Tras la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno de El Salvador debe actuar inmediatamente para salvar la vida de Beatriz. El 29 de mayo, después de injustificados retrasos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador se ha pronunciado sobre el caso de Beatriz. Ya no hay excusa para que el Gobierno de El Salvador cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos humanos de Beatriz.



Beatriz, de 22 años, sufre problemas de salud que ponen su vida en peligro durante su embarazo. Tiene un historial de lupus, enfermedad en la cual el sistema inmunológico ataca los tejidos del propio cuerpo, y una enfermedad renal relacionada con el lupus. 

A Beatriz se le ha diagnosticado un alto riesgo de morir a causa del embarazo si sigue adelante con él. Tres pruebas realizadas han confirmado que el feto es anencefálico (le falta gran parte del cerebro y el cráneo). Casi todos los bebés anencefálicos mueren antes del parto, o unas horas o días después de nacer.

Beatriz, actualmente embarazada de 26 semanas y con un hijo de un año de edad, desea poner fin a su embarazo para poder salvar su vida, y lleva pidiéndolo desde hace más de dos meses. 

El aborto en El Salvador está penalizado en todas las circunstancias. En virtud del artículo nº 133 del Código Penal, toda persona que practique un aborto o trate de acceder a él puede ser condenada a largas penas de prisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuatro expertos de Naciones Unidas han instado al gobierno de El Salvador a proporcionarle a Beatriz el tratamiento médico que necesita, pero el gobierno aún no lo ha hecho. 

El fallo de la Corte recoge que las autoridades de salud están obligadas a continuar monitoreando el estado de salud de Beatriz y a brindarle el tratamiento que en cada momento resulte idóneo para su condición médica.

El Gobierno de El Salvador debe cumplir su obligación de garantizar a Beatriz el tratamiento necesario.