Archivado en
Día Internacional de la Salud y la Seguridad en Trabajo
Como cada año, los sindicatos conmemoramos el 28 de abril con un doble objetivo: un recuerdo y reconocimiento a las personas que han perdido su vida y salud en el trabajo bajo unas condiciones inadecuadas y, precisamente por ello, una jornada para poner en evidencia que los daños derivados del trabajo son evitables, y que los empresarios y poderes públicos tienen grandes responsabilidades en su prevención
Este año, caracterizado por los duros efectos de la crisis económica que
venimos padeciendo desde finales de 2007, se ha cobrado día a día
importantes cifras de destrucción de empleo y se ha alimentado de los
recortes en los derechos de los trabajadores y la precarización de las
relaciones laborales. Las reformas realizadas por el Gobierno de España
colocan a los trabajadores y trabajadoras en una situación más precaria,
frente al mayor poder del que dota a los empleadores.
La
necesidad de crear empleo propicia que otras obligaciones o deberes para
con los trabajadores cedan en importancia. El estímulo a la creación de
empleo y riqueza contribuye, en cierta manera, a que las autoridades
sean más laxas al exigir el pago de sanciones por infracciones o que los
controles sean menos exigentes.
Las reformas legales y el
impulso de las medidas preventivas desde la entrada en vigor de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y de los de programas nacionales o
territoriales para el estudio y control de los daños del trabajo, han
propiciado el descenso continuado de los índices de siniestralidad.
Pero
hay que tener en cuenta que durante los últimos dos años, con la
crisis, ha disminuido la intensidad de mano de obra en sectores de mayor
riesgo y accidentalidad, a la vez que se ha expulsado del mercado a los
trabajadores temporales o que reforzaban las demandas en momentos de
mayor intensidad de trabajo. Todo ello contribuye al descenso en las
cifras de daños, pero no nos puede llevar a bajar la guardia; las
circunstancias de un momento de baja productividad no nos pueden hacer
confundir la perspectiva y que tengamos la idea de que se ha ganado la
batalla frente a la siniestralidad. Siguen registrándose cifras elevadas
e inaceptables de accidentes y enfermedades profesionales.
En
España fallecen cada día 2 trabajadores como consecuencia de su
actividad laboral, 13 sufren un accidente de trabajo grave durante su
jornada y 1.503 un accidente leve. Igualmente, cada día 46 personas son
víctimas de una enfermedad profesional en España. Todo ello sumado a un
creciente subregistro de enfermedades y ocultación de daños. Por tanto,
sin un sistema bien asentado de prevención, con la implicación de todos
los partícipes, no obtendremos unos resultados donde la ausencia de daño
sea el objetivo de excelencia.
No es concebible que la
declaración de enfermedades profesionales con baja haya disminuido en
paralelo a la caída de los accidentes, ya que en el caso de las
enfermedades, desde la exposición a los efectos, existe un periodo de
latencia de años, por lo que no se puede manifestar un resultado tan
evidente de descenso en tan corto espacio de tiempo tras la exposición.
Cuanto más si tenemos en cuenta que las enfermedades profesionales sin
baja, es decir sin coste, han aumentado enormemente.
Tampoco es
de recibo que la epidemia de los expuestos al amianto quede silenciada
en el duelo de las familias que pierden a sus miembros sin que exista
una compensación, un reconocimiento, una acción colectiva y un trabajo
serio y en profundidad para poner coto a este problema de salud pública y
tratar adecuadamente a las víctimas, cuyo único "delito" fue convivir
con unas materias y sustancias que fueron minando su integridad física.
Lo mismo que con los enfermos por el amianto ocurre con los cánceres
laborales, la sensibilización por exposición a químicos
Pese a que
desde Sanidad se reconocen más de 12.000 muertes anuales por cánceres
profesionales, la falta de registro y conocimiento exhaustivo de sus
causas hace que la prevención y reducción de este tipo de morbilidad
sean muy difíciles.
Las malas condiciones de trabajo están
privando de calidad de vida a los expuestos, que ya no sólo se ciñen a
los trabajos en sectores conocidos como la minería, sino que han
aflorado más casos en otros ámbitos, como la construcción, la
manufactura industrial y otros. Las hipoacusias o sorderas
profesionales, los problemas osteomusculares, son dolencias físicas que
castigan inexorablemente a los trabajadores y trabajadoras, y que deben
ser objeto de atención prioritaria por los poderes públicos.
Hoy
día se tiene consciencia de otros daños que, aunque denominamos
emergentes, siempre han acompañado al ser humano en su actividad
productiva, los denominados riesgos psicosociales: trabajo a turnos,
ritmos de trabajo a demanda, la competitividad, la retribución por
objetivos, la precariedad y alta rotación en los empleos, la falta de
seguridad en los puestos de trabajo, el desempleo
Todos modelos de
empleo y de organización del trabajo que propician que las empresas sean
caldo de cultivo de "agentes patógenos" que producen enfermedades como:
el estrés, la fatiga crónica, el envejecimiento prematuro, el síndrome
del quemado o la violencia en el trabajo.
El objetivo de crear
empleo para dar trabajo al mayor número de personas activas que carecen
de una ocupación remunerada, no nos puede llevar a bajar la guardia.
Aunque dicho objetivo es inaplazable, también lo es el garantizar que
quien va al trabajo vuelva en las mismas condiciones físicas y psíquicas
en las que fue; es más, el trabajo ha de servir para que las personas
satisfagan sus necesidades de forma digna y razonable. Para ello, las
condiciones de trabajo han de permitir la participación constante y la
manifestación permanente de los aspectos de mejora por parte de quien
realiza la actividad productiva, con el fin de aumentar la seguridad.
Gaceta Sindical Especial 28 Abril