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La Comunidad de Madrid pretende "requisar" personal de las Mutuas en una muestra más de su incapacidad para gestionar la crisis sanitaria
Más de dos meses después de comprometerse a incrementar el número de rastreadores, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió el pasado viernes ponerse manos a la obra y las dos medidas estrella han sido, por un lado, un contrato con una entidad privada y, por otro, requerir la puesta a disposición del personal de las Mutuas.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha dirigido a AMAT (patronal de las Mutuas) y a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras para requerir la puesta a disposición del personal de las Mutuas para que presten servicio como rastreadores. Este requerimiento se ha realizado en base a la Orden 920/2020 de 28 de julio de la Consejería de Sanidad, según la cual: “en caso de que como consecuencia de la evolución de la emergencia sanitaria no se pudiera atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias autonómicas podrán acordar la puesta a su disposición de los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo”
Este requerimiento es una muestra más de la incapacidad de gestión que está demostrando la Comunidad de Madrid. ¿No hay medios materiales y humanos suficientes? La Comunidad de Madrid ha eludido durante estos meses su compromiso de contratar a 400 rastreadores. Por el contrario, el Gobierno regional ha ido parcheando las recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que debe haber 80 rastreadores por cada 100.000 habitantes.
A juicio de CCOO, no debiera existir ninguna dificultad para la contratación desde la Administración de, al menos 400 profesionales, que constituía el compromiso inicial para afrontar la desescalada, y por el contrario no se ha llegado ni a un 8 por ciento de la cifra prometida contratando desde la Dirección General de Salud Pública, y a poco más del 15% subcontratado parte del servicio de rastreo a empresas privadas que, evidentemente sacarán beneficio económico de ese contrato.
Es indiscutible que encargárselo a las Mutuas que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que no dependen de la Comunidad de Madrid sino del Gobierno central y con profesionales de sobrada solvencia, es mejor alternativa que hacerlo con sociedades mercantiles con ánimo de lucro. De hecho no es la primera situación de colapso a lo largo de esta crisis en la que la CAM recurre a estas entidades.
Pero, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es requisar recursos ajenos porque no quiere realizar las inversiones a las que se comprometió y buscar tarde y mal personal a coste cero sin ninguna garantía en las condiciones de trabajo. Además, este requerimiento supone una carga de trabajo añadido para los profesionales de las Mutuas y supondrá llevar al límite a estas entidades que, recordemos, se encargan de la gestión de la salud de los trabajadores.
Para CCOO es absolutamente impresentable que se subcontraten servicios y se requisen trabajadores cuando existían soluciones viables como los recursos que el Colegio de Médicos de Madrid puso a disposición de la Consejería. Recursos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado por puro sectarismo ideológico y como represalia a las críticas recibidas.
Sectarismo e incapacidad, en eso se resume la gestión de la Comunidad de Madrid de esta crisis, cuya consecuencias estamos pagando todos, porque vamos tarde, vamos muy tarde.
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