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La Audiencia Nacional duda de que aplicar los recortes salariales del 5% y el 8% en las Mutuas sea Constitucional
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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha emitido un Auto en el que eleva al Tribunal Constitucional cuestión de constitucionalidad contra el RDL 8/2010 de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit Público, por incluir la aplicación de los recortes salariales del 5% y el 8% para los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, sus Centros y Entidades Mancomunadas, avalando así las tesis defendidas por los sindicatos demandantes UGT y CCOO.
La Sala considera, de forma unánime, que la aplicación de dichos recortes salariales deja vacío de contenido el derecho a la negociación colectiva ejercido por los sindicatos CCOO y UGT al fijar, a través del Convenio Colectivo General, de ámbito Estatal, para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de AT y EP, las condiciones económicas aplicables para 2010 y 2011 para las personas que prestan servicios en las Mutuas.
La Audiencia Nacional considera que existen dudas sobre la constitucionalidad del redactado de los artículos 22,4 y 25 de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el Decreto Ley 8/2010, pues podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28,1 de la Constitución, en relación con el derecho a la Negociación Colectiva regulado en el artículo 37.1.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional deja claro, en repetidas ocasiones, que las Mutuas son entidades privadas según el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, que su vinculación con el sector público es meramente instrumental, que su financiación no depende de los presupuestos generales del estado y que las personas que trabajan en ellas no son personal al servicio de la Administración General del Estado.
Del mismo modo, la sala plantea que la regulación de la Disposición Adicional Novena podría afectar al contenido esencial del derecho de igualdad, regulado en el artículo 14 de la Carta Magna, al establecer un trato favorable a los trabajadores de los entes públicos RENFE, ADIF y AENA, frente a los de las Mutuas.
Ambos preceptos son aplicables a la demanda de conflicto colectivo presentada contra Fraternidad-Muprespa por incumplimiento de convenio colectivo, y el fallo depende de su validez, no siendo posible, a juicio de la sala, acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional. Esto justifica que la Sala decidiera, por propia iniciativa, elevar cuestión de constitucionalidad referida específicamente a las particularidades de este tipo de Entidades.
Es preciso recordar que queda mucho camino por recorrer, pues la cuestión principal queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre su admisión a trámite y posterior resolución, pudiendo esta dilatarse en el tiempo.
El resto de las Mutuas demandadas quedarán vinculadas a la sentencia, al haber alcanzado las partes acuerdos en este sentido.
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