En vísperas de que la institutriz Merkel se acercara a revisar cómo llevamos los deberes, el Gobierno Zapatero decidía asestar el golpe de gracia a las cajas de ahorro. Arguyen que son una antigualla que lastra la credibilidad del sistema financiero español en el exterior, donde los tenebrosos 'mercados' no se fían de su solvencia. Puede que lo último sea cierto, pero no justifica que se privaticen a toda prisa unas instituciones centenarias que han jugado una importante función social redistributiva. Su necesidad de capitalización no obliga forzosamente a transformarlas en bancos. La verdadera razón es que el poder financiero no podía consentir que unas instituciones sin ánimo de lucro coparan el 50% del mercado español. Y han visto en la crisis la ocasión pintiparada para quitarse de en medio tan molesto competidor.

En la última reforma de la Ley de Cajas, la entrada de capital privado se contempló como una medida opcional para facilitar esa capitalización. Hasta que de pronto se dictan unas condiciones que obligan a la 'bancarización'. Una brusca vuelta de tuerca que ha cogido especialmente desprevenidas a las pocas cajas, como la nueva de Castilla y León, que mantenían intacto su estatus jurídico tradicional. Ello con el monumental palmo de narices de los políticos que impusieron su fusión con el pretexto de fortalecer el 'músculo financiero' de la comunidad.

La verdad es que, una vez infectadas hasta la médula por el virus inmobiliario, el saneamiento de las cajas de Castilla y León era absolutamente incompatible con ese quimérico objetivo político. Si se apostaba por alianzas interregionales selladas mediante un SIP, como han hecho las cajas de Burgos, Ávila y Segovia, se esfumaba la soberanía de ellas. Hoy Caja Ávila y Caja Segovia representa una cuota ínfima en el Banco Financiero y de Ahorros que preside Rodrigo Rato. Y Caja Burgos y Caja Círculo son minoritarias en sus respectivos grupos, abocados además a segundos procesos de fusión.

Si se optaba por fusionar cajas de la misma comunidad, el solapamiento de oficinas conllevaba un alto coste social y financiero. Y en el caso de Caja España y Caja Duero, era evidente que la suma de dos cajas con problemas solo podía dar lugar a una caja el doble de grande con el doble de problemas, agravados además por el crédito (525 millones) solicitado para poder financiar el coste intrínseco de la fusión. Llegados a este punto, si algo está claro es que España-Duero no podrá sobrevivir en solitario y menos aún sin perder la virginidad como caja. Y a la Junta y a sus compañeros de fatigas en esta desventurada travesía, los socialistas de Castilla y León, solo les queda decidir a quién prefieren entregar la nueva caja. Las opciones no son muchas. Lo más natural, política, social y territorialmente, sería echarse en brazos de Caja Madrid, donde además España y Duero se reencontrarían con Segovia y Ávila (ni pensar quiero lo que se iban a reír los dirigentes del PP en estas dos últimas provincias).

Otra posibilidad sería vender el alma a La Caixa. Puede parecer 'contra natura', pero si la política hace extraños compañeros de cama, no digamos si se trata de finanzas y hay afinidades confesionales por medio. Y la tercera opción sería dejar el futuro al albur de la 'nacionalización' parcial, que en la práctica no sería más que un paso previo a su venta a algún banco, una vez capitalizada con dinero público.

A la postre, el resultado vendrá a ser el mismo. La 'gran' Caja de Castilla y León se diluirá dentro de un grupo bancario, que no tendrá mas compromiso territorial que el de mantener una diezmada obra social reducida, en el mejor de los casos, a la mitad de lo que ha sido. En eso va a quedar el cacareado 'músculo financiero'.

PEDRO VICENTE