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El Fogasa al borde del colapso.
CAJA BADAJOZ. FOGASA
Las decisiones y la falta de voluntad del gobierno, hacen que el abono de prestaciones sufran gran retraso.
La actual coyuntura española, generada por la crisis económica y financiera, ha agravado la situación del Fondo de Garantía Salarial, suponiendo un aumento importantísimo del volumen de peticiones de prestaciones. No hay que olvidar que la misión fundamental de este organismo es el abono, a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, de los créditos salariales e indemnizatorios pendientes de pago por la declaración de insolvencia o concurso de las empresas que se los adeudan, situaciones que han aumentado significativamente durante la crisis, triplicando e incluso cuadruplicando la actuación de las unidades administrativas.
A pesar del esfuerzo que viene desempeñando la escasa plantilla del Organismo, apenas 400 trabajadores/as en todo el territorio español, los expedientes pendientes en la actualidad superan los 68.000, afectando a 125.000 personas que, en tanto no se tramiten, no pueden percibir los salarios e indemnizaciones por despido, devengados y no pagados por sus empresas. La carga de trabajo pendiente en este apartado es superior a la actividad que desarrolló el FOGASA a lo largo de todo el ejercicio 2008.
Los tiempos medios de tramitación superan los 6 meses, cuando por imperativo legal no deben superarse los 3, esta situación tiene como consecuencia que, siendo el silencio administrativo positivo, conlleva el devengo de intereses de demora, así como la estimación de derechos por silencio administrativo, generando un significativo perjuicio a la hacienda pública. El Fogasa debiera participar en miles de procedimientos concursales, de media, más de 1.000 por letrado, a la vez que es citado anualmente a más de 90.000 procedimientos declarativos ante los juzgados de la jurisdicción social, más de 690 juicios por letrado y año. Tampoco en esta parcela el organismo puede responder a los requerimientos judiciales y ello colabora al aumento del gasto.
La aprobación del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo supone la asignación de nuevos cometidos al FOGASA, así el abono de los 8 días de la indemnización por despido supone otros 200.000 expedientes y que las prestaciones se abonen con un año de retraso a finales del 2011. La situación es dramática y en las condiciones actuales el organismo no puede responder a los requerimientos de la ciudadanía, unos requerimientos que se producen en un momento crítico para las personas y las familias al conllevar la pérdida de empleo con todas las consecuencias que ello arrastra.
La plantilla de FOGASA está sobrepasada por la carga de trabajo existente, las condiciones de trabajo son insufribles. Desde CCOO se ha instado al Ministerio de Trabajo e Inmigración a que se resuelva esta situación de forma inmediata, ya que el propio MTIN había adquirido el compromiso, en el corto plazo, de incrementar la plantilla en un número cercano al centenar y que no sabemos por qué motivos no ha cumplido. La incorporación de plantilla es urgente si se quiere normalizar los abonos de las prestaciones. Las conversaciones que se han podido mantener hasta la fecha han terminado fracasando por la desidia, desinterés e irresponsabilidad de quienes gobiernan este Ministerio. El Real Decreto-Ley 10/2011 publicado recientemente recoge más de un desatino en lo que a contratación se refiere, un contrato de formación y aprendizaje fuera de toda lógica, contrato que puede generar una verdadera descapitalización de la seguridad social, así como una apuesta por mantener los anormales niveles de temporalidad de nuestro mercado laboral permitiendo durante dos año el encadenamiento de los contratos temporales. Junto a todo ello, se recoge la decisión de fusionar el FOGASA y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el antiguo INEM.
Esta última ocurrencia se realiza sin ningún análisis previo. Tanto FOGASA como el SPEE son los dos organismos en los que más crece la actividad en tiempos de crisis. Sobre los mismos está recayendo en los tres últimos años una intensidad de trabajo innegable y ninguno de los dos ha podido contar con los medios necesarios para poder absorber, con unos mínimos de calidad, las cargas de trabajo a las que deben responder. La alocada política de recortes que se ha instalado en el seno de la Administración General del Estado ha sido incapaz de contemplar la situación excepcional que soportan tanto el SPEE como el FOGASA y ha impedido establecer medidas correctoras de los déficit que padecen, comprometiendo claramente la gestión que deben desempeñar. Pretender fusionarlos, sin corregir previamente las deficiencias estructurales de plantilla y de medios que sufren, solo puede llevar a un colapso aún mayor en ambos, algo que repercutirá directamente sobre la población desempleada que sufre en primera línea las consecuencias de la crisis. La intención de integrar los dos organismos se hace en el momento más crítico de su gestión y encierra peligros que no se pueden obviar. Sería de una irresponsabilidad absoluta iniciar este camino sin contar con los medios y las soluciones que los eviten, y este Gobierno no identifica nada que se le pueda parecer en el Real Decreto-Ley publicado.
Desde nuestra Sección Estatal de CCOO en el Ministerio de Trabajo, con la colaboración de la FSC y de la Confederación, se ha llevado adelante un primer proceso de denuncia de la situación, se han realizado propuestas concretas y razonables de solución y la cerrazón que muestra el Gobierno obligará, durante los próximos meses, a intensificar este trabajo y a abordar las movilizaciones necesarias para modificar las claves en las que se encuentran tanto el FOGASA como el SPEE
