Rajoy y el lobby de registradores (II)

CAJA3. CONTROLADORES AEREOS,NOTARIOS,BANQUEROS...Y REGISTRADORES

La ayuda de Camps y la conservación de los privilegios.

Este artículo se publicó originalmente en ibercajabanco (CCOO en iberCaja Banco) ,

No es una cuestión de poder político sino de poder económico. Y por eso en el meollo del asunto están desde registradores del PP, del PSOE, de CiU, ultraderechistas, ERC y hasta aristócratas. La mayoría forman parte de una asociación llamada Arbo (Asociación de Registradores Bienvenido Oliver), que es una especie de Opus Dei de los registradores. El escándalo apenas es conocido porque los medios de comunicación, a pesar de existir denuncias y hasta iniciativas parlamentarias, apenas hacen mención de este asunto. La razón está en la existencia de un poderoso lobby liderado por Rajoy pero en el que hay otros nombres como el del ex ministro socialista Francisco Caamaño o Beatriz Corredor (ex ministra de Vivienda del PSOE), además de Ignacio del Río, concejal de urbanismo en tiempos del alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano (PP) y otros muchos y que reflejan que el color político es lo de menos. Un lobby de nueva generación que proviene del franquismo y que tomó el relevo de nombres tan relevantes como Enrique de la Mata Gorostiza o Pío Cabanillas.

Uno de los más importantes registros de la Comunidad Valenciana debido a sus millonarios ingresos es precisamente el de Santa Pola. Esto es posible porque Rajoy apoyó al entonces presidente valenciano Francisco Campspor mantener el negocio de las oficinas liquidadoras de impuestos en el registro de Santa Pola y en el resto de esta Comunidad. Otras, en cambio, como las de Asturias, País Vasco o Baleares evitaron el negocio multimillonario de los registradores impidiéndoles simultanear los cargos de registradores y liquidadores de impuestos autonómicos.

La conservación de privilegios

La Asociación de Usuarios de Registro ha pedido la eliminación del artículo 514 del Reglamento Hipotecario, por inconstitucional, la reforma de los estatutos del Colegio de Registradores, la comunicación al Ministerio de Hacienda de diversos fraudes fiscales, un examen de contabilidad del Colegio de Registradores y un examen de las declaraciones del IRPF y del patrimonio de Rajoy correspondientes a los años 1990 a 2008. Entienden que hay indicios suficientes para investigar estos hechos.

Hay evidencias de la existencia de presiones importantes para evitar que la situación varíe. En 1998, gobernando Aznar, se planteó en un debate parlamentario la necesidad de homologar a los registradores españoles con el resto de los europeos eliminando el arancel registral y fijando a los registradores un sueldo, sustituyendo el arancel por una tasa. La medida haría que revirtieran al Estado mil millones de euros anuales, estimación neta de los ingresos de los servicios registrales. No prosperó.

Según explica Javier Martínez del Moral Rajoy ha tenido y sigue teniendo un papel esencial en la conservación del estatus privilegiado de los registradores. Estos son los hechos: era ministro de Administraciones Públicas cuando se aprobó un Decreto para publicar en el Registro incidencias urbanísticas que le reportan a cada administrador 200.000 euros anuales. Aprobó también una reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que permitió una subida de ingresos superior a los 300.000 euros anuales de media por registrador y además, dice del Moral, modificó la situación de excedencia e incompatibilidades en asuntos en los que estaba personal y directamente afectado. Igualmente aprobó el Decreto Regulador del Estatuto del Colegio de Registradores estableciendo su financiación ilegal a través de registros vacantes afirma el presidente de esta Asociación. Todas estas medidas le han generado al lobby registral un presupuesto de 80 millones de euros al año que, según Martínez del Moral, se desvían de su correcta ruta fiscal. Por otro lado, en 1999 Rajoy aprobó la entrega del Registro de Condiciones Generales de la Contratación a los registradores, sacándolo así del Ministerio de Sanidad y Consumo. Con esta medida los registradores esperaban facturar más de 6 millones de euros al año. Esta iniciativa fue paralizada por el Tribunal Supremo. Fernando Romero/Periodista.

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