El pasado día 13 de julio, se publicó el decreto 11/2010, de órganos de gobierno y otros aspectos de régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, que aborda la tantas veces anunciada reforma de su legislación. Una reforma que se justifica teóricamente en la mejora de solvencia de las entidades y en la “despolitización” de sus órganos de gobierno. No obstante, bajo dicha coartada, en la práctica lo que realmente se hace es abrir no una, sino varias puertas que pueden acabar progresivamente con la naturaleza jurídica de las cajas, tal como las hemos conocido hasta ahora.