Mientras tanto continúa el fomento de buenas prácticas,  sin monitorear los procesos ni los resultados, y  proliferan iniciativas relacionadas con el marketing, acción social,  emprendimiento, voluntariado corporativo, 'reputación', los casos de 'greenwashing' (Lavado verde: intentar presentar una empresa como socialmente responsable sólo por una buena práctica). Ante este panorama, es urgente, tener ya esos indicadores básicos, que incluyan temas tales como responsabilidad fiscal y pago de impuestos, distribución de valor creado - equidad entre retribuciones a accionistas, consejos y alta dirección y trabajadores-  creación real de empleo; datos de la cadena productiva? y que permitan un diálogo constructivo sobre de los impactos de las empresas en la sociedad y el medio ambiente.

España debería tener ya este conjunto de indicadores que, al menos, orientaran a las empresas- y también al sector público-  sobre sus estrategias de sostenibilidad, dando así cumplimiento  a la Ley de Economía Sostenible (LES),  a las obligaciones acordadas en el marco del Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE)  ( elaboración de un Informe anual-análisis de implantación en empresas de más de 1000 trabajadores, creación de un Observatorio público de RSE...) y  también a las proposiciones legislativas  que se han aprobado por consenso en el Parlamento.

Estos indicadores, tal como literalmente cita dicha ley, deberán atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008

 

Serían además la base sobre la que un registro público de memorias de RSE (digital) determinaría si una empresa es evaluable o no según su adecuación a los indicadores propuestos (antes de pensar en algún tipo de certificación), y orientarían sobre el contenido de las memorias de sostenibilidad. La posible evaluación posterior sería el resultado de ponderaciones y relación entre esos indicadores (por ejemplo, empleo respecto a beneficios...).  Los indicadores que estamos proponiendo desde CCOO en el grupo de trabajo constituido al efecto son  coherentes con los procesos internacionales sobre RSE sobre los que ya existe consenso (GRI, OCDE, Unión Europea, DDHH-ONU...) La base para desarrollar estos indicadores está en un documento aprobado ya por el CERSE (en la tabla adjunta, los temas ambientales que deben incluir las memorias)

Sin embargo, la adopción de estos indicadores no ha sido impulsada por la Estrategia Española de RSE, que fue consensuada en Julio en el CERSE (con una posición muy crítica por nuestra parte). Además, posteriormente en el Consejo de Ministros que aprobó el texto definitivo  se eliminó una referencia importante para nosotros: la participación de los representantes laborales en la verificación de las memorias de Sostenibilidad.

Ante la evidente falta de apoyo institucional, desde CCOO acudiremos al pragmatismo. En el apartado ambiental tenemos un buen ejemplo de indicador de referencia clave y de consenso: la huella de carbono. Por supuesto, según el sector productivo y el tipo y actividad de la empresa, los indicadores ambientales tendrán mayor o menor importancia en la evaluación  de sus impactos sociales y ambientales (en esencia, este sería su nivel de RSE).  Desde CCOO, en todos los ámbitos de actuación  ( negociación colectiva, diálogo social en sus distintas modalidades, procesos institucionales  e iniciativas  relacionadas con la sostenibilidad, actuación de los delegados y delegadas de prevención, medio ambiente, sostenibilidad y RSE)  vamos a impulsar (demandar) la medición de la Huella de Carbono. Ya existe un sello público sobre Huella de Carbono, que, por ahora, no contempla, el cálculo de las emisiones de la cadena productiva y de los proveedores, ni las emisiones asociadas  a desplazamientos de los trabajadores. Esta última cuestión es la que más nos interesa, dada la repercusión en cuestiones de salud y seguridad (accidentes in itinere), tiempo de trabajo y conciliación, y costes de transporte para el trabajador. Puesto que España tiene un evidente problema en cuanto al cumplimiento de sus compromisos sobre Cambio Climático en la reducción de emisiones difusas, nuestra estrategia está basada en una triple demanda: un indicador sobre la Huella de Carbono,  el cálculo de emisiones por desplazamiento de trabajadores y la promoción de planes de movilidad sostenible (contemplados en la citada LES y que menciona una futura ley de Movilidad Sostenible, todavía pendiente)

José Carlos González Lorente, Secretario de RS / Sostenibilidad  Federación de Servicios de CCOO - Representante de CCOO en la Comisión Permanente del Consejo Estatal de RSE @jcarlosgonz