CCOO, compartiendo la necesidad de mejorar la transparencia del sistema de pensiones, considera que este nivel de exigencia en la transparencia también ha de extenderse a los sistemas privados de pensiones. Por otro lado, no olvidemos además que más del 50% de los Planes de Pensiones de Empleo, por ejemplo, están implementados en el sector financiero, por lo que esta información debe ser de especial relevancia.

Tal y como manifiesta nuestra Secretaría Confederal de Protección Social y Politicas Públicas: ?La reforma de pensiones pactada en 2011 por las organizaciones sindicales y empresariales incluía un apartado dedicado a la mejora de la transparencia en la gestión y la información de los ciudadanos y trabajadores en materia de pensiones. Para ello la Ley 27/2011 incluyó un mandato para que tanto la Seguridad Social pública como el sector financiero y asegurador que gestiona los instrumentos de previsión social complementaria informaran en términos comparables y homogéneos de la expectativa de pensión a la jubilación.

Desde la aprobación de esta norma, los Ministerios de Empleo y Economía, con la participación de sindicatos, empresarios y el sector, han venido trabajando en distintos borradores de Real Decreto que regulase cómo había de realizarse esta información en términos comparables y homogéneos tanto en el caso de las pensiones públicas como privadas. Sin embargo, hasta el momento tal reglamento no ha visto la luz y parece que finalmente el Gobierno ha optado por ceder ante quienes reclamaban que la transparencia llegase exclusivamente al sector público.

CCOO comparte la necesidad de la puesta en marcha de instrumentos que permitan a los trabajadores y ciudadanos acceder con máxima transparencia a los datos de de su carrera de cotización (situaciones de alta, bases de cotización, expectativa de pensión, etc.). Pero este nivel de exigencia en la transparencia también ha de extenderse a los sistemas privados de pensiones.

Para CCOO, el cumplimiento parcial o incompleto de las obligaciones de información, aplicándolo exclusivamente a la pensión pública y eximiendo de esta obligación al sector privado, supone incumplir el mandato contenido en la Ley 27/2011, abunda en una visión incompleta del sistema de protección social, y parece tener como objetivo un más que cuestionable intento de fomentar las pensiones privadas a costa de promocionar información incompleta a los ciudadanos.?

Además, debemos an?adir que la información suministrada sólo es fiable para jubilaciones antes del 2019, ya que como sabéis en esa fecha entra en juego el factor de sostenibilidad y en este momento no se ha tenido en cuenta. Dicho factor de sostenibilidad ajustará la pensión inicial a la esperanza de vida a los 67 an?os, por lo que las cantidades finales se verán afectadas. Este factor aún no se puede tener en cuenta al no disponer de los datos necesarios para su cálculo.

Por todos estos motivos recomendamos que la información que se facilita en dicha web sea tomada con toda la cautela posible.

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Esperando que esta información os haya resultado de utilidad, y poniéndonos a vuestra disposición para cualquier cuestión al respecto.

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