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Toxo y Méndez remiten una carta al presidente del Gobierno ante la gravedad de la situación económica española y europea
Ante los nuevos datos que ponen de manifiesto la gravedad de la situación económica española y europea, y ante las decisiones de carácter económico y laboral que va a adoptar el Consejo de Ministros, mañana viernes, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han decidido remitir una carta el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que manifiestan la conveniencia de "adoptar decisiones en una serie de apartados que puedan mejorar las condiciones para dinamizar el ritmo de actividad de la producción española con una distribución de los esfuerzos más equilibrada entre la población".
La carta de los secretarios generales de CCOO y UGT dice así:
La
generación de empleo en el centro de la política económica
La economía
española mantiene un débil pulso de actividad insuficiente para generar empleo,
el principal problema de nuestra sociedad. En un contexto de incertidumbre
internacional con un fuerte endeudamiento de las familias y empresas españolas
donde además, el crédito está muy bloqueado debido a la necesidad de
capitalización del sistema financiero español, es conveniente adoptar decisiones
en una serie de apartados que puedan mejorar las condiciones para dinamizar el
ritmo de actividad de la producción española con una distribución de los
esfuerzos más equilibrada entre la población.
La economía española debe
aprovechar todas las bazas disponibles para mejorar su cuota de mercado nacional
e internacional, y con ese objetivo es imprescindible conseguir un estricto
control de los precios de los bienes y servicios nacionales. La experiencia
muestra la existencia de núcleos de gran importancia donde el crecimiento de los
precios es muy superior al valor añadido ofrecido por los productores, con la
consiguiente contaminación de todo el proceso de determinación de los precios en
el resto de los sectores de actividad. Este comportamiento sostenido durante
muchos años atrás, supone un lastre importante en la actual situación.
Teniendo en cuenta, además, que la dependencia externa de los precios
energéticos condiciona en buena medida las posibilidades de adaptación de la
economía española, la evolución razonable de los precios españoles debe contar
con la colaboración de todos los agentes económicos con influencia en el
proceso. Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento
como el establecido en el actual AENC con una extensión a un periodo temporal
más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente, si no está
acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales
y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y
mejorar el tejido productivo español.
La ampliación del periodo temporal
se plantea con estos criterios pero necesita como elemento previo el desbloqueo
de la negociación colectiva que permita suscribir los convenios correspondientes
a 2011 de acuerdo a lo recogido en el Acuerdo en vigor. Este retraso en los
convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, en un
contexto de incremento de precios (la tasa interanual está por encima del 3%,
mientras el incremento salarial revisado se sitúa en el 2,2% y en el 1,6% en los
convenios nuevos), lo que mermará aún más las posibilidades de reactivación
económica a través de la todavía lejana recuperación de la demanda interna. En
la misma línea, se debe cumplir con el acuerdo suscrito por el Gobierno que
atañe a los empleados públicos.
El objetivo de mejorar la competitividad,
a corto plazo, de la economía española, unido a la mejora del valor añadido en
el horizonte más amplio de tiempo, debe caminar al lado de una recapitalización
rápida del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito
que permitan financiar los gastos de explotación y las nuevas inversiones de las
empresas.
El control de precios juega un papel determinante en el
terreno competitivo de las mercancías españolas, pero es especialmente
importante alcanzarlo en algunos bienes que tienen mucha influencia en la
capacidad adquisitiva de las rentas más bajas: energía, transporte público y
alimentos. El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso,
mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo
de tiempo.
Las cuentas públicas españolas están inmersas en un proceso
de saneamiento para cumplir con las obligaciones de pertenecer a la moneda
única, que obliga a reducir el actual saldo negativo de las administraciones
públicas. Para conseguirlo es preciso acometer reformas para mejorar el uso de
los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y la
reducción de duplicidades entre administraciones, pero a la vez, es
imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto
adecuado a las necesidades del país. Los compromisos de austeridad se concretan
en alcanzar saldos sostenibles no en la mera reducción de la presencia del
sector público en la economía, tal y como muestran las cifras de los países más
desarrollados que cuentan con ingresos fiscales muy encima de los españoles (la
media de la UE27 en 2010 era más de 6 puntos del PIB superior a la de
España).
La lucha contra el fraude debe convertirse en seña de identidad
de todas las administraciones públicas para mejorar la cultura fiscal española,
pero este cambio debe estar acompañado de modificaciones en figuras tributarias
para aumentar las aportaciones de determinadas fuentes y niveles de renta. Entre
las múltiples iniciativas cabe destacar: implantación de los anteriores tipos de
gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modificaciones en el sistema de estimación objetiva de las rentas de
actividades económicas dentro del IRPF, implantación de una tarifa progresiva
entre 15% y 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en
el IRPF e, igualación del tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto
de Sociedades mediante eliminación de las deducciones fiscales dentro de un
proceso de mayor control de la tributación en este impuesto.
La
racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público
español desplegar la necesaria presencia en los distintos ámbitos de las
relaciones económicas, con especial hincapié en las políticas de protección a
las personas en peor situación (desempleo y peligro de exclusión social) y la
población jubilada que no debe sufrir recortes en su poder adquisitivo, más
injustificados si cabe al observar la posición financiera del segmento
contributivo de la Seguridad Social.
El acceso a la vivienda con un
precio razonable sigue siendo uno de los retos de la sociedad española, de forma
que reducir las actuales deficiencias colaborarían a mejorar el poder
adquisitivo de las personas. En este terreno es muy necesario abordar una
política ambiciosa de desarrollo del alquiler mezcla de incentivos a la puesta
en mercado de las viviendas desocupadas (aumento de la tributación en el IRPF a
los propietarios) y garantía de la propiedad, mediante los correspondientes
avales sobre la recuperación de la vivienda al final del plazo, y la
bonificación a los inquilinos según su nivel de renta para mejorar su solvencia.
El fracaso de la política aplicada en las dos últimas décadas hace necesario
reflexionar para no caer en los mismos problemas. Una política diferente con las
características enunciadas puede reducir el precio de un bien básico, la
vivienda, mediante la ampliación de la oferta de vivienda y dinamizar este
mercado, incluso con la posibilidad de uso de los amplios stocks de las
entidades financieras.
La política económica del país tiene que estar
dirigida en su totalidad a crear empleo con esfuerzos equilibrados para evitar
que las personas en peor situación asuman el mayor coste de una crisis tan
profunda y compleja. La contratación a tiempo parcial puede ser una herramienta
para mejorar la creación de empleo, pero en ningún caso se debe pervertir su
filosofía para utilizar este contrato como principal mecanismo de entrada sin
contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección
social de los trabajadores.
El empeño de generar empleo se debe redoblar
para los jóvenes, quienes sufren el paro de forma especialmente intensa. La
mejora de sus posibilidades debe estar apoyada en la educación, pero también en
la formación específica demandada por el tejido productivo español. Con este
propósito, conviene introducir modificaciones para acercar el modelo español al
aplicado en otros países más desarrollados donde se combina la formación
profesional con las prácticas remuneradas en las empresas.
Al mismo
tiempo que la generación de empleo debe ser el objetivo principal, se debe
garantizar la protección de los desempleados, pues la pérdida de empleo es una
de las causas que acercan a la pobreza y a la exclusión social. La preocupante
caída de la tasa de cobertura (que se sitúa en el 70,2%, es decir 8,1 puntos por
debajo de la del año anterior) por el alargamiento de la crisis (lo que provoca
que se estén agotando las prestaciones contributivas y las ayudas familiares, en
un entorno de baja creación de empleo), hace imprescindible mantener al menos
los mecanismos de protección.
