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Cobrar la pensión será más difícil
JUBILACION
El derecho a cobrar una pensión pública de la Seguridad Social va a resultar más difícil en el futuro. Ésta es la medida de ahorro más importante que el Gobierno negocia con los sindicatos para sanear el sistema público de pensiones. El periodo mínimo para percibir una pensión pública se alargará dos años.
En el 2020, la Seguridad Social entrará en un desequilibrio
financiero grave debido a unos gastos significativamente superiores a los
ingresos, según los expertos consultados por el Gobierno. Por ello, se ha
decidido endurecer las condiciones para el cobro de las pensiones al tiempo que
se intenta mejorar los ingresos pasando al régimen general a 350.000 empleadas
del hogar y a más de 700.000 trabajadores agrarios.
Ésta ha sido una solución in extremis ante la negativa rotunda de UGT a
incrementar el periodo de cálculo de las futuras pensiones de un año por
ejercicio hasta cubrir toda la vida laboral como proponía CC. OO.
La decisión de endurecer las condiciones para obtener el derecho a cobrar una
pensión pública en el futuro va dirigida a evitar una compra de pensiones,la
cotización a precios elevados en los últimos años de la vida laboral.
Actualmente, el periodo de cotización está establecido en 15 años, pero en este
cómputo se tienen en cuenta las pagas extraordinarias, con lo que el periodo
efectivo para cobrar una pensión pública se limita a 13 años. Una vez que se
apruebe la reforma, el periodo de carencia quedará establecido en 15 años
reales. Tras la reforma, se pasa de exigir una cotización real de 4.700 días a
5.425 días cotizados. Esto supone 725 días más, o el equivalente a dos años.
Otras medida para mejorar la financiación de la Seguridad Social en el futuro
son la integración en el régimen general de todas las empleadas de hogar con una
jornada de 40 horas. Actualmente, este colectivo, que agrupa a unas 350.000
personas - la mayor parte inmigrantes-, se integra en un régimen especial que
tiene unas cotizaciones y derechos más limitados.
Las empleadas que trabajan por horas en domicilios particulares podrán agruparse
a través de empresas para prestar estos servicios. Estas sociedades pagarían sus
cotizaciones, para lo que contarían con subvenciones de la Administración. Así,
se facilitará la creación de cooperativas a estas trabajadoras, hasta ahora sólo
agrupadas a través de ONG o sociedades benéficas.
Otra medida para mejorar las finanzas de la Seguridad Social es la desaparición
del régimen agrario y su integración en el régimen general. Hoy hay unos 700.000
trabajadores agrarios que cotizan menos que el resto y cuyas prestaciones son
también inferiores. A esta medida se oponen las agrupaciones empresariales
agrarias, por lo que los negociadores están buscando una integración gradual que
podría prolongarse hasta 15 años.
Un problema adicional que resolver son los trabajadores de Andalucía y
Extremadura que trabajan temporalmente en el campo y que configuran el régimen
especial agrario (REAS). La integración de los trabajadores agrarios no está
cerrada y es el principal escollo que separa al Gobierno de las organizaciones
sindicales para ultimar la reforma. El secretario general de Comisiones Obreras,
José María Fidalgo, ha sido rotundo al afirmar que su sindicato no firmará
ninguna reforma que no incluya esta medida.
En cuanto al periodo de cálculo no hay variaciones. Es decir, para determinar la
cuantía de la prestación se tomarán como referencia los 15 años que se
contabilizan ahora. El Gobierno propuso variarlo sin éxito. Con una cotización
de 15 años, el trabajador recibe el 50% de la base por la que cotiza.
En cuanto a la jubilación parcial, en la mesa de negociación se ha llegado a un
acuerdo para que ésta se mantenga pero con cambios para evitar abusos y un
sobrecoste.
Las negociaciones se encuentran muy avanzadas y Gobierno y sindicatos coinciden
en señalar que la reforma se cerrará a principios de junio.
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