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La retribución de los directivos de cajas de ahorros y la transparencia
Han sido varios los medios de comunicación que han recogido la noticia consistente en la aparente resistencia de directivos de cajas de ahorros que habrían recibido fondos públicos para su saneamiento, a la hora de permitir que se comunique al Banco de España cuáles son sus retribuciones.
Junto
a una noticia de Europa Press publicada en distintos medios de
comunicación, Expansión recogía en su edición del sábado 24 de diciembre
(p. 11), una crónica firmada por G. Martínez con el título Los directivos de las cajas con ayudas se resisten a publicar sus sueldos, en la que explicaba cómo una mayoría de directivos ha hecho llegar su
negativa a permitir que se comunique al Banco de España la cuantía de
sus retribuciones:
Los
miembros del comité de dirección de las entidades financieras que han
recibido ayudas se resisten a que su sueldo se haga público. El Banco
de España ha pedido a grupos como Bankia, Cívica, CatalunyaCaixa y
Novacaixa-galicia que individualicen el salario de los integrantes de su
cúpula ejecutiva antes del próximo 31 de diciembre. Pero el supervisor
no tiene habilitación legal para requerir que los datos se hagan
públicos, por lo que las entidades deben pedir permiso a los directivos
para su divulgación. Los gestores pueden oponerse, amparándose en la Ley
de Protección de Datos Personales. En este caso, los grupos tienen que
comunicar la negativa al Banco de España.
Asistimos
a un conflicto potencial entre los intereses de los propios directivos
implicados y los de la entidad. Los primeros podrán alegar que sus
retribuciones forman parte de su intimidad personal,
constitucionalmente protegida, y que facilitar información al respecto
no resulta lícito. Es una decisión que corresponde a los titulares de
ese derecho, que no puede ser ejecutada por parte de la entidad sin
contar con ellos. Sin embargo, en esa posición parece existir una cierta
miopía consistente en la ignorancia de los efectos negativos que la
resistencia a facilitar esa información personal tendrá para la
propia entidad, que como señala en su crónica Expansión pasará a ser
vista como una entidad poco transparente o desde luego menos
transparente que aquellas otras cajas que si hayan llevado a cabo una
política de transparencia en este punto.
Dejando
a un lado la licitud de las conductas, con respecto a los directivos de
las cajas, debe mantenerse la misma idea que con relación a la
retribución de los administradores. La información es fuente de
legitimidad. No se entiende que los directivos de cajas que están siendo
saneadas sobre la base de fondos públicos no permitan el conocimiento
de su retribución. En primer lugar, por lo que supone de ignorancia de
que esos salarios están sostenidos sustancialmente con fondos públicos,
con lo que se debilita ya el ámbito estrictamente privado de los
intereses que se dicen afectados. En segundo lugar, en la negativa a
facilitar información sobre la retribución existe un cierto temor al
conocimiento de lo que uno percibe y aquí es donde cualquier directivo o
administrador debe de buscar su legitimidad.
La
transparencia de la retribución de cualquier administrador o directivo
es la fuente de su legítima aspiración a que le sea satisfecha esa
retribución ante cualquier circunstancia que pueda producirse
posteriormente en su relación con la entidad. Parecen desconocer
voluntariamente muchos de los directivos que se niegan a facilitar esa
información que siempre será mejor dar a conocer una retribución y
aguantar el supuesto reproche social o informativo que ello pueda tener,
que verse obligados a litigar más adelante cuando al hilo de crisis
empresariales, despidos, prejubilaciones o contrataciones con otra
entidad, salgan a relucir las retribuciones pactadas y con ello se
generen conflictos judiciales que son mucho más lesivos para los
intereses del propio directivo. Para sus intereses patrimoniales y para
su prestigio.
Precisamente
publicaba ayer Expansión (Finanzas & Mercados, p. 13), una noticia
referida a la reacción de una caja ante las pensiones atribuidas a sus
anteriores gestores:
Caixa Penedès está dispuesta a llegar hasta el final para
limpiar el nombre de la caja de ahorros y lograr recuperar parte de las
millonarias pensiones que se repartieron sus antiguos gestores. El
presidente provisional de la entidad, Albert Vancells, pidió ayer
disculpas a la sociedad catalana por unos hechos que manchan el
prestigio forjado en los cien años de historia de la caja y aseguró que
el consejo se siente traicionado.
Reacciones
similares a la transcrita carecerán de todo fundamento en aquellas
entidades en las que esas retribuciones se hubieran hecho públicas y
hayan contado con la oportuna aprobación o ratificación por su Asamblea.
He
escrito en estos últimos meses en varias ocasiones que las cajas
españolas han sufrido un daño injusto en su reputación. Los problemas e
irregularidades advertidos en determinadas entidades se han utilizado
como indiscriminado reproche a todo el sector. Se ha dibujado el
conjunto de las cajas como una sucesión de escándalos y problemas,
siendo un hecho cierto que algunas de ellas figuran entre las entidades
de crédito mejor gestionadas y más saneadas. Al mismo tiempo, ha
desaparecido toda distinción entre los supuestos de aportación de fondos
públicos a entidades carentes de un capital mínimo suficiente como
consecuencia de los abruptos cambios en los requisitos legislativos
aprobados por vía de urgencia (en especial, por el Real Decreto-ley
2/2011 de reforzamiento del sistema financiero) y aquellas ayudas
públicas de genuino salvamento de entidades en problemas de liquidez o
solvencia.
Mas
ese riesgo de descrédito generalizado lo abonarán las propias cajas si
optan por respuestas globales a requerimientos de transparencia
formulados a cada entidad. Esto lo digo al hilo de la lectura de la
noticia de J.E. Maíllo Pactan difundir a la vez los sueldos de las
cajas (p. 29) que incluye El Mundo en su edición impresa del día de
ayer y que comienza:
Las
cajas de ahorros tratan de minimizar el daño de imagen que les va a
provocar el que, por vez primera en su historia, se detallen las
retribuciones de sus directivos.
No
comparto que esa publicidad implique un daño de imagen en todos los
casos. Habrá gestores reputados que no tendrán ningún reparo en que se
sepa lo que perciben. Habrá otros que tendrán la posibilidad, al ser los
primeros que dudan, de que merecen lo que se les paga. No es razonable
que se trate de confundir a los primeros y a los segundos, procediendo a
una publicación general y simultánea de las retribuciones respectivas.
En esta materia, las comparaciones sí suelen ser odiosas, por cuanto
tratan de diluir lo relevante: las circunstancias particulares que
afectan a cada entidad y a sus gestores.
Madrid, 29 de diciembre de 2011
