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El Tribunal Supremo cuestiona la constitucionalidad del recorte de la paga extra al personal funcionario
CCOO ASEPEYO
CCOO. - El Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con el apoyo favorable del Ministerio Fiscal, ha resuelto por unanimidad plantear al Tribunal Constitucional cuestión de constitucionalidad por posible infracción de la aplicación retroactiva de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al personal funcionario de las administraciones públicas
El sentido del auto cuestiona la aplicación retroactiva de la supresión de la
paga efectuada en el sector público, por posible contravención tanto de la
irretroactividad de derechos individuales que garantiza el artículo 9.3 de la
Constitución, como por posible vulneración del principio de seguridad jurídica
del mismo artículo 9.3, mediante modificación extraordinaria de derechos y
normas consolidadas.
El auto contiene, adicionalmente, la concreción del
sistema de devengo del derecho correspondiente, dejando claro que, con carácter
general, éste se extiende desde el 1 de junio de 2012 hasta el 15 de julio del
mismo año, incluyendo cuarenta y cuatro días de retribución.
Este auto
se une a otros muchos pronunciamientos que se vienen produciendo en el conjunto
del Estado, tanto en jurisdicción social como contenciosa, que reconocen el
derecho al cobro de la citada parte proporcional. Este derecho ya lo han
reconocido varias administraciones autonómicas y locales que han acordado con
las organizaciones sindicales su abono.
Comisiones Obreras, sindicato
mayoritario en la Función Pública, demanda al Gobierno un acuerdo urgente con la
representación sindical en el sector público que permita hacer efectivo el
derecho de las empleadas y empleados públicos que se viene reconociendo ampliamente, al tiempo que posibilita la suspensión de las enormes cantidades de
acciones judiciales que se siguen tramitando con idéntica pretensión en todo el
Estado. Igualmente, CCOO exige que se abra un proceso de negociación en el
ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas que permita recuperar
el empleo y las condiciones laborales y salariales recortadas por los sucesivos gobiernos desde el inicio de la
crisis.
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