Las medidas que contemplan estos presupuestos, impuestas por el Gobierno tienen como único objeto contentar a los mercados financieros  y a los socios comunitarios, aunque, como es el caso, sea a costa de lastrar la capacidad de crecimiento económico de España y la calidad de vida de sus ciudadanos, olvidando que el único interés de estos mercados es conseguir el mayor beneficio de sus inversores. El recorte de 1.500 millones de euros en políticas activas de empleo deja claro que la prioridad del Gobierno no es el empleo.

Las cuentas públicas presentadas ponen de manifiesto que la prioridad del gobierno es cumplir con las exigencias de reducción del déficit impuestas desde Bruselas, 5,35 del PIB, a la que hay que añadir una nueva importante reducción  para 2.013 (máximo del 3% del PIB) aunque ello implique que los servicios que debe prestar el Estado a los ciudadanos como Sanidad y Servicios Sociales experimenten graves recortes: la Sanidad dispondrá de un 13,7% menos de presupuesto (365 millones de € menos) y en Dependencia se elimina el nivel convenido al pasar de 283 millones de euros a cero euros. En Educación se reduce su dotación en un 23,2% (830 millones menos); en Cooperación Internacional al Desarrollo la reducción es del 47,6%, situándolo en niveles de 2005; las ayudas para el acceso a la vivienda se reducen en 322 millones de euros. En Justicia se revisará el sistema de tasas en segunda instancia, lo que limitará este derecho. 

Bienes esenciales como la Electricidad y el Gas experimentarán incrementos del 7% y el 5% respectivamente, lo que ahogará más las economías domésticas, la falta de ingresos una vez más se quiere solventar gravando a los consumidores, que pagan, además, uno de los recibos más caros de la UE.

Respecto a la "amnistía fiscal" con la que el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros, es irresponsable e injusta, puesto que premia a los defraudadores, mientras que aumenta la presión fiscal sobre los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones. Esta plataforma recuerda que la economía sumergida defrauda 60.000 millones de euros, precisamente la cantidad que España tiene que recortar de aquí a 2.013, por lo que propone la reforma completa del sistema fiscal para posibilitar la lucha contra el fraude fiscal.

La Plataforma quiere manifestar que  en el actual contexto económico, social y laboral en el que se encuentra España es necesario revisar los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos, más necesaria que nunca en tiempo de crisis.

Por todo ello,  la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos rechazamos estos presupuestos por ser lesivos a los intereses de los ciudadanos y por no aportar soluciones para la recuperación económica y del empleo. Además consideramos que el Gobierno está aprovechando la coyuntura actual de crisis para imponer  su modelo social, que no es otro que privatizar los recursos públicos propios,  aumentando los conciertos privados y cerrando las empresas públicas Estas medidas no aportan ahorro a las arcas públicas, la mayoría de la veces todo lo contrario, además se pierden multitud de puestos de trabajo público estables, por otros  temporales y con muy bajos salarios. 

A los presupuestos ahora aprobados por el Gobierno hay que sumarles además las medidas adoptadas por el mismo ejecutivo en el "Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes   en materia presupuestaria, tributarias y financieras para la corrección del déficit público", que iniciaron una vía de recortes muy nociva para nuestra economía y regresiva en lo social, (congelación del sueldo de los empleados públicos, aumento de jornadas por el mismo salario, lo que ha supuesto  reducción de salario una vez más congelación del salario mínimo y del IPREM, retraso en el calendario de aplicación de los derechos reconocidos en la ley de la dependencia, supresión de la renta de emancipación para los jóvenes, aumento del impuesto de los bienes inmuebles, entre otras medidas).      

La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos exige al Gobierno que rectifique esta política y busque políticas más justas y equitativas para superar la crisis. Exigimos que el Gobierno deje de gobernar imponiendo y empiece a escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía no aguantará más mentiras como la expresada por el Gobierno, que quiere confundir, cuando afirma que en las decisiones de subidas y de recortes adoptadas se reparten los esfuerzos de forma equitativa.

CCOO