Ningún contrato público sin convenio colectivo

Usemos el dinero público para garantizar el trabajo decente, no para rebajar las condiciones salariales.

Los gobiernos y las instituciones públicas de la UE invierten 2 billones de euros cada año en bienes y servicios prestados por empresas privadas. Este dinero podría jugar un papel determinante para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, por el contrario, la licitación pública a menudo impulsa un empeoramiento de las condiciones de trabajo, provocando bajadas de salarios. Esto se debe a que las normas de contratación pública actualmente tienen en cuenta el precio por encima de todas las demás consideraciones. Así, la única forma de competir para las empresas es socavar las condiciones de trabajo, suprimiendo los derechos fundamentales de negociación colectiva de sus trabajadores y trabajadoras.

En toda Europa, la gente se está uniendo para cambiar esta situación. Desde todos los niveles de las instituciones públicas, existe un impulso para aprovechar la contratación pública de manera que asegure el trabajo decente y contribuya a una sociedad más justa.

Esto solo puede suceder si la gente tiene voz en el trabajo. Los trabajadores y trabajadoras piden un cambio en las normas de contratación pública de la UE para lograr que no haya contratos públicos para empresas sin convenios colectivos.

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