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Tribuna en "EL Economista"
José María Martínez López: Reestructuración de cajas, cuando las olas rompen en alta mar
Con la incorporación de Cajasol a Banca Cívica se cierra la primera fase de la reestructuración del sector financiero en España, que ha afectado principalmente a las cajas de ahorros.
Una reestructuración que, por número de entidades, personas afectadas y
volumen de activos sólo es comparable con la que afectó a más de 50
bancos en España en los años 80 y 90.
Tras aquella experiencia, se comprendió que eran imprescindibles los
Fondos de Garantía de Depósitos, una regulación supervisora anticíclica y
la anticipación de movimientos de consolidación para que una crisis
financiera no se transmitiera directamente al resto de la economía.
También se aprendió que las reestructuraciones se tienen que hacer con acuerdos laborales.
Sin embargo, en la presente crisis, la falta de reconocimiento a tiempo
de la gravedad de la situación por parte del Gobierno y la actitud
diletante del Banco de España han puesto en riesgo no sólo todo lo
aprendido, sino la misma viabilidad y existencia del modelo social de
cajas de ahorros.
El instrumento utilizado está siendo el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (Frob) como vía para financiar tanto el incremento de
los recursos propios como los costes de reestructuración, pues dicho
fondo impone una triple condición. A) Se trata de préstamos a devolver
en un máximo de cinco años; B) a un tipo de interés mínimo del 7,75 por
ciento, con lo que se equipara al coste de capital de cualquier otra
entidad financiera privada; C) se condiciona su aplicación a que se
produzca una consolidación de entidades, reducción de empleo, reducción
de redes y de costes de transacción.
Así pues, estamos ante una reconversión industrial en toda regla que se
está llevando a cabo en un tiempo récord, con responsabilidad y con
sentido de Estado, pues a pesar de nuestra distancia con el método, esta
reforma es una de las imprescindibles para desatar el nudo de la crisis
económica.
La principal tarea del sindicato es proteger a quienes se han de ir y a
quienes se quedan mediante un compromiso intergeneracional. A la vez que
colaborar con la viabilidad futura de las empresas resultantes para que
cumplan con una de sus principales funciones sociales: dotar de crédito
a la economía.
Quienes se van, se merecen una salida digna. Llevan, de media, más de 30
años en la empresa, y no pueden ser los paganos de los errores de
otros. Y hacen sus esfuerzos.
El salario de prejubilación cubre un 75-85 por ciento del salario bruto,
que alcanza rentas disponibles cercanas al 95 por ciento del salario
neto por circunstancias fiscales coyunturales (exención fiscal de los
primeros 45 días por año trabajado en las extinciones de contratos y por
la exención del 40 por ciento del capital en el caso de cobrar las
indemnizaciones de una vez al ser reconocidas como rentas irregulares).
Accederán a pensiones menores al cien por cien de su base reguladora,
máxime con los cambios normativos que se avecinan, pese a contar con
carreras de cotización cercanas a los 45 años en muchos casos.
Frente a quienes mezclan todos los debates y tratan de confundir al
personal, hay que decir alto y claro que no se produce una sangría del
sistema público de pensiones, pues se sigue financiando éste hasta los
64 ó 65 años de edad con el mantenimiento de las cotizaciones. Y el
coste para el Inem es de 26.000 euros mínimo por persona, que son las
prestaciones y sus cotizaciones a las que tienen derecho cualquiera de
las personas cuya extinción de contrato se deriva de un ERE. Derecho que
se genera contributivamente, esto es, a través de cotizaciones
laborales y empresariales.
Se podrá decir que es la primera vez que de forma generalizada se ha
recurrido a ERE en el sector financiero. Y es casi verdad. En las
anteriores fusiones bancarias primó un principio de máxima solvencia.
Así, los beneficios extraordinarios que generaba la actualización de
balances derivados de la fusión, en vez de aflorar y tributar con el
impuesto de sociedades, se destinaban a reservas. Y contra esas reservas
se cargaban los costes de reestructuración, ahorrándose al Estado las
prestaciones de desempleo en compensación al coste de oportunidad de la
renuncia a una mayor recaudación fiscal. Hoy, eso no es posible,
fundamentalmente porque no se puede cargar contra reservas dichos costes
de reestructuración.
Los esfuerzos que hacen los que se van han de facilitar la viabilidad de
la empresa futura para los que se quedan, ahorrando costes de futuro
(en torno a un 20 por ciento de los actuales).
¿Será suficiente todo este esfuerzo? En Comfia-CCOO estamos haciendo
todo lo posible, 13 acuerdos laborales nos avalan. Intuimos que sólo es
una primera fase. Que en la siguiente entrarán en juego otras cajas, de
las más solventes, que se han quedado fuera de esta primera ronda y que
estarán al quite ante nuevos acontecimientos. También otros bancos,
sobre todo los llamados medianos. Quien sabe si mediante operaciones
mixtas, ahora que las cajas van a desarrollar su actividad a través de
bancos, ya sean SIP o no.
Nos gustará más o menos el cómo, pero sabemos que en mitad de esta
Tormenta perfecta, ni se puede navegar en la cresta de la ola, ni
aspirar a romperla ni sobrepasarla, quizá sólo surfearla esperando que
no nos rompa encima y se pierda el barco, la carga, las inversiones que
ya se hayan hecho descontando la carga y. sobre todo, la tripulación.
Pensamos que si algunas entidades no pudieran devolver las ayudas Frob,
su nacionalización sólo sería un breve tránsito hacia su
desamortización. Llegados a este punto, este país debería reflexionar y
valorar lo que supondría que una de nuestras principales industrias
pasara a tener sus centros de decisión en Francfort? o en Shanghai.
José María Martínez López. Secretario General de COMFIA-CCOO.
