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El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la no actualización de las pensiones en 2012.
CAJA3. ACTUALIZACION PENSIONES.
La Defensora del Pueblo no presentará recurso de inconstitucionalidad pero sí lo han hecho una amplia representación de los grupos parlamentarios de oposición.
El pasado 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social. Por el cual el Gobierno materializaba su ya anunciada intención de no revalorizar las pensiones de Seguridad Social de conformidad con la cuantía equivalente a la desviación entre el IPC a 30 de noviembre y la previsión de inflación el 1%- abonada a principio de año.
Dicha medida, que calificamos de injusta e ineficaz, constituía un claro perjuicio para los pensionistas y abundaba en la política continuada de ajustes que contribuyen claramente a intensificar los efectos negativos de la crisis, deprimiendo aún más la demanda interna y, en consecuencia, la activad económica y el empleo.
Además, tal y como fue articulada por el actual Gobierno, entre otras cuestiones con efectos retroactivos, presenta a nuestro juicio elementos de inconstitucionalidad. Por ello, ante la imposibilidad de instar directamente recurso de inconstitucionalidad, lo hicimos a través de un doble canal para lograr, por esa vía la nulidad de la medida a través de su declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, el abono de las cantidades dejadas de percibir. Nos dirigimos, por un lado, a la Defensora del Pueblo, y por otro lado, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, para que desde ambas vías se planteasen los correspondientes recursos de inconstitucionalidad.
En este sentido nos felicitamos porque el pasado día 26 de febrero tuvo entrada en el registro del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados y diputadas de los Grupos Parlamentarios Socialista, de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA y CHA), Vasco (EAJ-PNV), Catalán (Convergéncia i Unió) y de Unión Progreso y Democracia.
No podemos decir lo mismo del canal de acceso al Tribunal Constitucional a través de la Defensora del Pueblo, que es el canal natural para instituciones a las que no se reconoce el acceso directo a ese Tribunal. Con fecha 4 de marzo, por tanto dos días después del fin del plazo para formalizar el citado Recurso, la Defensora del Pueblo contesta a la petición que le realizamos el pasado 17 de diciembre y nos comunica su decisión de no recurrir, con amparo en un criterio habitual de esta institución, dado que dicho recurso ha sido ya presentado por otras personas legitimadas, no siendo la actuación de esta institución imprescindible para asegurar el control de inconstitucionalidad.
No obstante, reconoce la Defensora del Pueblo que la aprobación retroactiva de limitación del poder adquisitivo de los pensionistas es una de las cuestiones centrales del recurso que deberá resolver el Tribunal Constitucional y, finalmente, recomienda al Gobierno, a través de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, que asuma el compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones públicas en el momento en que se recupere el equilibrio de las cuentas de la seguridad Social y no resulte necesario acudir al Fondo de Reserva.
En fin, un ejercicio de equilibrismo, digno de mejor causa, que lleva a esta institución a no formalizar el recurso, al tiempo que parece querer reconocer la razonabilidad de la reclamación.
Nuestro objetivo de conseguir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional se consigue de forma indirecta a través del Recurso de los grupos parlamentarios de oposición, pero la falta de colaboración para ello de la institución del Defensor del Pueblo merece nuestro reproche por la falta de sensibilidad mostrada ante un asunto de estas características, lo que, por otra parte, no resulta, desgraciadamente, una novedad.
Carlos Bravo Fernández. Secretario de Protección Social y Políticas Públicas
