COMFIA CCOO urge una rápida investigación de la gestión de Blesa en Caja Madrid y que se depuren las posibles responsabilidades penales

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"faltaría más... y para que no haya ninguna duda

COMFIA CCOO urge una rápida investigación de la gestión de Blesa en Caja Madrid y que se depuren las posibles responsabilidades penales

En COMFIA CCOO desde el comienzo de la crisis financiera e incluso antes de que sus letales consecuencias sobre la ciudadanía se materializaran - debido a una cadena de decisiones erróneas, contraproducentes e injustas - hemos trabajado y hemos reclamado el esclarecimiento de las causas, la determinación de responsabilidades y la depuración de las mismas. Lo hemos realizado partiendo de una premisa, no podemos colocarnos fuera del escenario. En esta crisis bancaria, a diferencia de las anteriores, tristemente el mayor protagonismo lo han tenido un gran número de cajas de ahorros, en las que nos hallamos presentes todos los stake-holders (instituciones públicas, sociedad civil, clientes y trabajadores) en sus órganos de administración, que no de gestión.

Sin embargo, no eludir las responsabilidades no supone asumirlas ni en exclusiva ni por encima de la cuotaparte que nos corresponda. Hay muchas responsabilidades, muchas compartidas, pero con diferentes grados de intensidad entre gestores, administradores, gobiernos central y autonómicos, supervisores y reguladores, auditores e incluso operadores de mercado (agencias de rating, bancos de inversión,...)

El que éstas responsabilidades no se hayan afrontado primero en los órganos de gobierno, ni después en una aplicación de soluciones racionales por parte de gobiernos y supervisores, ni siquiera con la creación de una Comisión conjunta Congreso-Senado como propusimos CCOO, produce que las únicas responsabilidades se estén dirimiendo en los tribunales.

Lo cual es una garantía, sí, pero no está exento de problemas y contraindicaciones. Lentitud de las actuaciones, contradicciones entre tribunales y posible/probable inacción final por prescripción, defectos de forma y múltiples añagazas a disposición de personas e instituciones que utilizan todo su poder para eludir el peso de la Ley, siembran este camino de minas y donde la justicia si llega lo hace, a menudo, muy tarde, si no se activa la dinámica de que los jueces castigan las malas prácticas y costumbres, y el legislador no lo asienta en nuevas reglas.

Por poner un ejemplo claro: la solución de las preferentes estaba en el ámbito legislativo: haber reconocido una solución justa para los afectados. No ha sido así. Acudir a los tribunales no es más que un lento e incierto último recurso para personas que en su mayoría no cuentan ni con tiempo ni con suficientes recursos para ver restablecidos sus derechos.

En el caso más reciente y transcendente ante la opinión pública, el enjuiciamiento de Blesa se concitan todas las aristas de esta situación. Vaya por delante que, como secretario general de COMFIA CCOO, manifesté el máximo interés en que se esclarezca esa situación cuanto antes y se determinen responsabilidades, si es que estas existen; y así también lo remarcó la dirección confederal al día siguiente.

Pero también señalé otros elementos. El que más tengo interés en discernir es el de las responsabilidades en la toma de decisión de una operación como fue la compra de un banco en Florida en abril de 2008. El juez señala una serie de elementos y le imputa al entonces presidente de Caja Madrid una responsabilidad individual, y Blesa refuta que el era "uno más" en un Consejo que aprueba tal operación por unanimidad.

¿Cuál es mi criterio? que Blesa no era uno más. Ser Presidente Ejecutivo no sólo comporta dirigir las reuniones del Consejo de Administración, sino también dirigir el Comité de Dirección, el órgano profesional compuesto por los directores y ejecutivos de la entidad. A este órgano - llamémosle, la tecnoestructura directiva - es al que le corresponde la propuesta de las operaciones y su ejecución, cuando tiene el placet de los administradores, pero tiene incentivos distintos. Incentivos que no se alinean con los del Consejo y que suelen tener que ver con la remuneración y los bonus ligados al cumplimiento del plan estratégico.

Plan Estratégico del que formaba parte la internacionalización de la Caja, la salida a bolsa a través de la Corporación Cibeles y, en general, la diversificación y crecimiento del balance de la caja de ahorros. Estrategia marcada por el Consejo de Administración en su día y de la que eran conocedoras las autoridades tutelantes y supervisoras (Comunidad de Madrid y Banco de España) y que tenía antecedentes claros en el sector. Por lo tanto, que el órgano de administración aprobara tal operación, si venía apoyada en los procedimientos ordinarios que requería, y que además fuera una decisión discutida pero unánime entraba dentro de los parámetros de ese momento. En esa época ya se había instalado "la niebla y el miedo en los mercados", en palabras de Juan Ramón Quintás presidente de la CECA entonces, pero faltaban seis meses para la quiebra de Lehman Brothers.

Es en esta disquisición en la que tiene sentido el señalamiento de responsabilidades diferenciadas de Blesa y, seguramente, de algún otro ejecutivo como podría ser el "muñidor" de la operación, Sánchez Lozano, cuyos incentivos eran sacar adelante este tipo de operaciones, cobrar por ellas, acrecentar su reputación profesional y dar el salto a alguna otra corporación (como fue IAG) desvinculándose del buen fin de dicha operación. Es ahí donde parece inferir el auto judicial que están las responsabilidades penales, en el interés y/o beneficio personal, pero sólo se atisba. De ahí la cierta sorpresa en la decisión de prisión cautelar con fianza, de ahí la exigencia de rigor y diligencia, de forma muy respetuosa, al señor juez.

Así pues, ni apoyo a Blesa, ni ataques al juez. Eso sí, ayudaría que los autos no reflejaran "jerigonzas" sino hechos, no vaya a ser que la investigación y enjuiciamiento de graves delitos se vea frustrada por problemas y recusaciones en el periodo de instrucción.

Por otra parte, hay quienes están muy interesados en hacer notar si este tipo de valoraciones suponen un refrendo o un desmarque de Blesa, sobre todo en relación al, digamos, "pecado original" que se imputa a CCOO cuando en 1996 apoyamos un cambio en la presidencia de Caja Madrid. Suelen ser imputaciones de aquellos que reparten "acreditaciones oficiales" de lo que está bien y está mal, que es lo progresista o no y llevan a rajatabla aquello de que "cada oveja con su pareja", para finalmente considerar que sólo gozan de autonomía de actuación los agentes netamente políticos.

Ante esto decir sin tapujos, CCOO ofreció en 1996 un acuerdo de gobernabilidad de Caja Madrid a las dos partes que se hallaban en disputa por la presidencia de la Caja para poner fin a un periodo de inestabilidad institucional que ponía en riesgo la viabilidad de Caja Madrid después del impacto que tuvo sobre esta institución la crisis económica y también inmobiliaria de 1993.

Hay que recordar que aquella crisis le supuso a Caja Madrid alcanzar una morosidad por encima del 10%, tener que deshacerse de participaciones empresariales como era la de Telefónica para hacer caja y reforzar su capital, activar un pasivo como fue el fracaso del crédito sindicado a la construcción de las torres KIO (¿se acuerdan? De la Rosa, los Albertos,...) y tener que quedarse, por tanto, con un inmueble haciendo de necesidad virtud y reubicar los servicios centrales en una de las torres. Y todo ello debido a una expansión territorial que se volvió contraproducente en muchos casos y a una exposición a riesgo inmobiliario mas que considerable.

Como solución a las apreturas de capital derivadas de una gestión que había deteriorado la solvencia de la entidad, el presidente ante-anterior, Jaime Terceiro, empezó a abogar por el cambio de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros mediante la entrada de capital privado. La desamortización de la Caja supondría un episodio más de la privatización de grandes empresas públicas que se inició/culminó entonces (Telefónica, Repsol, Endesa,...)

A este hecho, que no compartíamos, se le unió que el cambio de ciclo político iniciado en las elecciones autonómicas de 1995, y culminado en las generales de 1996, dejó a Terceiro en minoría en los órganos de gobierno, pero se aferró de manera numantina a su cargo.

La oferta de acuerdo por nuestra parte se le hizo, condicionada a una serie de parámetros: acuerdo de estabilidad en los órganos de gobierno, defensa de la naturaleza jurídica, garantías laborales como fue la externalización de los compromisos por pensiones, mejora en la atención a los clientes minoristas y políticas de inclusión financiera que se habían deteriorado mucho durante la crisis, diversificación de inversiones estratégicas (ejemplo La Caixa) y conocimiento exhaustivo previo por parte de los administradores de las decisiones del Comité de Dirección que presidía el primer ejecutivo de la entidad.

Terceiro lo rechazó, porque no quería ver condicionada la gestión por este tipo de indicaciones generales que hacia suyas la mayoría del Consejo de Administración y, sin embargo, los representantes del PP lo asumieron mediante un acuerdo público y transparente (hay quienes lo siguen calificando de secreto, sin reparar que ya en 2006 cuando esto dijeron a cinco columnas tuvieron que rectificarlo. Se había publicado entero en 5Días al día siguiente de ser alcanzado y con carácter previo a que se reunieran los órganos de gobierno).

Para CCOO alcanzar acuerdos de esta naturaleza, transparentes, con contrapartes que representan otros intereses y con los que a menudo hay grandes distancias ideológicas, no sólo no es algo vergonzante sino que es la esencia misma de la utilidad del sindicato para los intereses que estamos obligados a defender. Lo intentamos hacer y lo hacemos todos los días en los convenios o en el Diálogo Social, gobierne quien gobierne.

Aquel acuerdo y sus renovaciones cumplieron gran parte de sus objetivos, fundamentalmente hasta 2006. Sirvió en aquel momento para contener la modificación de la naturaleza jurídica, aunque finalmente sólo sirvió para ganar tiempo. Tiempo que se malbarató no sólo porque periódicamente afloraban tensiones de tipo político partidarias que interferían en la labor del Consejo, sino porque, y creo que esto es lo fundamental, esto imposibilitaba que el "contrato de agencia" de los gestores tuviera los límites adecuados y la tecnoestructura, el comité de dirección, con su presidente a la cabeza se extralimitaran en sus funciones. Esto es lo que ahora se está dilucidando también en los tribunales. Esto y la responsabilidad de las instituciones públicas, gobierno y supervisores, al no detectar y/o corregir estas prácticas en la gestación de la crisis y al errar en las soluciones a aplicar en la gestión de la crisis.

Y llegados a este punto tiene sentido reflexionar y colegir que la legítima aspiración de los trabajadores de compartir espacios de control e intervención en la gestión de la empresa, debería orientarse más hacia el modelo alemán. Presencia en los consejos consultivos y no en el órgano de administración, pues sin representar a la propiedad se asume toda la responsabilidad de la gestión sin existir los elementos de gobernanza suficientes para que no se extralimite el directivo en sus funciones. Así lo expuso el Secretario General en el cierre del X Congreso Confederal de CCOO.

EPILOGO. Sé que la situación no está para matices ni sutilezas, que la corriente general es escandalizarse al descubrir "que aquí se estaba jugando", que lo que se lleva es buscar culpabilidades - nunca responsabilidades -, siempre en "los otros" e instalarnos en ese aserto tan carpetovetónico de "lejos de nosotros la funesta manía de pensar (o de hacer pensar)". Pues bien, es preferible correr el riesgo de ser incomprendido o malinterpretado que ponerse de perfil con cara de "yonofui". Qué le vamos a hacer! desde pequeñito me enseñaron a apechugar con las consecuencias de mis actos.

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