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La ordalía de las cajas
«Si queremos estar seguros de que el dinero de los ahorros de Castilla y León se quede aquí, más nos vale seguir teniendo una gran caja
Ordalía o juicio de Dios era la terrible prueba a la que
sometían a los acusados de brujería o herejía en la Edad Media.
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La rendición de cuentas no debe seguir siendo uno de los
puntos débiles de las cajas de ahorros. Si queremos que las reformas
estructurales, incluyendo las del sector financiero, sirvan para algo,
debemos resolver los problemas. Ahora que por fin parece llegado el
momento de la verdad, que se exprese con luz y taquígrafos: cuánto
pueden suponer las prejubilaciones millonarias de los gestores de la
precrisis, quiénes dejaron los pufos más gruesos en el saldo negativo, y
quién nunca-nunca debe volver a participar en el gobierno de estas
entidades.
Ordalía o juicio de Dios era la terrible prueba a la que
sometían a los acusados de brujería o herejía en la Edad Media. Se les
obligaba a poner la mano sobre el fuego, en aceite caliente o agua
hirviendo, y solo los que sobrevivían a tan brutal experimento eran
dados por puros y amnistiados (el resto pasaban a la hoguera). En
realidad, quemarse todos se quemaban porque no hay encarnadura capaz de
resistir temperaturas de más de cien grados. La diferencia entre unos y
otros era su capacidad de recuperarse a tan duro trance, librándose
únicamente los organismos privilegiados que más pronto sanaban.
Mucho hemos avanzado desde entonces, aunque todavía hoy
parece haber aficionados a las muestras extremas de pureza. A mí, el
anuncio de la vicepresidenta económica del Gobierno de exigir en un
plazo de seis meses un 10% de capital básico a las entidades financieras
-particularmente, las cajas de ahorros - me ha recordado las ordalías,
porque como entonces se van a quemar todas, aunque quizás algunas
consigan curar sus heridas en breve tiempo, mientras otras irán directas
a la lumbre a espiar unos pecados que son los propios de la economía
española de los últimos quince años.
La exposición al ladrillo, ese es el problema número uno
de las cajas de ahorros, cuya imagen de solvencia se ha visto
deteriorada a resultas de los créditos afectados por el estallido de la
burbuja inmobiliaria. Y ¿quién tiene la culpa de esto? Pues
Fuenteovejuna, claro, porque aunque algunos más, toda la sociedad
española se benefició en el corto plazo del boom de la construcción:
cientos de miles de trabajos, incremento del valor de las propiedades,
ingresos extraordinarios que permitieron a los ayuntamientos hacer obras
y sufragar nuevos servicios, etcétera.
¿Qué decir de Castilla y León? Caja España-Caja Duero es
el resultado de muchos esfuerzos por la convergencia, y cuando parecía
que los deberes estaban medio hechos llega el anuncio de exigir un grado
de solidez financiera superior al marcado por Basilea III (la reforma
financiera global que marca imposiciones de core capital menores que las
indicadas por el Gobierno español) y se produce un sobresalto general
al que por desgracia ya estamos acostumbrados. Nuestra caja regional por
excelencia necesitaría alrededor de 1.000 millones, o de lo contrario
perdería su naturaleza.
El Consejero de Economía ha anunciado la máxima
perseverancia, pero este nuevo esfuerzo no debiera hacerse sin
contraprestaciones y renuncias de todos los actores del proceso, y la
primera exigencia que debiera imponerse es la plena transparencia, de
forma que cada contribuyente de la comunidad autónoma pueda saber, como
cada depositario, cuánto ganan los responsables de la caja, quién ha
tomado decisiones que han ocasionado pérdidas, y quiénes fueron los
beneficiarios de los créditos que han puesto a la caja en la situación
en la que ahora se encuentra.
La rendición de cuentas no debe seguir siendo uno de los
puntos débiles de las cajas de ahorros. Si queremos que las reformas
estructurales, incluyendo las del sector financiero, sirvan para algo,
debemos resolver los problemas. Ahora que por fin parece llegado el
momento de la verdad, que se exprese con luz y taquígrafos: cuánto
pueden suponer las prejubilaciones millonarias de los gestores de la
precrisis, quiénes dejaron los pufos más gruesos en el saldo negativo, y
quién nunca-nunca debe volver a participar en el gobierno de estas
entidades.
También es necesario disponer de un Plan B, tal y como
están las cosas. Y no creo que las alternativas sean ni la de un banco
público, ni la de una absoluta privatización. Quizás sí una forma de
banco mixto, pero para llegar a ese resultado mejor seguir siendo una
caja, porque solo bajo esa veste es posible mantener la existencia de un
'sistema financiero autonómico', con competencias 'exclusivas' de
Castilla y León, alineado así con los objetivos de inversión en los
intereses económicos estratégicos de la comunidad, tal y como establece
el Estatuto de Autonomía.
En fin, que si queremos estar seguros de que el dinero de
los ahorros de Castilla y León se quede aquí, más nos vale seguir
teniendo una gran caja, porque de lo contrario careceremos de
herramientas para favorecer ese resultado. Defender el estatuto de las
cajas, de la Caja en este caso, no es solo abogar por el mantenimiento
de la obra social, o discutir que el único modelo financiero posible
deba ser el de los tiburones financieros de la globalización
(curiosamente, los que casi matan la gallina de los huevos de oro del
capitalismo con su avaricia sin límite).
Romper una lanza por el sistema financiero autonómico,
reflejado en la existencia de una caja de ahorros de Castilla y León, es
defender ahora mismo la posibilidad de que quienes vivimos y trabajamos
en esta tierra podamos decidir poner nuestros ahorros y dirigir las
inversiones hacia una entidad que tenga entre sus principales
compromisos reinvertir sus recursos en fines regionales: obra social,
crédito a las pymes, mantenimiento del tejido industrial y valorización
de nuestra riqueza. Si se hace bien, yo abro una cuenta, pero primero
que lo expliquen.
RICARDO RIVERO ORTEGA | PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RICARDO RIVERO ORTEGA | PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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