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Fidalgo pide a los grupos parlamentarios que no voten el Real Decreto de devolución de patrimonio sindical acumulado
El secretario general de CC.OO. ha dado a conocer las razones por la que el Congreso de los Diputados no puede convalidar el Real Decreto que modifica la Ley de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado y ha reclamado transparencia en las actuaciones públicas, porque se trata, ha dicho Fidalgo, de un asunto político dentro del sistema democrático.
José María Fidalgo ha pedido a los a los grupos
parlamentarios que no voten en el Congreso de los Diputados el Real
Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 28 de octubre
en el que se valoraba el patrimonio histórico susceptible de devolución
a UGT en más de 151 millones de euros, y se cree una comisión
parlamentaria que dirima la titularidad del patrimonio histórico y
acumulado.
El argumento troncal de CC.OO. está en que el Estado no puede
devolver lo que documentalmente no se puede acreditar como tal y para
ello el secretario general de CC.OO. se ha referido al documento del
Consejo de Ministros que reconoce que el patrimonio que se va a
devolver procede de entidades sin carácter sindical o de inmuebles en
los que no se pueda acreditar suficientemente su incautación o la
vinculación con la organización sindical reclamante de las entidades
correspondientes, mientras que en las cuentas corrientes quedan sin
poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la
organización sindical.
CC.OO. ha pedido también una asesoría jurídica externa, en este
caso la de Price Waterhouse Coopers, que ha sido la que ha determinado,
entre otras cosas, que se trata de un atentado contra el derecho a la
libertad sindical porque pretende de manera artera subsidiar con el
erario público a una organización sindical y no restituir un patrimonio.
El secretario general de CC.OO. ha manifestado también que muchos
de los grupos parlamentarios a los que se han dirigido para pedirles
que no voten este Real Decreto, desconocían el texto del Consejo de
Ministros y por ello van a pedir información documental de los
expedientes. También mostraron su sorpresa porque nunca se había visto
situado en trámite de urgencia un precepto normativo de este calado, a
no ser que quisiera pasar sin hacer mucho ruido. El asunto es tan
grave que por eso pedimos un informe externo, ha dicho Fidalgo.
Esto nos afecta como ciudadanos comprometidos con la democracia y
la Constitución española; no estamos litigando por ninguna subvención,
queremos que la legalidad funcione. Conocemos, ha manifestado el
secretario general de CC.OO. cuales son nuestros derechos y a que
debemos ajustarnos, por ello me gustaría felicitar a los diputados
por haber tomado una posición correcta porque si crean una comisión
todos habremos ganado en conocimiento y justicia.
Se puede acceder al audio de la rueda de prensa disponible en la siguiente dirección:
También adjuntamos dos documentos que se han presentado en la rueda de prensa y enviado a todos los grupos parlamentarios:
1- Conclusiones al informe, (730
Kb) encargado por CC.OO., sobre el impacto jurídico de la modificación
de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986 efectuada por el
Real Decreto Ley 13/2005. (LANDWELL Abogados y Asesores Fiscales
Price Waterhouse Coopers)Que avala las tesis de nuestros gabinetes
jurídicos y refuerza las posiciones que está manteniendo la CEC sobre
las irregularidades del Decreto Ley.
2- Memoria económica y memoria justificativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(1,1 MB)(con el sello del Consejo de Ministros) sobre el Real Decreto
Ley por el que se modifica la Ley 4/1986 de 8 de enero, de cesión de
bienes del patrimonio sindical acumulado, del cual hemos hecho hoy
participe a la opinión publica y en cuya argumentación se puede leer el
atropello democrático que supone la modificación del decreto,
justificando la devolución de patrimonio sindical a organizaciones
sindicales que no pueden acreditar su vinculación con ese patrimonio ni
las actas de incautación del mismo.
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