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Sentencia del Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
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Las
actuaciones del Tribunal Supremo en esta cuestión han menoscabado su prestigio
y el del sistema judicial. La desconfianza y la inseguridad jurídica son la
consecuencia de una actuación cuestionable que, una vez más, pone a las
entidades financieras en el punto de mira por el mero hecho de cumplir la Ley. Nuestro
Sector vuelve a ser el malo de la película sin ganar nada a cambio.
El criterio que se ha venido aplicando hasta la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de octubre es el fijado en 1995 por el artículo 68.2 del reglamento del impuesto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo ha venido confirmando hasta dicha sentencia, lo que supuso un giro de 180 grados que, finalmente, se ha revertido ayer.
Para CCOO, los sucesivos cambios de criterio que se han producido en apenas 25 días respecto a los AJD son un despropósito que provoca alarma social y una comprensible reacción ciudadana. No es la primera vez que esto ocurre y tiene consecuencias sobre los trabajadores y trabajadoras del sector.
Lo mínimo que podemos exigir a los poderes del estado es que garanticen la seguridad jurídica en nuestro país. También, lógicamente, la seguridad jurídica de la actividad financiera. Si para eso tienen que modificar la legislación vigente en materia hipotecaria que lo hagan, sin olvidar que lo prioritario debe ser la protección de los derechos de nuestros clientes, como consumidores y usuarios de productos y servicios financieros.
Todas estas
decisiones contradictorias acaban teniendo consecuencias sobre las y los trabajadores
del sector. Somos nosotros quienes trabajamos con los consumidores, clientes y
usuarios, y quienes sufrimos las consecuencias de decisiones ajenas que
provocan indignación social.
Los delegados y delegadas de CCOO estamos a tu lado para defender tus derechos.
