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CCOO Asepeyo
Mutuas: Las demandas de Conflicto Colectivo interpuestas por Comfia-CCOO son un hecho
La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras ha iniciado la interposición de las Demandas de Conflicto Colectivo por incumplimiento de Convenio contra las Mutuas de Accidentes de Trabajo cuyo proceso negociador, para la aplicación de los recortes salariales incluidos en el RDL 8/2010 de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit Público, ha finalizado sin acuerdo.
03-11-2010 - Del mismo modo, estas demandas se harán extensivas a las Mutuas que no han iniciado proceso negociador, o bien, lo están dilatando en el tiempo, manteniéndolo abierto de forma indefinida.
En definitiva, todas las Mutuas se verán afectadas, pues Comfia-CCOO iniciará actuaciones contra todo el sector y se adherirá a los procesos que hayan sido iniciados con anterioridad.
En las Demandas, Comfia-CCOO solicita a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que garantice el derecho de las personas que trabajamos en las Mutuas a percibir íntegramente el salario pactado en nuestros Convenios Colectivos.
Con carácter previo, y en consonancia con el auto emitido por la Sala el pasado 28 de Octubre, solicitamos el planteamiento de cuestión de Constitucionalidad contra los artículos 22,4 y 25 de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el Decreto Ley 8/2010, por vulnerar el derecho a la libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28,1 de la Constitución, en relación con el derecho a la Negociación Colectiva regulado en el artículo 37.1, así como contra de la Disposición Adicional Novena por vulnerar el derecho de igualdad.
¿Por qué en este momento?
Comisiones Obreras ha sido el único sindicato que se ha mantenido fiel al plan establecido, aplicando criterios de profesionalidad y siguiendo, paso a paso y de forma ordenada, todas y cada una de las acciones que había previsto y anunciado públicamente, sin caer en las tentaciones publicitarias del inminente proceso de elecciones sindicales que se avecina en el sector.
Los Gabinetes Jurídicos de los dos sindicatos mayoritarios se comprometieron a no iniciar acciones hasta que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se pronunciara sobre la cuestión de constitucionalidad solicitada en la Demanda contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, interpuesta por las dos organizaciones. Finalmente, el otro sindicato, optó por no respetar ese compromiso e intentar ofrecer una imagen de anticipación pero, lo cierto es que confirmar quien diseñó esta estrategia desde el primer momento, es muy fácil, solo hay que consultar las Hemerotecas.
El Auto emitido por la Sala el pasado 28 de Octubre, elevando la cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, permite iniciar las acciones de forma orientada y sin el riesgo de efectuar peticiones sobre cosa juzgada.
Este Auto, también contradice la posición mantenida por la Oficina del Defensor del Pueblo, cuya misión de estar al servicio de los ciudadanos volvería a quedar en evidencia si el Constitucional anulara los preceptos en cuestión.
Y ahora
¿Qué?
En Comfia-CCOO consideramos que plantear las demandas sin explicar públicamente qué podemos esperar de estas acciones no se correspondería con el compromiso que una organización sindical debe tener con los trabajadores y trabajadoras a los que representa, por este motivo, es conveniente que todos seamos conscientes de que, el camino que acabamos de iniciar, va a ser largo y complejo.
Lo normal, es que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional decida paralizar la tramitación de las demandas hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
Esto se produciría porque, a juicio de la sala, no seria posible examinar la petición principal de las demandas hasta que se determine la validez de los preceptos mencionados anteriormente, no siendo posible acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional.
Es decir, que pueden transcurrir varios años antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la validez de los artículos 22.4, 25 y Disposición Adicional Novena de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el Decreto Ley 8/2010 y, mientras tanto, los recortes salariales impuestos seguirán produciéndose, si bien, el inicio de las acciones judiciales interrumpe una presunta prescripción.
La Ley de PGE de 2011. Nueva Agresión
Mientras la Audiencia Nacional expresa serias dudas sobre la Constitucionalidad de los recortes salariales al personal laboral de la Administración General del Estado sometido a Convenios Colectivos, el Gobierno sigue erre que erre en sus ataques injustos e injustificados contra las personas que trabajamos en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 no solo mantiene el recorte salarial del 5%-8% sobre la masa salarial, sino que incluye varias disposiciones que pretenden limitar los incrementos salariales futuros, secuestrando por ley el derecho constitucional a fijar las condiciones salariales a través de la Negociación Colectiva.
El intento de introducir en una Ley de carácter técnico, como es la Ley General de la Seguridad Social, nuevos artículos referidos a condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, carece de precedente alguno en nuestro ordenamiento jurídico y confirma que la obsesión de algún pseudo servidor público contra las personas que trabajamos en estas Entidades es de un calibre tal como para forzar a introducir reformas, con calzador, en una Ley de Presupuestos del Estado.
Del mismo modo, se pretende reformar el régimen de reservas, dejando una única reserva de estabilización y remitiendo el resto de los resultados económicos positivos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esta reforma se pretende imponer sin pasar por la Comisión del Pacto de Toledo, aún cuando el Secretario de Estado de Seguridad Social asumió el compromiso de no iniciar ninguna reforma en este sentido sin el análisis y las recomendaciones de esta comisión parlamentaria.
Comfia-CCOO se ha dirigido a los distintos Grupos Parlamentarios exponiéndoles la agresión que estas medidas suponen para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, constatando que algunos de ellos han planteado enmiendas de supresión sobre las disposiciones señaladas.
La Negociación Colectiva en riesgo.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social continua presionando a AMAT y a las Direcciones de las Mutuas para que promuevan la salida del Convenio de Seguros y emprendan la negociación de un Convenio exclusivo para el sector de las Mutuas y sus Entidades y Centros Mancomunados.
Hace unos meses, se dirigió por escrito a la Patronal sugiriendo que vería con buenos ojos la negociación de un Convenio de Mutuas al estilo del Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado, con condiciones muy inferiores a las actuales.
Comfia-CCOO considera esta actitud una injerencia inaceptable en la capacidad de los legítimos representantes de trabajadores y empresarios en la fijación de sus relaciones laborales a través de la Negociación Colectiva, con los límites legales y presupuestarios que correspondan.
COMFIA CCOO Agrupación de Seguros
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