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29 de Abril Manifestaciones. Con la educación y la sanidad no se juega
Manifiesto de CCOO contra los recortes en la Sanidad y la Educación. También convocamos a las manifestaciones del próximo domingo 29 de abril en las principales ciudades del Estado. Las políticas de ajuste, que empezaron en mayo de 2010 y que ahora se han intensificado, están suponiendo un grave deterioro de servicios públicos básicos: educación, sanidad, atención a la dependencia...
Desde el inicio de la crisis las instituciones europeas, dominadas por la ideología neoliberal y los partidos conservadores, han impuesto una política que se basa exclusivamente en la reducción del déficit en unos plazos imposibles de asumir. Se ha renunciado expresamente a combinar dichas políticas con otras dirigidas a estimular la actividad económica y a generar empleo, cuando en Europa se ha superado la cifra de los 24,5 millones de personas en paro y no se ha dudado en forzar cambios normativos para institucionalizar estas políticas bajo la amenaza de sanción para quienes no las cumplan.
En España vimos cómo se procedía a la reforma Constitucional por
imposición de la UE y sin que la ciudadanía española pudiese emitir su
opinión, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esta política en
todos los terrenos.
En el de los derechos laborales se han impuesto dos reformas del
mercado de trabajo que han respondido a las mismas exigencias, siendo la
más reciente la que ha superado todos los límites, al hacer más fácil y
barato el despido, al condenar a los jóvenes a la precariedad y al
despido libre y gratuito, al individualizar las relaciones laborales
desmembrando la negociación colectiva y al dar todo el poder a los
empresarios para modificar discrecionalmente las condiciones de trabajo.
Al mismo tiempo, se ha deprimido la capacidad adquisitiva de
pensionistas, empleadas y empleados públicos y asalariados en general.
En
el terreno de los derechos sociales, las políticas de ajuste, que
empezaron en mayo de 2010 y que ahora se han intensificado, están
suponiendo un grave deterioro de servicios públicos básicos: educación,
sanidad, atención a la dependencia,... Al mismo tiempo se incrementan
las personas que no perciben ningún tipo de prestación, alcanzándose la
cifra de los 2,6 millones. La consecuencia es clara: se deterioran los
servicios públicos y con ello la calidad de vida de la ciudadanía, en
especial de los sectores más vulnerables de la sociedad: pensionistas,
jóvenes, mujeres e inmigrantes y aumenta la desigualdad, la pobreza y la
marginación.
En el terreno político, el ataque a los derechos viene
acompañado de un ataque a las libertades y a la calidad de nuestra
democracia. La reforma constitucional, los intentos del Gobierno de
convertir la jornada de huelga general del pasado 29 de marzo en un
problema de orden público (con detenidos que todavía no han salido de la
cárcel), los anuncios de endurecimiento de las condiciones para poder
convocar movilizaciones ciudadanas, la amenaza de elaborar una ley de
huelga, la reforma de la ley del aborto,... son síntomas preocupantes de
una involución democrática.
Alguien ha llegado a la conclusión de que nuestra economía no
puede competir en el mercado globalizado si no suelta lastre, y
entienden por lastre los derechos laborales y sociales. Para poder
llevar acabo medidas tan injustas e impopulares deben restringir los
derechos e intentar acabar con quienes promovemos la contestación, entre
ellos el movimiento sindical.
Los recortes que no cesan
Ahora se han
presentado los PGE para el año 2012 y a los dos días se nos anuncia un
recorte presupuestario adicional de 10.000 millones en sanidad y
educación. Ya conocemos que en educación van a recortar 3.000 millones a
base de aumentar el número de alumnos por aula, de reducir las
plantillas a través de incrementar la jornada de los docentes, de
paralizar la aplicación de determinados ciclos formativos, de
incrementar las tasas universitarias,...
En sanidad van a recortar 7.000 millones. Ahora sabemos que se va
a imponer el repago de los medicamentos y que, por primera vez, van a
pagar los pensionistas. Con todo ello pretenden ahorrar en torno a 3.500
millones y no sabemos dónde van a recortar más para llegar a la cifra
total, ¿recortarán en la cartera de servicios?
Las medidas en
educación supondrán un deterioro de la calidad de la enseñanza (así lo
indican todos lo informes internacionales) que como todas estas medidas
se cebarán en los sectores más desfavorecidos de la población, afectando
gravemente a la igualdad de oportunidades.
En sanidad las medidas planteadas no sólo son difíciles y
costosas de gestionar, sino que pueden suponer que quien más lo
necesita, los pensionistas con menos ingresos y dolencias más serias,
dejen de recurrir a la sanidad aumentando los riesgos para la salud e
incrementando los gastos de hospitalización. Además, suponen un recorte
encubierto de las pensiones que el Gobierno se había comprometido a no
tocar.
Ambas líneas de recortes desbordan los límites de lo asumible. No
mejorarán la situación económica y sí representarán un retroceso de más
de treinta años en la calidad de servicios tan esenciales como la
educación y la sanidad.
Ya está bien. Quieren acabar con todo. Con la educación y la
sanidad no se juega. Por nuestros niños y niñas, por nuestros jóvenes,
por nuestros pensionistas, por nuestro futuro no podemos permanecer
impasibles. Estamos obligados a responder. No podemos ser cómplices
silenciosos del mayor retroceso en derechos de nuestra historia.
TENEMOS QUE SALVAR LO QUE ES NUESTRO.
TENEMOS QUE PARTICIPAR EN LAS
MANIFESTACIONES DEL PRÓXIMO DÍA 29.
Descarga el Cartel de la Manifestación
