CCOO califica de "expolio" el proceso de venta de las Sociedades de Prevención

La decisión del Gobierno, llevada a cabo con opacidad y sin la participación de los agentes sociales, abre la puerta de la salud laboral a la sanidad privada

La Ley 35/2014, conocida como Ley de Mutuas, ha establecido la prohibición de que las Mutuas mantengan su participación en las Sociedades de Prevención, obligándolas a presentar un proyecto de venta antes del 31 de marzo, bajo la amenaza de liquidación de la entidad en junio de 2015 en caso de no encontrar un comprador "adecuado" a juicio de la DG de Ordenación de la Seguridad Social.

Esta intervención artificial del Ejecutivo en el sector puede suponer la ruptura definitiva del vínculo entre salud laboral y Seguridad Social, y ello pese a que una inadecuada prevención de riesgos laborales incide directamente en el incremento de daños en los trabajadores y las consiguientes prestaciones públicas por incapacidad, tanto temporal como permanente. De la misma forma, desaparece cualquier posibilidad de fiscalización por parte de la Intervención General de la Seguridad Social, o de los agentes sociales desde las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano de participación en el seno de las Mutuas.

Desembarco de la sanidad privada en la salud laboral

IDC SALUD (empresa del sector sanitario privado fruto de la fusión de los grupos IDC Capio y Quirón) en la que participa la sociedad de capital riesgo CVC Capital Partners, y que actualmente gestiona varios hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha aprovechado esta Ley para adquirir sociedades de prevención de tamaño medio y grande, tales como las provenientes de las mutuas MC Mutual Cyclops, FREMAP, Fraternidad, Universal, y con acercamientos a Umivale y Unión de Mutuas. Así, IDC SALUD logra el control monopolístico de la actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, asegurándose importantes beneficios sin que prevalezca la garantía de la salud frente al interés lucrativo y abocando a un proceso de concentración y ajuste de plantillas que tendrá consecuencias negativas en el empleo y en la calidad de la prevención.

Un sector que avanza hacia la degradación y la desregulación

Las direcciones de los Servicios de Prevención Ajenos, cuyo convenio colectivo se encuentra bloqueado desde 2012, obligan a sus técnicos y sanitarios a asumir cada día un mayor número de trabajadores a su cargo, incumpliendo ampliamente los ratios fijados por la legislación, con el fin de abaratar costes y competir en la brutal guerra de precios en la que se encuentra el sector, reduciendo significativamente la calidad de la salud laboral y exponiendo a los propios técnicos a la posibilidad de resultar imputados por los Jueces ante accidentes laborales graves como resultado de planificaciones preventivas deficientes.

CCOO ante la venta de las Sociedades de Prevención

Los procesos de venta de las Sociedades de Prevención se han producido con opacidad y sin la participación de los agentes sociales prevista en el artículo 129.1 de la Constitución Española. Ni en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ni en el Consejo General del INSS se ha dado una información precisa y detallada de estas ventas, ni de las cantidades recuperadas de la presumible deuda de las Mutuas con Seguridad Social, ni de la situación en la que puedan quedar en el mercado los grupos adquirientes, como tampoco de las garantías para el empleo de los trabajadores ocupados en las antiguas Sociedades de Prevención o de la repercusión en prevención del conjunto de las empresas tras la nueva situación.

CCOO ya hemos empezado a detectar importantes cambios y repercusiones. Un ejemplo es el de la vigilancia de la salud, un derecho de los trabajadores que está en proceso de convertirse en un instrumento de las empresas, haciendo que los reconocimientos médicos pasen de voluntarios y con carácter preventivo a obligatorios y con el único objetivo de determinar la "aptitud" de los trabajadores.
 

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