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Carlos Bravo: 'Esta reforma de pensiones no es necesaria y el Gobierno lo sabe'
Todo un especialista en Seguridad Social. Ha ocupado todas las responsabilidades en este área en la Confederación Sindical de CCOO, perteneciendo en la actualidad a su Comisión Ejecutiva. Defiende que "retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido".
Cuarenta y ocho años y treinta como afiliado a CCOO, en la Federación
de Servicio Financieros y Administrativos (Comfia). Licenciado en
Derecho y Geografía e Historia, trabaja en Caja Madrid desde 1979 y es
profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. En 1997 pasó a
desempeñar la responsabilidad en el Area de Planes y Fondos de
Pensiones de la Confederación Sindical de CCOO, siendo en la actualidad
miembro de su Comisión Ejecutiva como Secretario de Seguridad Social y
Previsión Social. Desde 2004 pertenece al Consejo Confederal de dicha
organización, el mismo año en que comienza sus trabajos la Comisión
Parlamentaria del Pacto de Toledo, siendo uno de los asesores sindicales
permanentes en esta materia de CCOO.
En la larga lista de trabajos y publicaciones de la que es autor,
destacamos su último trabajo editado por la Fundación 1º de Mayo: Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones [Descargar PDF].
¿Es necesario retrasar la edad legal de jubilación como reclama de manera insistente el Presidente del Gobierno?
No lo es y el Gobierno lo sabe. No hemos empezado ahora a hablar de
estas cosas. Los representantes del Gobierno han compartido nuestro
criterio hasta el 29 de enero de 2010 cuando lanzaron su propuesta.
También lo han hecho después de esa fecha, cuando parecía que podíamos
reconducir esta cuestión. Sin embargo en noviembre, tras el segundo
periodo de tensiones sobre la prima de riesgo de la deuda, han
recuperado esta cuestión de retrasar la edad legal de jubilación como si
fuera determinante para el sistema de pensiones. Por eso es más
irresponsable su comportamiento.
¿A quién afectaría esta medida y con qué intensidad?
Reduce el gasto en pensiones, sin tener en cuenta su impacto sobre
las personas que dependerá de cómo se formule. Si se retrasa sin más la
edad legal a 67 años, afecta al conjunto de cotizantes a la Seguridad
Social que tendríamos que retrasar en dos años la edad de jubilación,
con independencia de la implantación gradual que pudiera hacerse de esta
medida.
Más duro sería para el 60% de los mayores de 55 años que no trabajan
ni pueden hacerlo. Retrasar la edad legal de jubilación cuando es
difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un
contrasentido. Desconoce además las exigencias del trabajo en las
distintas profesiones o puestos de trabajo dentro de cada actividad.
¿Hay alternativas a esta medida?
Sí. Ya hemos pactado la instauración de sistemas de jubilación
flexible, que permiten adaptar la edad de acceso a la jubilación a las
situaciones personales: anticipándola desde los 61 años, con
coeficientes reductores de la pensión a percibir, retrasándola más allá
de los 65, con mejoras en la pensión a percibir, en ambos casos sin
costes adicionales. Esta es la alternativa que propugnamos, mejorar los
incentivos, hoy un 2-3% por año de actividad más allá de los 65, para
que aquellas personas que lo necesiten o lo deseen puedan continuar
trabajando.
Si los incentivos se incrementan, seguirá retrasándose la edad media
efectiva de acceso a la jubilación, hoy ya en más de 63, aumentando en
los últimos años. Incidir en esta fórmula reduce el número de años
medios a pagar pensiones pero con una distribución más justa.
¿Como afecta el sistema de pensiones a la actual crisis?
Nuestro sistema de pensiones no ha aportado ni un euro al actual
déficit público. No lo hará tampoco en los próximos años. Si
puntualmente necesitara recursos, como consecuencia de la destrucción de
empleo y el menor número de cotizantes, los tomaría de los 64.000
millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social.
Las reformas del sistema de pensiones no tienen impacto inmediato y
no sirven para sanear hoy las cuentas públicas. El mejor modo de
transmitir confianza es mostrar la voluntad de agentes políticos y
sociales españoles por una política de concertación en este terreno. El
acuerdo es posible si el Gobierno, no insiste en utilizar de forma
indebida el sistema de pensiones.
¿Es útil reformar las pensiones para evitar presiones sobre los tipos de interés de la deuda española?
Una reforma del sistema de pensiones no es condición, ni necesaria
ni suficiente, para evitar las tensiones sobre los tipos de interés de
la deuda española. Desgraciadamente aún imponiendo el Gobierno una
reforma no se eliminará ese problema.
La rueda de prensa del Presidente del Gobierno del último Consejo de
Ministros del 2010, en la que insiste en retrasar la edad legal de
jubilación a los 67 años, nos genera especial preocupación. Más aún
cuando, como se sabe, en estos días se están multiplicando los esfuerzos
por reconducir esta situación de manera acordada. Irrumpir con este
mensaje es una nueva irresponsabilidad.
Si las reformas del sistema de pensiones no son útiles, ¿cuáles
son las alternativas para abordar las tensiones que padece España sobre
los tipos de interés de la deuda pública?
La crisis económica propia española, al margen de la crisis
internacional, derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria es
responsabilidad de las políticas locales, pero también de mantener bajos
tipos de interés y de la necesidad de colocar excedentes de ahorro de
otros países en la demanda creciente de crédito en España que las
entidades financieras no limitaron, al contrario, y el Banco de España
no quiso, no pudo o no supo controlar. Este debería explicar porque,
pudiendo hacerlo, no evitó entre 2003-2008 que el endeudamiento externo
de las entidades financieras españolas se duplicara.
Parece necesaria una actuación concertada europea que impida la
presión país por país. Eso supone probablemente una reforma mayor del
Tratado, políticas fiscales y financieras más homogéneas, quizás una
reforma de los objetivos del Banco Central Europeo. En definitiva,
procesos complejos, mayor cesión de soberanía, y más control democrático
en la Unión.
Contrasta el aplazamiento a 2019 de las nuevas exigencias de
solvencia y capitalización que impondrá Basilea III a las entidades
financieras, con la rígida fecha de 2013 para que los estados miembros
cumplan con los criterios de convergencia en materia de déficit público,
deuda,
¿Necesitamos reformas en el sistema de pensiones?
Es un consenso establecido desde 1995 en el Pacto de Toledo, sus
renovaciones de 2003 y 2010 y que ha producido tres acuerdos en el
Diálogo Social y tres reformas legales a continuación.
Este compromiso debe mantenerse en el futuro, abordando los retos
propios que un sistema de pensiones como el nuestro, de reparto,
solidario y con criterios de redistribución intergeneracional,
interterritorial y entre personas de distintas rentas, debe asumir. Esos
retos son diversos pero el más significativo es el demográfico.
¿Las proyecciones financieras y demográficas que pronostican tensiones sobre el sistema de pensiones son ineludibles?
La única proyección demográfica que parece inexorable es el número
de pensiones a pagar en las próximas décadas. La razón es sencilla. Los
pensionistas de los próximos 40 años ya estamos aquí, son conocidos y
perfectamente determinables.
El resto de cuestiones: cuántas personas vivirán en España,
consecuencia de la evolución de la entrada de inmigrantes y de la tasa
de fecundidad en nuestro país; cuantas trabajarán; si la tasa de
actividad masculina y femenina se equipararán y cuándo; cómo serán
nuestros empleos, en cuanto a productividad, estabilidad,
remuneración,
; si la formación reglada y profesional influirán
positivamente sobre el mercado de trabajo y la calidad del empleo; qué
inversión pública y privada en I+D+i;
; son susceptibles de actuaciones
con tiempo y objetivos claros.
Lamentablemente, las propuestas del Gobierno en materia de
pensiones, y en otras, apuntan desconfianza sobre su capacidad y la de
la sociedad española para avanzar en esa dirección.
En este marco, ¿caben reducciones de cotizaciones sociales, aprovechando el superávit actual del sistema de pensiones?
Si el sistema de pensiones tiene que pagar pensiones a más personas
que además vivirán más, no debilitemos la estructura básica de ingresos
del sistema que son las cotizaciones sociales. Más cuando nadie
garantiza que su reducción por el superávit actual, será compensada con
elevaciones de tipos de cotización cuando sea necesario.
Algunos defienden esta tesis y propugnan sustituir cotizaciones
sociales por aportaciones del Estado. Es decir, transferir rentas del
trabajo, las cotizaciones sociales, a excedente empresarial y
compensarlas con impuestos que pagamos esencialmente las rentas del
trabajo. Si como se apunta, la financiación pública viniera de una mayor
imposición indirecta, también lo pagarían en mayor proporción quienes
dedican más renta relativa a consumo, las rentas medias y bajas.
Nuestro sistema de pensiones se financia con cotizaciones sociales.
Debe seguir así. El Estado garantiza las pensiones y cubrirá el déficit
que exceda del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cuanto menos
recurramos a esa garantía menos riesgo tendrán las pensiones de verse
afectadas por la coyuntura política o económica en cada momento.
¿Cómo es una reforma de pensiones equilibrada?
La que sigue la lógica de las tres que hemos pactado en los últimos
15 años. Reforzar la estructura de ingresos; su contributividad, es
decir la relación entre lo cotizado y lo percibido; su capacidad
redistributiva, actuando sobre bases de cotización máximas, mínimas,
pensiones mínimas y, como referencia de ellas, el salario mínimo
interprofesional, elevándose hasta los 800 euros, compromiso del
Gobierno hasta ahora incumplido, para llegar al 60% de los salarios
medios negociados, como prevé la Carta Social Europea.
Mantener el esfuerzo para evitar comportamientos de planificación
personal y abusos sobre el sistema de pensiones, legales y no imputables
a fraude sino a una mejorable regulación. Los mecanismos de cotización
de libre elección o con bases preestablecidas distintas de los salarios
reales en los distintos regímenes especiales, son buena prueba de ello.
En resumen reformas que refuercen los ingresos, en el corto, medio y
largo plazo; la justicia y equidad interna del sistema, mejorando la
protección social y evitando comportamientos adversos de planificación
personal.
¿Cree CCOO aún en un acuerdo o la confrontación, también en esto, es inevitable?
Apostamos por el acuerdo y hemos saludado las conclusiones en el
Pacto de Toledo, aún lamentando que carezcan de la unanimidad de todas
las fuerzas de la izquierda parlamentaria. Vamos a trabajar hasta el
último momento por reconducir las propuestas del Gobierno, que se
apartan de las que ha suscrito en el Congreso sólo 24 horas después de
hacerlo, hacia un escenario de renovación del Acuerdo a través del
Diálogo Social.
Si el Gobierno mantiene la utilización indebida del sistema de
pensiones, imponiendo una reforma que retrase la edad legal de
jubilación a 67 años al conjunto de la población trabajadora,
iniciaremos un proceso creciente de movilizaciones sin descartar medida
alguna.
Ese es el escenario en que trabajamos. Esperamos y exigimos del Gobierno la responsabilidad que la situación exige.
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Retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido.
La alternativa que propugnamos es mejorar los incentivos, hoy un 2-3% por año de actividad más allá de los 65, para que aquellas personas que lo necesiten o lo deseen, puedan continuar trabajando.
Si los incentivos se incrementan, seguirá retrasándose la edad media efectiva de acceso a la jubilación, hoy ya en más de 63. Incidir en esta fórmula reduce el número de años medios a pagar pensiones pero con una distribución más justa.
Nuestro sistema de pensiones no ha aportado ni un euro al actual déficit público. No lo hará tampoco en los próximos años.
El mejor modo de transmitir confianza es mostrar la voluntad de agentes políticos y sociales españoles por una política de concertación en este terreno. El acuerdo es posible si el Gobierno, no insiste en utilizar de forma indebida el sistema de pensiones.
El Banco de España debería explicar porque, pudiendo hacerlo, no evitó entre 2003 y 2008 que el endeudamiento externo de las entidades financieras españolas se duplicara.
Contrasta el aplazamiento a 2019 de las nuevas exigencias de solvencia y capitalización que impondrá Basilea III a las entidades financieras, con la rígida fecha de 2013 para que los estados cumplan con los criterios en materia de déficit público, deuda,
La única proyección demográfica que parece inexorable es el número de pensiones a pagar en las próximas décadas. La razón es sencilla. Los pensionistas de los próximos 40 años ya estamos aquí, son conocidos y perfectamente determinables.
Si el sistema de pensiones tiene que pagar pensiones a más personas que además vivirán más, no debilitemos la estructura básica de ingresos del sistema que son las cotizaciones sociales.
Una reforma equilibrada debe reforzar la estructura de ingresos y su contributividad, la justicia y equidad interna del sistema, y mantener el esfuerzo para evitar comportamientos de planificación personal y abusos sobre el sistema de pensiones
Vamos a trabajar hasta el último momento por reconducir las propuestas del Gobierno, que se apartan de las que ha suscrito en el Congreso
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