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El análisis antitrabajo del Banco Mundial es un asunto sucio.
CAJA3. ECONOMÍAS Y REFORMAS.
El Banco Mundial presume de su informe anual "Doing Business" estimula a los países a hacer "reformas regulatorias positivas". Pero lo que el Banco Mundial ve como "positivo" es a menudo anti-sindicato y anti-trabajador.
Es un mantra de campaña de 2012: En el Día Uno, el nuevo presidente reiniciará la economía estimulando a las empresas para que crezcan y prosperen. Los dos candidatos principales han prometido lograr esto, en parte mediante la eliminación de las fuertes regulaciones para dar así rienda suelta al poder reprimido de la industria americana.
La historia es sorprendentemente similar al otro lado del charco. Los gigantes financieros de la troika Europea aporrean a Grecia y a otros países en apuros de la Eurozona con una guerra relámpago de desregulación kamikaze, haciendo depender el rescate financiero de dar a los mercados libre curso para hacer su magia, dada por ley. La otra cara de esta celebración de la
Mano Invisible es, inevitablemente, una caída despiadada del trabajo, disminuyendo protecciones como la ayuda al desempleo y las normas salariales.
El Banco Mundial ha dado un paso más en la extremadamente dudosa ciencia de la desregulación, creando una guía, conocida como el informe Doing Business, que cuantifica "carga" regulatoria que los inversores pueden tener que afrontar en varios países. El informe de 2013 ha sido publicado esta semana.
Haciendo eco de la mitología empresarial "job creator" (creador de empleo) del consenso de Washington, Doing Business estimula a financieros y gobiernos a mermar las protecciones de interés público, incluyendo las garantías de sindicalistas y trabajadores. Grupos laborales dicen que las visiones retorcidas de la publicación sobre la regulación y las protecciones del trabajador dan de manera efectiva una justificación estadística para el estancamiento de la ayuda económica o de la inversión para presionar a los países a que privaticen, desregulen y debiliten a los sindicatos.
Los defensores laborales son especialmente críticos con la sección del informe que aclara estas visiones, el Employing Workers Indicator (Indicador de Contratación de Personal), que pretende medir la política laboral "ya que afecta a la contratación y al despido de trabajadores y a la rigidez de horas laborales" A pesar de las garantías pasadas del Banco Mundial de que sus análisis de las regulaciones laborales no tendrían en cuenta los principales rankings de simpatías empresariales, los críticos temen que estos datos se filtrarán en las evaluaciones del informe, y por tanto supondrán que las leyes laborales impidan el desarrollo.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) critica la aprobación implícita, en el informe de 2013, de políticas que recortan los beneficios para los trabajadores despedidos, lo que elogia a los gobiernos por "dar mayor atención a uno de los principales factores que disuaden a los empresarios de crear empleos en el sector formal". De manera similar, el informe reprocha a algunos países africanos el haber establecido supuestamente requisitos demasiado generosos en las indemnizaciones por despido a trabajadores remplazados, mientras que ignora el hecho de que las indemnizaciones por despido son especialmente vitales para los trabajadores en las economías más débiles, porque en comparación con las regiones más ricas, "las prestaciones por desempleo dadas por el estado son prácticamente inexistentes".
Desde un punto de vista empírico, el análisis laboral en la sección de Contratación de Personal, ha utilizado históricamente a matemáticas enmarañadas. En ediciones previas ha dado puntuaciones altas a conocidos gobiernos por hostilidad hacia derechos laborales (lo que los neoliberales llaman "flexibilidad") y criticado a otros países como Brasil o Corea del Sur por su "rigidez" laboral aunque hayan hecho significantes progresos tanto en la reducción de la pobreza como en el desarrollo económico. En los últimos años, la CIS ha defendido que, este enfoque sesgado ha sido utilizado para apoyar reducciones en las prestaciones laborales en Grecia, Mozambique, Jordania y otros países. En la actual crisis económica global, estamos asistiendo a las consecuencias caóticas de anteriores olas de desregulación.
En 2009, bajo la presión de defensores laborales, como la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial ha cambiado su postura y ha declarado que el índice "no debe ser utilizado como base para el asesoramiento político ni en ningún documento de ningún país que explique o evalúe la estrategia de desarrollo o el programa de asistencia a un país receptor.
Hasta ahora el sentimiento anti-regulatorio de Doing Business o del Indicador de Contratación de Personal ha continuado manteniendo algunas discusiones políticas. Por ejemplo, según una investigación de la CIS, Doing Business fue citado en 2010 por parte del FMI en un análisis de
Rumanía, que presionaba al gobierno a "aumentar la flexibilidad del tiempo de trabajo y a reducir los costes de contrato y despido".
Partiendo de la noción de que los estándares laborales dan a la economía un marco "totalmente desigual", Peter Bakvis, director de la oficina en Washington de la CSI, declaró a In These Times: "Que la publicación de mayor circulación del Banco Mundial tenga está visión unilateral, no basada en evidencias, de que los países que reduzcan sus regulaciones laborales tendrán más inversión, es muy dañina". En lugar de centrarse en las empresas fuertes, añadió; "la banca debe impulsar a los países a adoptar políticas para distribuir el crecimiento de la mejor manera posible, para proteger a los trabajadores que puedan perder su empleo.
No son sólo los países pobres los que están afectados por estas valoraciones neoliberales. La misma moral en el análisis coste-beneficio se filtra en las políticas estadounidenses en las campañas para reducir protecciones cruciales como los derechos de negociación colectiva o las leyes contra la discriminación del pago justo. Si una regulación trata de asegurar que hay unos estándares de seguridad en los lugares de trabajo o de limitar la contaminación del aire o de evitar que la gente sea despedida de manera arbitraria, no es tenida en cuanta por los neoliberales de Washington como protección para los vulnerables, sino como un asalto a la libre empresa.
Por supuesto, las políticas neoliberales seguirían aplastando a los pobres con o sin los índices de Doing Business, pero las evaluaciones arbitrarias del Banco Mundial, dan un peligroso revestimiento a la objetividad de los ataques políticos a trabajadores y sindicatos. Esta es la aritmética de las empresas sin cadenas: añade capital, disminuye derechos y el 99% acabará con nada.
