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Opinión:Los políticos siguen enredando en la nueva caja

Con fecha uno de octubre se firmó ante un notario de León la constitución legal de la nueva caja formada por la fusión de Caja España y Caja Duero.



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Con ello nacía la octava entidad de ahorros de España con un volumen de negocio de 46.500 millones de euros y se ponía fin a un proceso de dos años, que ha pasado por muchos altibajos, y que se inició con un intento de la Junta de Castilla y León por crear una caja única regional. El resultado político ha sido muy distinto al deseado y en estos momentos las cajas de la región se han alineado en dos bloques muy distintos: el formado por una fusión clásica, de estructura legal muy similar a la anterior, con cajas regionales de la misma Comunidad, que es el caso de la nueva entidad y el constituido por lo que se ha dado en llamar fusiones frías, asociando cajas de otras regiones dentro del sistema institucional de protección (SIP) cuyo final puede que sea la concentración de la gestión y los activos en una estructura similar a un banco. Por este modelo han apostado Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Burgos. La Junta se opuso con todas sus fuerzas pero no logró evitarlo.

En principio, todos deseamos que esta andadura para la nueva caja, aún sin nombre comercial conocido, sea exitosa y esto lo digo pensando principalmente en los clientes que tienen en ella depositados sus ahorros y en los empleados repartidos por toda la Comunidad, alejándome de esa expresión que gusta tanto a los políticos y empresarios-políticos de que lo importante es tener un músculo financiero fuerte en la Comunidad ya que a veces están pensando en su propio control y uso. Todo es importante pero con clientes asustados y recelosos y con empleados desanimados y pasotas no se hace nada.

Resulta evidente que esta nueva caja va a estar más controlada por los políticos de Castilla y León que el resto de entidades que han optado por el sistema de fusión fría, con otras cajas regionales. No cabe duda que aquellas que eligieron estar integradas en Caja Madrid, por poner un ejemplo, poco margen de maniobra van a tener desde el punto de vista de gestión pero siempre podrán decir, al menos por algún tiempo, que mantienen su marca histórica en la provincia. Una prueba importante de este control político de la Junta en la nueva caja la hemos tenido ya con el reciente acuerdo del PP y PSOE regionales de que don Evaristo del Canto sea el futuro presidente de la nueva entidad. No sé si recuerdan que este señor, siempre muy ligado a la Caixa de Pensiones, fue ya director general de Caja España entre 1999 y 2003, donde no dejó huella de buena gestión, creando tensiones internas innecesarias y que, además, durante su mandato se descubrió que un directivo muy ligado al señor Del Canto tenía en su poder un diskette conteniendo la lista de los compromisarios de la entidad, que son impositores con capacidad de voto, lo que es totalmente ilegal. De hecho, la UGT de León presentó varias denuncias en los juzgados. Don Evaristo acabó marchándose de Caja España con una buena indemnización y se volvió a su Caixa de Pensiones. Con este historial tan pobre y sospechoso parece que su rescate del olvido ha sido gracias al apoyo con que ha contando, entre otros, del consejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, hombre fuerte del PP regional, además de su ascendencia leonesa, que es un pedigrí imprescindible para llegar a ser alguien en la futura caja, visto desde las instituciones de dicha provincia. Me resulta imposible entender cómo el PSOE regional ha aceptado este nombramiento pero seguro que ha sacado alguna contrapartida para mí desconocida.

La situación de la nueva caja no es para tirar cohetes ni bajar la guardia, aunque la fusión le haya dado un margen mayor de maniobra. Su volumen de negocio no llega aún a los 50.000 millones, valor que se considera un tamaño mínimo necesario; sus ratios y calificaciones no son brillantes; hay que devolver las ayudas del FROB en un plazo de dos años, con sus intereses correspondientes; hay que consolidar un nuevo modelo empresarial y ajustar los equipos humanos además de reestructurar sedes, sistemas operativos y oficinas y, evidentemente, cerrar las heridas personales causadas en el proceso. Todo ello en un contexto de crisis económica importante y que durará algunos años. Por otro lado, tanto Caja España como Caja Duero han quedado muy tocadas en todo el proceso con una pérdida de clientes y recursos importantes, entre el 8% y el 11 %, como reconocía en su día el propio director general de Caja Duero y primer ejecutivo de la nueva entidad, Lucas Hernández.

Con este panorama tan complicado lo normal sería que los mensajes que lleguen a clientes y empleados sobre la nueva caja sean positivos y profesionales, tratando de alejar la idea de que los políticos siguen detrás moviendo los hilos de sus intereses, que no siempre coinciden con los de los clientes y empleados por mucho que hayan obtenido sus mayorías en elecciones democráticas. Dentro de las razones que han provocado la crisis que han sufrido casi todas las cajas de España, siempre se ha apuntado, entre otras, a los políticos por su presencia excesiva en órganos de gobierno que incluso ha obligado al Gobierno de la nación, apoyado por el PP nacional, a cambiar la Ley de Cajas.

¿Cómo interpretar este nombramiento de don Evaristo del Canto como futuro presidente de la nueva caja? ¿Qué pensarán los clientes y empleados? Personalmente creo que el enredo político sigue estando presente en la caja naciente y que los políticos no han aprendido que las cajas no son suyas sino de la sociedad, formada principalmente por sus clientes y empleados. ¿Cómo es posible que la Junta de Castilla y León, apoyada en este caso por el principal partido de la oposición, no haya aprendido a mantener una distancia prudencial frente a la nueva caja, buscando principalmente la profesionalidad e independencia de sus decisiones? Si ellos no han aprendido la lección al menos confío que la hayamos aprendido los clientes.

ANTONIO GALLEGO /MIEMBRO DEL FORO CIUDADANO DE ZAMORA

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