participó UGT, que rechazó las condiciones propuestas por la patronal, y abrirse una nueva con la plataforma, con la que las posturas eran muy próximas.

Los consejos de Administración de Caja Duero y Caja España refrendan el 29 de abril, con los votos en contra de los representantes de UGT, el acuerdo laboral alcanzado con los sindicatos CCOO, Csica y UEA para la fusión de ambas entidades.

El acuerdo supone la homologación hacia arriba de las condiciones del 80 por ciento de la plantilla, mientras que un 20 por ciento con una situación superior mantendrá su posición, fruto de anteriores procesos de fusión. La homologación se producirá a lo largo del periodo de vigencia del plan de viabilidad y deberá estar concluida el 1 de enero de 2015, cuando finaliza.

La falta de apoyo de UGT provoca enfrentamientos con el PSOE, cuyo secretario regional arremete con el delegado ugetista en Caja Duero, Antonio Muñoz, por dejar al sindicato “a los pies de los caballos” en la negociación.

Cabe destacar, por último, que el 30 de abril, Fermoso coge las riendas del Consejo Regional de Cajas de Ahorro, en cuyo seno se abre el análisis para su reforma y para la presencia de las foráneas a través de Banca Cívica en el órgano de cooperación del sistema financiero regional.

El 3 de mayo se anuncia que las asambleas generales de Caja España y Caja Duero se reunirán la mañana del próximo 5 de junio para votar el acuerdo de fusión alcanzado por los consejos de administración de ambas entidades. Caja España lo hará, en primera convocatoria, a las 10.30 horas y Caja Duero, a las 9.00 horas.

La sección sindical de UGT en Caja España decide el 11 de mayo su voto a favor del proceso de fusión entre la entidad financiera con sede en León y Caja Duero en la asamblea. Fuentes sindicales explican que decidieron dar el visto bueno a la fusión al margen de que desde este sindicato se mantiene el rechazo al pacto laboral de esta operación.

En paralelo, los Grupos Popular y Socialista en las Cortes de Castilla y León se mueven y el 4 de mayo acuerdan diversas modificaciones en la ley de cajas que suponen ampliar la edad máxima de jubilación de los directores generales de las entidades cinco años más, hasta los 70, lo que en la práctica significa que el futuro director general de la caja que surja de la fusión entre Caja Duero y Caja España, Lucas Hernández, que cumplirá los 65 años en junio, podrá estar al frente de esta entidad su primer lustro de andadura. La Asamblea General de Caja España aprueba la fusión con Caja Duero con 148 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, mientras la entidad salmantina da luz verde a la fusión con 102 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Por la tarde, votan la adaptación de sus estatutos a las reformas de la ley de cajas.

Un verano, un presidente

Sin embargo, el desenlace del proceso, previsto, un mes se demora durante el verano, en el que se suceden las reuniones y los contactos. El 1 de julio el Consejo de Administración de Caja España propone a Santos Llamas como candidato a la Presidencia de la nueva entidad con el respaldo de nueve consejeros, el voto en contra de siete y una abstención, tras permanecer reunidos por espacio de más de tres horas. La división del Consejo genera una fuerte discusión entre el vicepresidente económico, Tomás Villanueva, y Llamas. El PP defiende dejar sobre la mesa la propuesta del presidente para que se abordara en el consejo conjunto entre las dos cajas de ahorro, previsto para el 8 de julio, que no se celebra.

Las semanas pasan y la situación parece no desbloquearse, hasta que la Junta toma la iniciativa y convoca diferentes encuentros para pactar la elección del presidente. La comisión encargada de llevar adelante la fusión celebra también una reunión en Salamanca. En ese periodo, se registra la fusión, un proceso que tiene que estudiar el Ejecutivo para presentar su visto bueno. El Consejo de Gobierno del gobierno autonómico aprueba el 2 de septiembre el Decreto Ley que adapta la normativa autonómica a la estatal en materia de cajas de ahorros.

Una semana después, el 9 de septiembre, en su reunión de los jueves el Consejo de Gobierno da luz verde de forma definitiva a la fusión entre Caja España y Caja Duero y cinco días después Santos Llamas hace pública su retirada como candidato a la Presidencia de la nueva entidad. El 15 de septiembre la Junta y el PSOE acuerdan que el presidente de la caja fusionada no pertenezca al Consejo de Caja España y sea un candidato de prestigio y leonés. Mientras lo eligen pactan designar un presidente provisional para poder convocar el primer Consejo de Administración de la nueva entidad.

Tras el baile de nombres, los dos partidos mayoritarios acuerdan el nuevo organigrama, en el que se decide nombrar a un presidente provisional hasta que se alcance un consenso sobre la figura de quien llevará las riendas de la nueva caja. El cumplimiento del Pacto de Tordesillas deja en manos del político leonés Marcos García la Presidencia provisional y en Isaías García Monje la Vicepresidencia primera.

Los días pasan y comienzan a sonar diferentes nombres, aunque finalmente es el directivo financiero Evaristo del Canto, leonés y vinculado hace años a Caja España, quien logra poner de acuerdo a PP y PSOE en el último estadio de un proceso que concluye el primer viernes de octubre de 2010 con la constitución de la nueva Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la celebración de su primer Consejo de Administración.