o De su extensión y nivel de prestaciones depende no sólo el nivel de renta de los pensionistas, objetivo esencial de protección personal del sistema. También en medida creciente la evolución de la demanda interna de bienes y servicios y, por tanto, de la evolución de las empresas y el empleo. Los pensionistas son hoy 1 de cada 5 habitantes en España y esa relación se incrementará antes de mediados de siglo a 1 de cada 3. En su inmensa mayoría los pensionistas dedican a consumo la práctica totalidad de su renta. 

o Cualquier aproximación pues a la sostenibilidad y características de nuestro sistema de pensiones, debe partir de reconocer su necesidad y su papel como mecanismo fundamental de protección social. 

o Las pensiones contributivas en España se financian “básicamente” con las cotizaciones sociales. Las prestaciones no contributivas, “exclusivamente” con la imposición general. Recomendación 1ª del pacto de Toledo en 1995. Por tanto, el nivel y cobertura de las pensiones contributivas depende en primer lugar del nivel de empleo, de las cotizaciones sociales y su capacidad de financiación y, en segundo lugar, de la decisión del conjunto de la sociedad española para mantener niveles de transferencia intergeneracional de rentas adecuados y equilibrados entre generaciones. 

o El sistema de pensiones tiene dos retos fundamentales que enfrentar hoy. 

o La masiva destrucción de empleo provocada por la crisis y un modelo productivo y de flexibilidad externa/interna inadecuados, que ha provocado un desequilibrio coyuntural entre ingresos por cotizaciones y gastos en prestaciones contributivas, que obliga a consumir anticipadamente el Fondo de reserva de la Seguridad Social. No hay explicación demográfica o estructural para el déficit actual y, por tanto, no exige reformas estructurales del Sistema por este motivo. 

o La evolución demográfica que hace que entre mediados de la próxima década y mediados de siglo, el número de pensionistas crezca de forma muy importante al acceder a la jubilación la generación del “baby boom” español (nacidos entre finales de los 50 y finales de los 70 del siglo pasado). Para afrontar este reto, del que somos perfectamente conscientes venimos preparándonos desde hace dos décadas, con un modelo de éxito que debemos preservar y fortalecer, el consenso político en torno al Pacto de Toledo y el acuerdo y participación de los principales financiadores del sistema, empresas y trabajadores. 

o El gasto en pensiones crece hoy anualmente de forma relevante por la conjunción de tres factores principales: la mayor esperanza de vida que exige abonar pensiones más tiempo, la mayor pensión media de las nuevas pensiones frente a las cuantías de las que causan baja y, finalmente, por el mayor número de pensionistas que acceden cada año, frente a los que causan baja por fallecimiento. Estos tres factores, probablemente, se mantendrán en los próximos años pero, de ellos, con certeza, el que provoca un impacto más importante y tiene una evolución creciente hasta bien pasado 2040, es el del número de nuevos pensionistas. 

o Intentar cargar cualquier ajuste del gasto en pensiones ante una eventual insuficiencia financiera derivada de las cotizaciones sociales y el mercado de trabajo, sobre las espaldas de la generación más numerosa y que contribuye a sostener, durante su vida activa, el conjunto de los sistemas de protección social, es injusto e inaceptable. Lo sabemos desde hace décadas y desde 1995 venimos actuando para prevenir y gobernar ese proceso fortaleciendo el sistema de pensiones con mayor contributividad, más solidaridad, mayor equidad en las prestaciones, mejor protección social de amplios colectivos, más exigencia de cumplimiento y aportaciones a los colectivos que planifican o eluden sus contribuciones al sistema, mayor control,… 

o El Acuerdo de Pensiones de 2011 y la Ley 27/2011 es el último hito en ese itinerario y refuerza todos los parámetros anteriores. En ella, partiendo de que la mejor garantía de nuestro sistema de pensiones y, por tanto, su mejor factor de sostenibilidad es el consenso político y el acuerdo entre los gobiernos y los interlocutores sociales, se previó abordar en 2027, coincidiendo con los primeros años de incorporación a la jubilación de la generación del “baby boom”, una negociación sobre el conjunto de parámetros del Sistema para abordar el progresivo aumento de la esperanza de vida. 

o El Gobierno del Partido Popular ha actuado en los últimos 18 meses de manera unilateral sobre contenidos parciales del Acuerdo de 2011 y previos (jubilación anticipada y parcial, compatibilidad trabajo-pensión, integración de lagunas, integración de empleadas de hogar en el Régimen General de Seguridad Social, bases de cotización de cuidadores no profesionales y subsidios por desempleo,…). Esta actuación ha merecido y merece nuestro reproche, denuncia y respuesta, tal y como hemos venido  y continuaremos haciendo. 

o Asimismo, el Gobierno ha comprometido con la Unión Europea desarrollar de manera anticipada el “factor de sostenibilidad” previsto en el Acuerdo de de Pensiones de 2011 y la Ley 27/2011. ha incluido ese compromisos en la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 y ha constituido una Comisión de Expertos para realizar un primer trabajo al respecto que, según afirma, enviará al Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales para abrir, ahora sí, un proceso de negociación al respecto. 

o Por tanto, para CCOO, El Informe de la Comisión de Expertos que hoy se hace público es eso, un Informe. No vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a los interlocutores sociales. Es a los representantes de los ciudadanos y a los interlocutores sociales a quienes corresponde definir y abordar las cuestiones relacionadas con nuestro Sistema de Pensiones. El trabajo de un grupo de personas, con un conocimiento más o menos profundo de la Seguridad Social, debe tener la atención que merezcan la calidad y contenidos de sus conclusiones pero no puede sustituir la responsabilidad política y social sobre el diseño, niveles de cobertura y financiación de nuestro sistema de pensiones. 

o Sobre la entrada en vigor de cualquier medida de este tipo, la referencia del Acuerdo de Pensiones de 2011 es a partir de 2027. Es cierto que desde 2011, la situación del mercado de trabajo ha empeorado sustancialmente y que eso obliga a tomar decisiones pero estas no son necesariamente la anticipación de un determinado mecanismo de ajuste de gasto en pensiones. CCOO ha propuesto y reitera hoy, consciente del esfuerzo que esto supone para empresas y trabajadores con empleo, la necesidad de aumentar de forma coyuntural las cotizaciones a la Seguridad Social, de forma que se evite el consumo anticipado del Fondo de Reserva y se pueda salvar la actual situación de crisis al tiempo que se sigue actuando desde el consenso político y el Diálogo Social sobre nuestro sistema de pensiones. 

o En España dedicamos a financiar pensiones algo más del 10% del PIB, cifra muy inferior al en torno a un 13,5% que se dedica hoy en la Unión Europea. Parece lógico que mantengamos niveles de protección y cobertura social comparables a los de nuestro entorno, financiados básicamente con cotizaciones sociales en lo que a pensiones contributivas se refiere, y con recurso a imposición general en lo que resulte necesario para garantizar niveles en torno a la media de los países de nuestro entorno en lugar de considerar como única opción la mera reducción de pensiones. Europa no puede, no debe tener desequilibrios entre los sistemas de protección social. Es legítimo que el esfuerzo de los distintos países sea comparable. España tiene ahí un importante camino que recorrer. 

o Mantener un sistema de pensiones adecuado no exige de forma ineludible una reducción de las prestaciones de nuestros pensionistas como se intenta hacer creer en demasiadas ocasiones. Es posible seguir mejorando la cuantía media de nuestras pensiones, y mantener una estructura equilibrada de ingresos y gastos, actuando sobre el mercado de trabajo y el empleo, asumiendo una adecuada transferencia de ingresos entre generaciones y financiándolas desde las cotizaciones sociales, básicamente, y los presupuestos del Estado como complemento de las anteriores cuando resulte necesario.

o Trasladar confianza y confort a las generaciones más numerosas, despejar cualquier duda sobre el compromiso intergeneracional en materia de pensiones es y debe ser un objetivo esencial. El Pacto de Toledo y el Diálogo Social son las herramientas y vehículos adecuados para ello. A ellos nos remitimos y en ellos exigimos que se aborden estas cuestiones.