Desde la aprobación de la reforma laboral en 2012 se rompió la tendencia en la reducción generalizada de la siniestralidad que se venía registrando desde el año 2000. El discurso oficial que asocia este incremento del número de accidentes de trabajo a la recuperación de la actividad económica y del empleo es falso, ya que también se han producido incrementos significativos de los índices de incidencia que expresan la siniestralidad relativa, independientemente del volumen de población empleada. Los daños a la salud derivados de la actividad laboral se han incrementado porque han aumentado la precariedad y la intensificación del trabajo y por la debilidad del sistema preventivo español.

El actual mercado de trabajo está determinado por diversos factores de precariedad. La temporalidad caracteriza a más del 90% de los nuevos contratos firmados cada año. La duración de los mismos es muy escasa, el 40% dura menos de un mes. Y los contratos a tiempo parcial ya suponen más de un tercio del total, siendo la inmensa mayoría no voluntarios. La alta rotación de contratos de tan corta duración impide garantizar los derechos de información y formación sobre los riesgos y medidas preventivas existentes en la empresa. Por otra parte, cada vez es más frecuente y está más extendida la descentralización productiva entre las empresas españolas, lo que provoca una externalización de los riesgos laborales hacia los autónomos y trabajadores de PYMES y subcontratas. Pero lo más grave es que prácticamente todos estos indicadores de precariedad empeoran si nos centramos en los colectivos más vulnerables, convirtiéndose la desigualdad en uno de los factores que influye más negativamente en los daños para su salud.